Cataluña abre 36 nuevas oficinas de su agencia tributaria para recaudar ya el IRPF de 2026
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado denuncia esta situación por ilegal y estar fuera de la Constitución
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Generalitar, Salvador Illa, a las puertas de Moncloa. | Europa Press
El propósito de implantar la financiación singular de Cataluña, parece que ha dado un paso en firme en este mes de febrero. La semana pasada, la Generalitat anunciaba a través de un comunicado, la intención de empezar a actuar en este sentido, con el despliegue de 36 nuevas oficinas repartidas por toda la comunidad -una en cada capital de provincia- y, la contratación, de momento, de 102 efectivos, 90 plazas estructurales y 20 plazas de cuerpo técnico. La actuación del Ejecutivo catalán, que preside el socialista Salvador Illa, es clara: quiere que esta próxima campaña de la renta, que se inicia dentro de dos meses, sirva como banco de pruebas para «evaluar las capacidades de la Agencia de cara a la campaña del próximo año, la de 2026, cuando la ATC (Agencia Tributaria Catalana) tendrá que asumir funciones de liquidación, recaudación y comprobación del IRPF», señalaba el pasado viernes la consejera de Economía, Alicia Romero.
Para ello -insiste el Ejecutivo socialista catalán-, «es necesario preparar y reforzar las estructuras de las que disponemos actualmente para que esto sea posible, con una buena coordinación y transición con la Agencia Estatal de Administración Tributaria».
Desde hace más de un año, y de nuevo este lunes, la Asociación de Inspectores de Hacienda de España (IHE) viene advirtiendo de las graves consecuencias que tendría en el sistema tributario, y en el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el nuevo régimen fiscal para Cataluña denominado financiación singular, que supone -explican a THE OBJECTIVE-, «la cesión de todos los impuestos recaudados en Cataluña, y el traspaso de las funciones de gestión, inspección, recaudación y liquidación que actualmente hace la AEAT en dicho territorio».
Cabe recordar que, para implantar dicho régimen, según el documento firmado entre dos partidos políticos catalanes, y avalado por el Gobierno, se tienen que traspasar a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) los medios humanos, materiales y tecnológicos que tiene actualmente la AEAT en Cataluña. Ello supone el fraccionamiento de la AEAT y su desaparición de ese territorio.
Una agencia tributaria fuera de la Constitución
La financiación singular de Cataluña, con resultado equivalente al cupo del País Vasco y Navarra -remarca la Asociación de Inspectores de Hacienda-, «es un régimen que no está contemplado ni en la Constitución ni en sus normas de desarrollo. Por tanto -apuntan el IHE en un comunicado-, se puede decir que en el momento actual es un régimen ilegal. Y, además del contenido del acuerdo firmado -subrayan los inspectores-, «una de las partes ha manifestado que este es el primer paso, y el más importante, para conseguir la independencia».
Ante la imposibilidad material de implantar este régimen de forma inmediata -explica la asociación que preside Ana de la Herrán-, la Generalitat «quiere comenzar de forma gradual traspasando el IRPF, después el IVA, y así sucesivamente, hasta conseguir la gestión, inspección, recaudación y liquidación de todos los impuestos que los ciudadanos pagan en Cataluña.
En esta implantación de forma gradual, la Generalitat ha anunciado ya el primer paso en un comunicado, emitido el viernes, 14 de febrero de 2025, potenciando el número de oficinas y el personal para abordar la campaña del IRPF que se inicia dentro de dos meses.
Asimismo, el incremento de personal irá acompañado de un amplio despliegue territorial: 36 oficinas en toda Cataluña, cuatro de las cuales estarán ubicadas en las capitales de provincia y contarán con varios mostradores de cita previa. En total, se pasará de los 35 mostradores disponibles en la campaña del año pasado a 87 en la actual, más del doble (+148%). De manera que -reconoce la Generalitat de Cataluña-, «el año que viene tendremos que gestionar la campaña de la renta solos desde la ATC, y lo que haremos este año es un primer paso en esa dirección».
Banco de pruebas
Si estuviéramos en cualquier otra Comunidad Autónoma, esta medida se contemplaría dentro de la colaboración existente entre Administraciones, aclaran los inspectores del Estado. Pero en el presente caso, «esto no es así, porque el comunicado dice claramente que es el paso previo para que la campaña del año que viene la realice en exclusiva la ATC; es decir, sin la colaboración entre las dos Administraciones, situación impensable en cualquier otra Comunidad autónoma»
En este sentido -recuerdan los IHE-, «el objetivo del Ejecutivo es que la próxima campaña de la renta sirva como prueba para evaluar las capacidades de la Agencia de cara a la campaña del próximo año, cuando la ATC tendrá que asumir funciones de liquidación, recaudación y comprobación del IRPF». Y -señala el gobierno catalán-, para eso «es necesario preparar y reforzar las estructuras de las que disponemos actualmente para que esto sea posible, con una buena coordinación y transición con la Agencia Estatal de Administración Tributaria».
Un paso más a la independencia fiscal
Los inspectores de Hacienda no tienen duda de la dirección que está tomando la financiación singular en Cataluña, haciendo hincapié, en que los firmantes de ese acuerdo tienen claro «el camino para conseguir esa independencia fiscal, que supone, de momento, ir adoptando todas las medidas posibles sin tener que modificar las normas». Y, la campaña de IRPF -apostillan- «es la primera medida en ese sentido, que a su vez se disfraza -denuncian-como una fórmula de colaboración, habitual entre Administraciones, como también lo han manifestado las autoridades de la AEAT, que en los últimos meses nos dicen que debemos estar tranquilos, porque simplemente se trata de una fórmula de colaboración entre Administraciones».
Pero los Inspectores de Hacienda -apelan en su comunicado- «no podemos estar tranquilos, ya que el resultado final de esta falsa colaboración supone la desaparición de la AEAT de Cataluña, y estos primeros pasos son muy importantes, porque son el principio del camino hacia esa desaparición, y sabemos que no tienen vuelta atrás».
Hasta ahora -explican los IHE-, «la AEAT ha organizado las campañas de IRPF y ha atendido a los ciudadanos con eficacia en todo el territorio nacional. En el caso de Cataluña, ha supuesto cada año la recepción, grabación, liquidación y devolución, en su caso, de alrededor de cuatro millones de declaraciones de IRPF presentadas en dicho territorio. Por tanto -continúan-, si en la campaña anterior existían solamente 35 mostradores de la Generalitat de Cataluña, como figura en su propio comunicado, en la campaña actual debería seguir prestando dicho servicio en las mismas condiciones. Ya que, el incremento sustancial de oficinas y empleados anunciado en por la Generalitat, no tiene como objetivo -mantienen- prestar unos mejores servicios a los ciudadanos, sino que sólo supone dar pasos hacia un régimen que, como se ha dicho, en el momento actual es ilegal».
Responsabilidades penales
Por todo ello -reclaman los inspectores del Estado-, «pedimos a las autoridades de la AEAT que, mientras no se modifiquen las normas que rigen actualmente nuestro sistema tributario, no se adopte ninguna medida que modifique la situación actual en la prestación de los servicios tributarios a los ciudadanos de Cataluña. Y, en el caso concreto de la campaña del IRPF, reclamamos que no se modifique la tradicional colaboración que ha prestado en su desarrollo hasta ahora dicha Comunidad Autónoma, y que tan bien ha funcionado, con fines ocultos tendentes a una gestión del impuesto no contemplada en la ley».
En este sentido -concluye el comunicado del IHE, «habría que recordar el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista, en cuanto a la exigencia de responsabilidades, incluidas las penales, respecto de cualquier medida que se apruebe, y el gasto público que se realice, para implantar un régimen que en el momento actual no tienen ningún amparo legal»
