Al menos 52.000 personas han cobrado el paro de manera irregular durante la última década

Al menos 52.664 personas han cobrado de forma fraudulenta la prestación por desempleo, el paro, en los últimos diez años de los que existen datos. Quien admite esta cifra es el propio Ministerio de Trabajo y Economía Social, en respuesta a un requerimiento de Transparencia iniciado por THE OBJECTIVE.

Este periódico solicitó al portal de Transparencia que el departamento que dirige Yolanda Díaz informase del número de personas de las que se hubiese tenido conocimiento que estaban percibiendo el paro de forma irregular en los últimos años. El órgano que da respuesta a la instancia de Transparencia es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo.

La petición de este medio incluía que se desglosaran los datos de los infractores por sexo y por nacionalidad. Sin embargo, Trabajo no proporciona estos detalles excusándose en que su sistema informático no dispone de una etiqueta que permita hacer esas discriminaciones y que, por tanto, su conocimiento incluiría el análisis individualizado de miles de expedientes. El departamento encabezado por la vicepresidenta segunda tampoco desvela la cuantía de dinero cobrada en prestaciones fraudulentas.

Casi 95.000 infracciones entre trabajadores y empresas

Volviendo a los datos, el número total de cobros fraudulentos de la prestación por desempleo supera los 50.000 entre los años 2014 y 2023, con una evolución general descendente. Así, si en 2014 Trabajo detectó 11.285 prestaciones irregulares, diez años después esa cifra sólo llegó a las 3.699. Con todo, desde 2020 los casos han repuntado de forma constante en los últimos cuatro ejercicios: de las 3.090 del 2020 a las 3.699 de 2023. Aquí sólo se habla de casos que la Inspección de Trabajo ha podido descubrir, por lo que la cifra real probablemente será mayor.

Lo mismo ocurre con las miles de infracciones relacionadas que la Inspección de Trabajo ha detectado en la citada década que tienen vinculación con empresas, hasta 42.070. También aquí el número de fraudes ha experimentado una tendencia general a la baja, desde los 10.396 de 2014 a los 3.061 de 2023 (último año con datos disponibles).

Para localizar estas casi 95.000 infracciones, entre trabajadores y empresas, el organismo del Ministerio de Trabajo ha llevado a cabo cientos de miles de inspecciones a lo largo de la última década, si bien su número ha variado mucho a lo largo de los años. En 2014, por ejemplo, se llevaron a cabo un total de 52.212 actuaciones, por las 17.673 de 2023, dos cifras muy alejadas de las 114.477 de 2020, el año en que estalló la pandemia del covid y en que la Inspección de Trabajo realizó un número récord de investigaciones.

La prestación por desempleo y el subsidio

La prestación por desempleo, popularmente conocida como el paro, se concede a aquellas personas que han perdido su puesto de trabajo y que tengan cotizados al menos 360 días en los últimos 6 años. La cuantía de la ayuda se determina a partir de la media de la base de cotización de los últimos 180 días cotizados, excluyendo las horas extraordinarias.

Cabe distinguir la prestación por desempleo del subsidio por desempleo, ya que este último corresponde a quienes han agotado o no tienen derecho a paro por no haber cotizado lo suficiente. Su duración dependerá del número de meses cotizados y de si se tienen o no responsabilidades familiares y su cuantía mensual es igual al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

El Gobierno reformó en 2024 el subsidio por desempleo para ampliar esta ayuda a los siguientes colectivos, que antes no estaban incluidos: menores de 45 años sin responsabilidades familiares, trabajadores agrarios eventuales, trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla, españoles emigrantes retornados sin derecho a prestación y víctimas de violencia de género o sexual.