El sector del vapeo, desamparado: «Sanidad ha cedido ante las multinacionales del tabaco»
El sector cree que se está haciendo una cruzada contra el vapeo, desoyendo los casos de éxito de espacios sin humo
Tienda de vapeo
El sector del vapeo vive una temporada negra. La semana pasada, el Congreso de los Diputados tumbó la prórroga aprobada el 26 de diciembre para evitar una imposición retroactiva y excesiva de todos los líquidos de vapers almacenados en España. La iniciativa, propuesta el 15 de diciembre, pretendía que a fecha 1 de enero toda empresa debiese abonar una nueva tasa para los líquidos de los vapers, estimada en 0,20 euros por mililitro. Es decir, una pyme con 30.000 euros de stock tendrá que pagar 80.000 euros en impuestos en abril, principalmente sobre productos que posiblemente ya no vendería.
«El 26 de diciembre vimos la luz cuando logramos que este nuevo tipo impositivo se retrasase hasta abril, permitiéndonos deshacernos de productos ya adquiridos y dándonos un plazo de transición para aceptar la nueva situación», explica Arturo Ribes, presidente de Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV). Pero la alegría duró poco: «Ahora, a fecha 22 de enero, el Congreso vuelve a rechazar este decreto ómnibus y nos exigen incluir esta nueva tasa desde el 1 de enero, de manera completamente retroactiva», explica Ribes. Para el sector, compuesto por unas 500 pymes, micropymes y autónomos que emplea a unas 1.500 personas, esta tramitación no solo ataca directamente a su actividad empresarial, sino que genera una inseguridad jurídica nunca vista.
Desde UPEV explican que el lunes día 27, el Gobierno presentó al sistema de notificación TRIS -prevención de obstáculos técnicos al comercio- de la Unión Europea el Real Decreto sobre la prohibición de sabores, limitándolos únicamente al tabaquil y equiparando los requisitos de comercialización de los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina. «La ministra y el secretario de Sanidad siguen con su cruzada contra el vapeo, desoyendo todos los comités científicos, autoridades sanitarias y experiencias gubernamentales de otros países que han entendido que la prohibición no es la solución y buscado iniciativas menos tóxicas al tabaco para lograr países sin humo. Sin embargo, siguen abriendo las puertas a la continuidad de las multinacionales del tabaco, a las que ahora ni siquiera exigen el empaquetado genérico que tanto anunciaron», explica Ribes.
Esta medida, añadida a la nueva tasa sobre el vapeo, condena a muchos negocios a cerrar sus puertas cuando, según esta patronal, cumplen toda la normativa, dispensan sus productos a personas mayores de edad y son muy estrictos con la legislación aplicada: «Ni estamos en contra de los impuestos ni queremos que los jóvenes se inicien al vapeo. Lo mejor sería que nadie fumase, pero ya que hay personas que ni pueden ni quieren dejar de fumar, es nuestra obligación ofrecer un producto regulado, seguro y menos tóxico para ellos», incide Ribes, «y la prohibición de sabores no solo afecta a nuestras empresas, sino que lo hará a la salud pública, porque veremos a personas encontrando ese sabor que consume en el mercado negro y en canales no regulados».
Porque UPEV lo tiene claro: «El problema no es el producto ni sus sabores, sino la accesibilidad de los menores al mismo. Regulando su venta y localizándolo en los 12.000 estancos y tiendas de especialización que existen en España limitarían el riesgo. Actualmente, cualquier menor puede adquirir en un bazar y tienda de barrio un vaper con nicotina fabricado en China, que no tiene prácticamente control», explica Ribes.
La patronal anuncia que seguirá peleando para que se les escuche: «No podemos tener un Gobierno que acaba con la empresa nacional mientras favorece a las de terceros países y a las grandes multinacionales», concluye Ribes.
