El 72% de la superficie forestal en España es privada y la mayoría no está asegurada

La mayoría de los más de 27 millones de hectáreas de superficie forestal de España está en manos privadas. Sin embargo, el aseguramiento es mínimo y el año pasado apenas alcanzó las 71.400 hectáreas aproximadamente, tal y como reconocen a THE OBJECTIVE desde Agroseguro, el consorcio de entidades del seguro agrario. La razón fundamental es que no son, habitualmente, objeto de aprovechamiento. Una distribución de la tierra, con cada vez propiedades de menor tamaño, podría dificultar las labores de regeneración de las zonas quemadas estos días por los graves incendios que asolan España. Aunque la bajada general de las temperaturas ha aliviado algunas zonas, lo cierto es que los vientos hacen que muchos de los fuegos sigan sin estar controlados. 

La superficie arrasada por incendios a lo largo de este año en terreno nacional ya supera las 343.000 hectáreas, según datos del sistema europeo EFFIS. Esto convierte a 2025 en el año más devastador del siglo en cuanto a superficie quemada, superando incluso el pico de 2022. Aunque entre la superficie quemada también se encuentran terrenos de cultivo, lo cierto es que mayoritariamente es terreno forestal. Esto explica, según los expertos consultados, precisamente la magnitud del problema y dificultará su recuperación tras los incendios. 

Distribución de la tierra

En España, alrededor del 72% de la superficie forestal es privada y el 28% pública, gestionada por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En términos absolutos, las Administraciones Públicas administran unos 7,7 millones de hectáreas, lo que equivale al 27–28% de la superficie forestal y alrededor del 16% del territorio nacional, según los datos del informe sobre la estructura del terreno rústico en España elaborado por Cocampo, una plataforma de alquiler y venta de terreno rústico, y analizado por este diario.

Además, los datos históricos muestran que, en proporción, arden más fincas públicas que privadas. Entre 2006 y 2015, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) registró que el 57% de la superficie forestal quemada correspondía a propietarios privados y el 43% a terrenos públicos, un peso muy superior al que les corresponde por titularidad. En el caso de los terrenos de titularidad pública, el problema está en «cómo entender el ecologismo actual y el cuidado del monte», según explica Regino Coca, CEO de Cocampo en conversación con THE OBJECTIVE.

«Si tú como administración tienes que hacer un cortafuegos potente en un Parque Nacional, imagina a cuánta disputa social tienes que enfrentarte. Si se trata de limpia de montes bajos y cortafuegos contundentes, eso tiene un impacto en el ecosistema y hay gente que no lo acepta», añade este experto en el mundo rural. Además, en el caso de los Ayuntamientos, que son propietarios de más de seis millones de hectáreas de tierra, hay un problema presupuestario. «Tienen poca capacidad en el presupuesto municipal para dedicarlo a una contundente limpieza de montes», añade. Por su parte, la organización agraria Asaja señala el «clamoroso abandono» de fincas públicas y montes, la falta de limpieza de vías, caminos y cunetas, y la inadecuada planificación de los planes de prevención.

La mayoría sin asegurar

En el caso del pequeño propietario privado, tanto de terreno forestal como de tierra en general, hay un problema de falta de recursos y de fragmentación de la tierra. «El hecho de que la tierra se fragmente por las herencias no ayuda. Lo que estás haciendo es reducir el interés que tienen los propietarios en ese terreno», explica Coca. «Si tú tienes dos hectáreas de eucaliptos en Orense, el valor que tiene en tu patrimonio es próximo a cero. Los privados muchas veces no tienen recursos ni incentivos para limpiar», añade.

Algo que está directamente relacionado con la contratación de seguros. Mientras que los seguros agrarios están cada vez más extendidos, tal y como contamos en este diario, los seguros forestales siguen siendo muy minoritarios, tal y como reconocen desde Agroseguro. «Al final lo que nosotros estamos detectando es que la masa forestal no tiene un aprovechamiento como lo tiene el terreno agrícola, el propietario de un bosque no siempre lo asegura, es más habitual que no esté asegurado, es un seguro muy muy minoritario a nivel de contratación», explican fuentes del consorcio a este diario.

Este seguro cubre los gastos de regeneración y repoblación de todas las masas forestales, además de determinadas producciones forestales, dañadas a causa de los riesgos de incendio, viento huracanado, nieve e inundación-lluvia torrencial, según las estipulaciones contenidas en las condiciones especiales. El seguro está diseñado para cubrir los gastos necesarios para efectuar la recuperación de la masa forestal tras el incendio. De forma adicional, tal y como explican fuentes de Agroseguro, puntualmente se permite asegurar la producción de corcho de los alcornoques, la madera del chopo y los piñones del pino.

Abandono de herencias

Según el Informe 2025 Cocampo sobre la Estructura de Fincas Rústicas en España, basado en datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 2,32 millones de hectáreas de superficie agrícola están abandonadas y sin aprovechamiento. Desde esta plataforma, creen que precisamente el abandono de las fincas rústicas heredadas es uno de los principales factores que está contribuyendo a estos incendios.

«El fenómeno de la agrupación de tierras y de las cooperativas, si las tierras se uniesen de alguna manera, incluso para luchar contra el fuego, tendría sentido», explica Coca. «Todo lo que sea unir tierra y meter un componente económico haría que este fenómeno sucediese menos», considera. Por su parte, desde ASAJA demandan una nueva política forestal por parte de las administraciones, ya que la actual, marcada por un «ecologismo trasnochado», ha impuesto trabas a las actividades tradicionales en el medio rural.