Las bajas laborales se disparan un 113% en solo una década y ya duran 43 días de media
El envejecimiento de los trabajadores, la falta de control, el colapso sanitario y la mayor ocupación redoblan los procesos
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. | Ilustración de Alejandra Svriz
Las bajas laborales se han disparado durante la última década, con unos efectos económicos y sociales negativos y muy difíciles de amortiguar. El incremento exponencial de los procesos, de un 113% en solo diez años, tiene que ver en buena medida con el progresivo envejecimiento de la población trabajadora. Más de la mitad de los trabajadores ya supera los 45 años. Sin embargo, hay otros factores que lo amplifican.
El colapso sanitario por el aumento de la edad de los ciudadanos, entre otros asuntos; las dificultades para un control exhaustivo de las bajas laborales y la concienciación en cuanto a las enfermedades mentales aparecen también como causas determinantes. Por último, el incremento del número de trabajadores protegidos también forma parte de este cóctel explosivo que ha elevado los costes de las prestaciones vinculadas a la Seguridad Social en algo más de un 181%, hasta los 15.000 millones en 2024.
En tiempo de crisis e incertidumbre económica, el miedo al despido y a no encontrar trabajo lleva a los asalariados a soportar más las enfermedades que padecen. Así, evitan solicitar bajas en muchos casos por el temor a perder su puesto de trabajo. Sin embargo, cuando el mercado laboral es activo y existen oportunidades, ese miedo disminuye.
Coste para las empresas
A este coste habría que añadir la factura directa que pagan las empresas, que ascendió a casi 14.000 millones el año pasado, según un reciente informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Los datos analizados por THE OBJECTIVE a partir de diversos informes sobre absentismo y bajas laborales elaborados por las Mutuas y las estadísticas de la Seguridad Social muestran que el coste para los distintos implicados prácticamente se ha duplicado desde 2015. Ese año las bajas costaron -a empresas y Administraciones- 14.951 millones. Diez años después, la factura rozó los 29.000 millones.
A esto, habría que añadir los costes derivados de la contratación de sustitutos de los trabajadores en baja por incapacidad temporal. Las Mutuas estimaban en 2023 que estos gastos extras suponían en torno a 49.800 millones. Para el cálculo se basaban en un sueldo mensual para un asalariado de 2.150 euros. Otro factor son los bienes y servicios que no se prestan en el momento en el que hay trabajadores en baja. Esta cantidad se estima en 109.860 millones de euros, el equivalente al 7,58% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2023.
Bajas laborales y duración
Las estadísticas facilitadas por la Seguridad Social muestran que hasta octubre de 2024 -último dato disponible- el número de procesos iniciados alcanzó los 5,5 millones, 300.000 más que solo un año antes. Mientras tanto, los días indemnizados por la Seguridad Social y organismos dependientes superaban los 223,5 millones, casi un 10% más que en el mismo periodo de 2023.
Las contingencias comunes, las que no tienen motivos laborales o profesionales, suponen más de nueve de cada diez bajas. Pese a todo, cada vez es más difícil desvincular incapacidades como el estrés o la ansiedad de situaciones relacionadas con la actividad laboral. Mientras, la duración de los periodos de incapacidad se sitúa en 43 días. En el cómputo no está incluido el descanso tras el parto.
Muchas de estas bajas laborales derivan en procesos largos o muy largos. Hasta 2019 mantuvieron una tendencia lineal y no superaron los 35.000. Sin embargo, en el ejercicio 2020 -año de la pandemia- se incrementaron muy significativamente. Alcanzaron su máximo histórico en octubre, con 118.143 procesos.
En el ejercicio 2021 descendieron y en 2022 siguieron cayendo hasta mediados de año. A partir del verano volvieron a subir a niveles muy considerables. En 2023 siguió la tendencia ascendente hasta llegar a los 100.734 procesos en el mes de diciembre. Durante el año pasado han seguido incrementándose hasta alcanzar en diciembre los 133.341. Esto supone casi cuatro veces más que en 2019.
Quién paga la factura
Por regla general, el pago de la incapacidad laboral lo efectúa la empresa como abono delegado con la misma periodicidad que los salarios. En los casos de enfermedad común o accidente no laboral, el pago entre los días 4 y 15 de la baja corre a cargo del empresario. A partir del decimosexto día, la responsabilidad de pago será del INSS o de la mutua.
Cuando el trabajador esté percibiendo prestaciones por desempleo total y pase a la situación de incapacidad temporal, el Servicio Público de Empleo Estatal abonará la prestación, por pago delegado, hasta agotarse la duración de la prestación por desempleo. A partir de dicho momento, la prestación será abonada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Más control y altas paulatinas
El Gobierno, a través de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pretende abordar una reforma de la incapacidad temporal, las bajas laborales. La digitalización de los trámites, la mayor precisión en los plazos de recuperación y el aumento de las revisiones médicas son algunas de las medidas que se estudian. Otra, posiblemente más controvertida, es la de dar más flexibilidad, en algunos supuestos, para que los trabajadores de baja puedan incorporarse paulatinamente a la actividad laboral. Para la puesta en marcha de este proyecto, Saiz trabajará con otros ministerios, entre ellos el de Sanidad. También deberá abordar mesas de negociación en las que participen los agentes sociales.
La ministra ha adelantado, entre otras medidas, la reincorporación progresiva de algunos trabajadores en baja, resaltando que se hará desde la «la voluntariedad y la garantía de la salud y la seguridad». Los enfermos con tratamientos de cáncer podrían acogerse a esta medida. También los trabajadores con dos o más empleos que por su incapacidad pueden verse impedidos para desarrollar una determinada actividad, pero no otra. La propuesta adelantada por la ministra no ha gustado demasiado a los sindicatos.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha matizado la medida expuesta por Saiz, aunque sin oponerse totalmente a ella. «Los propios médicos y también algunas asociaciones de pacientes nos dicen que a lo mejor la reincorporación al trabajo tiene que ser paulatina y tenemos que buscar mecanismos». Sin embargo, ha querido aclarar que la «baja no la da Garamendi -presidente de CEOE-«. «No puede ser una herramienta de supuesta flexibilidad o supuesta voluntariedad en la cual al final acabemos viendo coacciones para que haya altas voluntarias o para que los pacientes vayan a trabajar antes de tiempo».
