El PPE exige a la Comisión que aclare si topará el precio de la vivienda como dice Teresa Ribera
La dirigente socialista afirmó que este organismo se está planteando «proponer un precio mínimo y máximo para alquiler»
Teresa Ribera, comisaria europea y exvicepresidenta del Gobierno. | Europa Press
Las últimas declaraciones de la exvicepresidenta española Teresa Ribera —hoy comisaria europea— han traído cola. La dirigente socialista afirmó el pasado miércoles, en la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, que la Comisión Europea se está planteando «proponer un precio mínimo y máximo para alquiler, y también para la venta de viviendas, acorde con las circunstancias nacionales, porque creemos que es importante».
Era la respuesta a la pregunta formulada por la eurodiputada española del Grupo Popular Maravillas Abadía Jover, interesada en saber la filosofía y el espíritu de la Estrategia Europea de Vivienda Asequible y, en definitiva, el corpus de la Ley de Vivienda Asequible, que la Comisión Europea presentará en las próximas semanas. Pero la contestación de la comisaria española de Transición Limpia, Justa y Competitiva, lejos de arrojar luz, no hizo más que desconcertar a una parte considerable de la Eurocámara.
Ante la posibilidad de un planteamiento intervencionista, tal y como ha podido comprobar THE OBJECTIVE en exclusiva, cinco eurodiputados del Grupo Popular Europeo y miembros de la Comisión de Vivienda (Borja Giménez Larraz, Nikolina Brnjac, Dirk Gotink, Regina Doherty y Maravillas Abadía Jover) han enviado por carta un requerimiento al comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, instándole a que despeje todas las dudas acerca de la dirección de la futura Ley de Vivienda Asequible.
La carta, a la que ha tenido acceso este medio, comienza señalando la profunda preocupación por las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en las que sugiere que la Comisión está considerando incluir precios mínimos y máximos para el alquiler y la compra de viviendas como parte del próximo Plan de Vivienda Asequible.
El diagnóstico de la crisis de la vivienda —apunta este grupo de eurodiputados— es compartido, «pero la respuesta no puede ser repetir medidas que, bajo el pretexto de la protección social, han acabado agravando los problemas que pretendían resolver. Las pruebas acumuladas en Europa demuestran que los controles directos de precios crean una ilusión de alivio inmediato para unos pocos, a costa de empeorar de forma permanente el acceso a la vivienda para el público en general». «Tal afirmación no es baladí, ya que significa abrir la puerta a una vía regulatoria que ya ha fracasado».
Los ejemplos del fracaso en Europa
Berlín, explican los europarlamentarios, «ilustra el problema, ya que el Mietendeckel redujo la oferta de viviendas de alquiler hasta en un 60%, desplazó las viviendas hacia la venta o el alquiler turístico y provocó una subida de los precios. Y Barcelona muestra el mismo patrón, ya que la Ley 11/2020 redujo la oferta a largo plazo en un 13% y no logró contener los precios. Una dinámica que se repitió posteriormente con la Ley Estatal de Vivienda». «Por último, Estocolmo confirma la tendencia, ya que el estricto control de los alquileres ha generado listas de espera de una década, con más de 810.000 solicitantes registrados y un tiempo medio de espera de nueve años en 2023, además de un subarriendo opaco y un aumento de los precios».
«Cuando se fijan límites máximos a los precios sin aumentar la oferta, la escasez se convierte en la norma, la movilidad se desploma, los jóvenes y las familias quedan atrapados y la desigualdad se agrava. La Comisión no puede adoptar una estrategia de distribución de la escasez». «Una política social eficaz —abundan en este sentido— no consiste en gestionar la escasez, sino en generar abundancia. Y la experiencia europea demuestra que el control de los precios desalienta la inversión, reduce las existencias disponibles y alimenta mercados paralelos, más caros y menos transparentes».
El plan del Partido Popular Europeo
Por lo tanto —subrayan en la carta—, creen «que es esencial, que el Plan de Vivienda Asequible se base en dos pilares principales. En primer lugar, aumentar la oferta de viviendas asequibles. En segundo lugar, respetar el principio de subsidiariedad, dada la naturaleza local de esta política». Ya que «la Unión Europea tiene la responsabilidad de promover un enfoque realista: acelerar la construcción y la renovación, reforzar la seguridad jurídica, simplificar los procedimientos, fomentar las asociaciones público-privadas y movilizar la financiación privada y pública».
En este contexto, «las declaraciones de la vicepresidenta Ribera son especialmente preocupantes. Pues la sugerencia de fijar precios mínimos y máximos no solo carece de respaldo empírico, sino que también apunta hacia un modelo que ya ha demostrado sus efectos adversos». Y confían «en que la Comisión no incorpore estas directrices al Plan de Vivienda Asequible y opte por soluciones eficaces, en lugar de fórmulas que, repetidamente, conducen a una mayor escasez».
La aportación de Pedro Sánchez
El pasado mes de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea apremiaron a la Comisión Europea a presentar «sin demora un plan ambicioso y global en materia de vivienda asequible, cuyo objetivo debe ser apoyar y complementar los esfuerzos de los Estados miembro, teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad».. Ha sido la primera vez que los líderes abordaban de manera específica la emergencia habitacional, conscientes de que se trata de una «preocupación urgente» para los europeos, como ya admitió el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
«Esta crisis —señaló entonces el ex primer ministro portugués— afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, repercute negativamente en la competitividad y socava la confianza en nuestras instituciones democráticas».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de la creación de un fondo específico para la construcción de vivienda protegida, entre otras medidas para controlar los precios en zonas tensionadas y las viviendas turísticas. Una idea de control que defiende a ultranza la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que va en la línea de la manifestación hecha por Teresa Ribera este pasado miércoles.