Los promotores son realistas sobre la crisis de la vivienda: «Milagros no podemos hacer»
Los expertos advierten de que la falta de suelo, la carga fiscal y la inseguridad jurídica dificultan el acceso a la vivienda
Un edificio de viviendas en construcción. | Archivo
La bola de nieve de la crisis de vivienda sigue creciendo y lo seguirá haciendo al menos a medio plazo. La vivienda se ha convertido en el centro del debate político y en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo entre los más jóvenes. Un problema que, a ojos de los economistas expertos en el sector y los promotores inmobiliarios, no va a cambiar, al menos a corto o medio plazo. A su juicio, es necesario poner el foco de manera realista en la construcción de más viviendas. Sin embargo, el sector cuenta con varios inconvenientes que le dificultan avanzar en ese propósito y que no parecen tener visos de mejora.
Entre ellos se encuentra la falta de suelo disponible con una Ley del Suelo bloqueada y una escasa mano de obra cualificada, entre otras cuestiones. Ante el difícil panorama en que se encuentra España en esta materia tan decisiva, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) han organizado unas jornadas en las que Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), ha estimado que el déficit de viviendas podría alcanzar los 2,74 millones de unidades en 2039 si no se aumentan los niveles actuales de producción.
Vilajoana se ha mostrado realista ante este reto. «Los promotores estamos preparados, pero milagros no podemos hacer», ha señalado, al tiempo que ha destacado que «la producción de nuevas viviendas en España no cubre las necesidades actuales de la población» y que para intentar solucionarlo había que «triplicar los ritmos actuales de producción». Sin embargo, no hay ni mano de obra suficiente ni suelo para edificar tanto. Las estimaciones de Banco de España apuntan a que actualmente hay un déficit de 600.000 viviendas para equilibrar la oferta y la demanda. Las previsiones apuntan a que la cifra seguirá aumentando fruto del boom demográfico no previsto gracias a la inmigración.
Falta de suelo y de capacidad
Uno de los principales problemas para llevar a cabo la construcción de esta magnitud de viviendas a corto plazo es la falta de suelo. En el caso de Madrid, tal y como ha apuntado Julián Salcedo, presidente de Foro de Economistas Inmobiliarios, «cuando finalicen todos los desarrollos urbanísticos planteados para los próximos 15 años se habrá consumido el 98% de todo el suelo urbanizable». Por ello, llama a «liberalizar el suelo» como paso principal para mejorar la situación a medio plazo. Pero además, cree necesario rebajar la burocracia.
Salcedo ha recordado que durante el boom inmobiliario, el tiempo que necesitan las promociones desde que se lograba la licencia hasta que se entregaba la vivienda rondaba los 15-18 meses, pero ahora de media son 36 meses. «El colapso es inevitable. Que nadie piense en una solución a corto plazo. Como mínimo empezará a solucionarse en cinco o seis años». A esto hay que añadir que los costes de construcción siguen siendo elevados y que hay una falta de mano de obra cada vez más acuciante.
«No tenemos mano de obra para doblar la producción de viviendas», ha señalado el presidente de la patronal de promotores. Según Vilajoana, «la falta de mano de obra cualificada es un problema acuciante al que, como sector, debemos enfrentarnos: en diez años el 60% de la plantilla estará en edad de jubilación y no hay relevo generacional suficiente para cubrir esas vacantes».
Ley del suelo
En esta situación, los expertos han lamentado la parálisis de la reforma de la ley del suelo que ha pasado ya dos veces por el Parlamento. Tanto los expertos del Consejo General de Economistas y de Fedea como los ponentes consideran que el problema central es la insuficiencia de oferta, lo que ha llevado a un aumento sostenido en los precios tanto de compra como de alquiler. Esta situación se ha visto agravada por un marco normativo complejo y por la falta de estabilidad en las reglas del juego, lo que desincentiva la inversión en el sector inmobiliario.
En este sentido, la inseguridad jurídica generada por los constantes cambios legislativos y la rigidez de la regulación urbanística ha dificultado, según los expertos, la puesta en marcha de nuevos desarrollos, alargando plazos y encareciendo costes. Por ello, una de las propuestas pasa por reformar de una vez de la Ley de Suelo. Los economistas consideran que modificar la normativa urbanística puede agilizar la obtención de suelo finalista y facilitar la promoción de nuevas viviendas, reduciendo los tiempos de tramitación y eliminando bloqueos administrativos innecesarios.
