El Gobierno oculta el listado de las empresas afectadas por el escudo antiopas
El Ministerio de Economía argumenta razones «de seguridad nacional» para no identificar las 462 operaciones analizadas

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo | Europa Press
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se niega a hacer pública la lista de empresas que han estado sometidas al escrutinio del escudo antiopas ni a revelar detalles de estos expedientes que autorizan las inversiones extranjeras en compañías estratégicas españolas. En una solicitud de información a través del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la cartera de Carlos Cuerpo ha argumentado razones de «seguridad nacional» para ocultar estos datos, indicando que es información «confidencial y clasificada».
Este diario ha informado de que siempre se ha impuesto la opacidad en los contados procedimientos que han trascendido, como el de Vivendi en Prisa, Maygar Vagon en Talgo y STC en Telefónica. En estos casos, el Gobierno dio a conocer su veredicto, pero se negó a entregar cualquier detalle respecto de las causas que motivaron su decisión y las condiciones impuestas, ya que clasifica todos estos expedientes como confidenciales. Sin embargo, hasta la fecha nunca se había negado oficialmente a entregar el listado de los nombres de las empresas que se han sometido a este escrutinio del departamento de control de inversiones.
La ley de inversión y los sucesivos decretos temporales establecen que cualquier empresa extranjera, incluso de la Unión Europea, debe pedir el plácet del escudo antiopas del Gobierno si quiere invertir en una empresa española considerada estratégica, en caso de que su futura participación esté por encima del 10%, o del 5% si es una compañía relacionada con contratos vinculados con la defensa. El pasado mes de diciembre se prorrogó dos años más esta norma para empresas comunitarias, hasta finales de 2026.
Transparencia del escudo antiopas
Y no es un asunto menor. Este diario publicó que, según los registros oficiales de la Secretaría General de Inversiones Exteriores, el escudo antiopas ha intervenido en 462 empresas que se han planteado adquirir participaciones en compañías estratégicas españolas entre enero de 2020 y diciembre de 2024. No obstante, se han hecho públicos apenas media docena de procedimientos por el eco mediático que han levantado y, principalmente, porque las empresas solicitantes han informado de sus operaciones y de sus solicitudes.
¿Y el resto? Economía explica en su respuesta a la pregunta enviada a través del Portal de Transparencia que «se deniega la solicitud de acceso a la información, dado que se trata de información confidencial y clasificada». Y argumenta para ello el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en la que se indica que «se podrá limitar el derecho a la información cuando ello suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, los intereses económicos y comerciales, y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».
Efectivamente, la ley de transparencia obliga a los organismos públicos a entregar diligentemente la información solicitada por ciudadanos, pero existen una docena de supuestos que puede argumentar para no entregarla o aportarla parcialmente. Además de la seguridad nacional e intereses económicos, se encuentran las relaciones exteriores, la seguridad pública, la investigación de ilícitos, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual, la garantía de confidencialidad o la protección al medio ambiente.
Telefónica y STC
En cualquier caso, el condicionante más importante y el que nunca tiene derecho a réplica es la seguridad nacional: si una información está clasificada bajo este supuesto, nadie podrá acceder a ella… si el Gobierno no quiere. La opacidad se aplica incluso a las empresas afectadas. Este diario ya informó sobre el caso de Telefónica: al expediente de solicitud de inversión solo tuvieron acceso la saudí STC y un puñado de miembros del Ejecutivo. Ni los gestores de la compañía ni sus principales accionistas tuvieron acceso a los compromisos que el nuevo inversor contrajo con el Ejecutivo español, gracias al escudo antiopas.
En la resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso este diario se deja claro que el Gobierno y el Ministerio de Economía no tienen pensado compartir ningún tipo de información de estos expedientes de manera pública. «El procedimiento de escrutinio y la información contenida en los informes de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) tienen por objeto analizar los riesgos que las inversiones extranjeras tienen para el orden público, seguridad pública y salud pública. Dichos bienes jurídicos están estrechamente ligados con la seguridad nacional y la defensa, por lo que el conocimiento de los detalles de los expedientes por personas no autorizadas podría dañar o poner en riesgo los bienes jurídicos que el procedimiento mismo salvaguarda».
Y continúan: «Asimismo, supondría perjudicar también los intereses económicos y comerciales, ya que los informes contienen información empresarial no divulgada y conocimientos técnicos de sus titulares (secretos empresariales) que deben protegerse frente a la obtención, utilización y revelación ilícita, tal y como establece la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. En definitiva, la revelación no autorizada o utilización indebida de la información tratada en el procedimiento puede afectar negativamente a los intereses del Estado y de su Administración General».
Escudo antiopas e Inversiones
Economía también se justifica por la Orden ICT/1078/2019 de 21 de octubre por la que se regula la protección de la Información Clasificada en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La medida establece en su Capítulo II «Autoridades y procedimientos de clasificación», artículo 15 que «el titular del Departamento, los Secretarios de Estado y el Subsecretario y otros altos cargos con ese rango en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tendrán la facultad de clasificar información en los grados de confidencial y difusión limitada en el marco de sus competencias».
Y agrega que en virtud de la antedicha normativa, la Secretaría de Estado de Comercio concedió el grado de clasificación de «Difusión Limitada» al informe de la Junta de Inversiones Exteriores preceptivo en el procedimiento de autorización previa de inversiones exteriores en cumplimiento de la normativa de control de inversiones exteriores a través de la Directiva de Clasificación de 22 de mayo de 2022. «Además, los artículos 21.7 y 26.2 del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, establecen la confidencialidad de las actuaciones del procedimiento de escrutinio de inversiones extranjeras directas. Por tanto, la revelación de información relativa a dichos informes también entraría en conflicto con la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».
Expedientes desde 2020
Finaliza remitiendo a la información agregada que ya se aporta en los informes anuales de control sobre inversiones extranjeras, donde (hasta el año 2023) se entrega un resumen de los procedimientos del escudo antiopas, por tipo de resolución, país, áreas económicas y por las medidas de mitigación más utilizadas. Pero sin dar ningún tipo de detalles de expedientes, ni dar nombres de empresas que han pasado por este filtro.
Durante sus cuatro primeros años (desde 2020 a 2023) y a falta del detalle de 2024, se analizaron 263 operaciones con el escudo antiopas. De ellas, 212 se aprobaron sin aplicar medidas de mitigación «al no apreciarse riesgos significativos para la seguridad, salud u orden públicos», y solo una fue rechazada (en 2022), aunque el Gobierno no da nombres ni personaliza los expedientes. A ella habría que sumar el rechazo en verano del año pasado de la opa de Magyar en Talgo. Por otro lado, en 2024 se tramitaron 199 operaciones de control de inversión, el récord absoluto frente a las 28 solicitudes en 2020, las 55 en 2021, las 83 en 2022 y las 97 en 2023.