El plan de Moncloa para que la SEPI se quede con las empresas rescatadas
El Gobierno quiere convertir la sociedad pública en el gran ‘dinamizador’ de la política industrial española
Juan José Hidalgo, fundador de Air Europa; María Jesús Montero, ministra de Hacienda; y Belén Gualda, presidenta de la SEPI. | Ilustración de Alejandra Svriz
«La acción del Gobierno está guiada por la defensa del interés público. Y en este sentido, nuestro primer interés es la viabilidad de Air Europa para que pueda garantizar que se devuelva el dinero de su rescate a todos los españoles». En febrero de 2022, Nadia Calviño, entonces vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, respondía a los periodistas sobre las negociaciones de la aerolínea para buscar una integración con Iberia. Aunque lo que dejó claro fue que la prioridad estatal era recuperar los 475 millones que había recibido del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) de la SEPI que se activó en pandemia y que finalmente concedió 2.681 millones de euros a una treintena de rescates.
Independientemente de las dudas que generaron muchas de estas ayudas, en especial las concedidas a Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera -en el punto de mira por razones de injerencia política-, Calviño siempre defendió la necesidad de que el Estado recuperase estos préstamos con las mayores garantías y en las mejores condiciones posibles. Para ello se estableció un duro calendario de pagos de intereses que empujó a que algunas (las menos) adelantaran el abono de su préstamo y que otras (las más) soportaran un importante incremento en sus desembolsos. De esta forma, el Fasee recibió hasta el cierre de 2024 la devolución de 608 millones, el 22% del total, dejando en el aire 2.073 millones.
Entre los grandes deudores se encuentran Air Europa, con los ya mencionados 475 millones; Técnicas Reunidas, con 340 millones; Duro Felguera, con 125 millones; y Tubos Reunidos, con 112 millones. Solo estas cuatro grandes compañías deben a Hacienda 1.052 millones, más de la mitad de todo el fondo de ayuda de la pandemia. Empresas que, junto con las otras deudoras, no han logrado superar totalmente los problemas económicos generados por la covid y siguen arrastrando hasta la fecha dificultades de liquidez, elevadas deudas y un pago de intereses draconiano. Incluso un buen puñado de ellas ya han reconocido a la SEPI que no podrán afrontar los pagos en los plazos establecidos.
Air Nostrum y Duro Felguera
Por eso la SEPI ya comenzó a alargar los créditos ante los problemas de muchas compañías. Los únicos casos que se han hecho públicos son el de Air Nostrum (que debe 111 millones) y el de Duro Felguera, pero hay al menos cinco expedientes en la misma situación a la espera de resolución. La sociedad estatal -dependiente del Ministerio de Hacienda– sabe que mientras más tiempo siga vivo el préstamo, cobrará más intereses. Además, el Tesoro tiene desde hace dos años consignados 3.000 millones de este fondo de rescate, dinero que asumen que no recuperarán ni a medio ni a largo plazo.
Es un contexto propicio para el gran proyecto que ya empieza a cocinarse en Moncloa y que pasa porque el Estado entre en el capital de las empresas que no puedan pagar: un plan para que el Gobierno se quede con todas (o casi todas) las compañías del fondo de rescate que no logren superar sus problemas. Es un golpe de timón con respecto a la ‘filosofía Calviño’, que pasaba por recuperar el dinero en todos los escenarios y que ha dado lugar a una visión ‘estatizadora‘ de la deuda, a la que su sucesor, Carlos Cuerpo, se ha plegado tras ceder a las presiones de Presidencia. Una visión eminentemente técnica sustituida por una solución que permitirá al Estado hacerse con el control de un puñado de compañías a precio de saldo y sin impacto en las arcas del Tesoro.
El proyecto encaja con la idea del Ministerio de Industria de convertir al sector público en el gran motor del desarrollo industrial. Entre las compañías que deben dinero se encuentran aerolíneas y empresas turísticas, pero también hay grandes empresas productivas como Tubos Reunidos, Rugui Steel y Airtificial que podrían reforzar la cartera de la SEPI, el gran holding que se encargará de asumir todas estas participaciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de que se siente cómodo influyendo en las empresas, y si es propietario de ellas, mucho mejor. No importa si tienen problemas económicos.
Deudas con la SEPI
Los préstamos que se firmaron en el marco del fondo de rescate de la covid se suscribieron en dos bloques: los ordinarios y los participativos. Los primeros eran pagos corrientes firmados en condiciones normales y con garantías de activos, mientras que los segundos establecen que ante impagos, el Estado podría convertir su deuda en capital y ser accionista de referencia del deudor. Las cuentas del Fasee de 2023 indican que el 67% de todo el montante adeudado corresponde a préstamos participativos, es decir dinero que la SEPI podría convertir en acciones y participaciones.
Debido a sus bajas valoraciones, lo más probable en que en casi todas las compañías el Estado pasaría a ser el accionista mayoritario y, por tanto, quien elija a su presidente y su hoja de ruta. Desde que se concedieron las ayudas, la SEPI ha supervisado a las deudoras situando a gente de su confianza en el consejo de administración, una garantía que ahora haría mucho más fácil una transición hacia el control estatal. El único problema que ven en Hacienda es que en algunos casos se tendrán que condonar o flexibilizar los pagos del 33% del montante que seguirán siendo préstamos ordinarios, aunque estaríamos hablando en el peor de los casos de unos 300 millones de euros.
El mejor ejemplo es Duro Felguera. La SEPI ya tiene asumido que deberá rescatar a la compañía con un paquete de 300 millones -perdonando los 120 del préstamo, garantizando 80 de avales e inyectando otros 100 millones- si es que la banca o nuevos inversores privados no asumen este coste. La sociedad pública está agotando todas las opciones y se ha dado de plazo hasta marzo para activar sus movimientos, pero tiene claro que lo más probable es que tenga que asumir la salvación de la ingeniería para evitar el coste político para el PSOE asturiano y mantener el control del Principado. En cualquier caso, y pese a que la empresa no pasa por sus mejores momentos, el Estado considera que estamos ante un importante activo de proyectos de renovables que complementaría la cartera industrial de la sociedad pública.
La SEPI y Air Europa
Pero el Gobierno quiere más y ha puesto en el punto de mira a Air Europa, la gran aerolínea de capital español que queda tras la fusión de Iberia con British Airways. Su matriz, Globalia, debe devolver el próximo año 2026 los 475 millones del rescate, 240 de préstamo participativo, y pocos creen que llegarán a tiempo. Si el Estado convirtiese la deuda en capital automáticamente se convertiría en un accionista relevante y, si se aplica la ecuación de canje de la entrada de IAG con el 20% del capital por 100 millones, podría quedarse con el 50% de la operadora, arrinconando completamente a la familia Hidalgo.
Quedarse con Air Europa es un caramelo que tienta a Moncloa porque además se sumaría a su plan de tener empresas punteras en las principales áreas productivas. Sin embargo, Globalia todavía no ha dicho la última palabra y ha acelerado los contactos para una venta a Air France, al mismo tiempo que busca recursos para pagar el rescate antes de que el Estado tome posesión de la compañía. Los Hidalgo están dispuestos a suscribir un oneroso préstamo con la banca (a pesar de su elevado apalancamiento) para pagar a la SEPI y así evitar que el Gobierno sea el propietario. Una carrera contrarreloj que podría resolverse en el primer trimestre de este año.
Gran ‘holding’ industrial
En cualquier caso, las ansias expansionistas de la SEPI (y del Gobierno) no tienen freno. Según sus cuentas anuales de 2023 sus ingresos fueron de 5.908 millones de euros, de los que el 36% corresponde a Correos, el 29% a Tragsa y el 24% a Navantia. Pero no es el único ingreso, ya que el holding obtiene mucho más rendimiento por sus empresas participadas no mayoritarias, casi todas gigantes bursátiles como Indra, Aena, Airbus, Ebro, Enagás, Redeia, Hispasat, IAG y Epicom. A ellas se ha sumado desde el año pasado Telefónica, en la que el Estado compró un 10% en mayo. Todas ellas dan importantes dividendos y, de paso, apuntalan las cuentas de una gestión casi siempre en pérdidas.
En esta línea, uno de los ejes maestros del Gobierno es crear grandes campeones nacionales bajo tutela pública. Ya tiene en marcha el proyecto de generar sinergias entre Telefónica, Indra e Hispasat y así construir un gigante europeo de la defensa y la tecnología, y tiene en carpeta un holding ferroviario con Renfe, Adif y Talgo. Hay también un tercer proyecto más silencioso que pasa por construir un potente emporio mediático con Telefónica, Prisa y RTVE. Así es como la creación de un coloso industrial bajo el alero de la SEPI es un plan que se antoja accesible. Un control total de las empresas. El control que le gusta a Moncloa.
