La contratación pública opera sin datos fiables: el supervisor admite que no puede verificarlos

La supervisión y control de más de 206.000 contratos públicos —datos de 2024— resulta una misión imposible. Así lo ha reconocido en un reciente informe, al que ha accedido THE OBJECTIVE, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). El supervisor de los contratos públicos, adscrito al Ministerio de Hacienda, ha dejado patente en el documento que no puede verificar la información publicada en las plataformas de contratación debido a factores como la falta de estándares comunes, controles de calidad y formatos reutilizables.

El informe destaca que los expedientes se cargan con criterios dispares, con campos incompletos o errores que impiden su análisis automatizado y la reconstrucción fiable de los procesos. El resultado es un sistema que ofrece apariencia de transparencia, pero que no permite auditar adjudicaciones, medir la concurrencia real ni evaluar el rendimiento del gasto público, pese al volumen de recursos gestionados cada año por las administraciones.

Según el supervisor, el problema no es que no se publiquen datos, sino que la información publicada no es fiable ni comparable, lo que impide conocer cómo funcionan los procedimientos de contratación. La multiplicidad de plataformas y la ausencia de un estándar común provocan que los expedientes se registren de forma heterogénea, con estructuras de datos incompatibles y niveles de detalle muy dispares. No existe un modelo único que garantice que campos clave como el valor estimado, los criterios de adjudicación o la duración del contrato se consignen de forma homogénea.

Contratos públicos discrecionales

En este contexto, la OIReScon advierte de que la falta de información verificable dificulta identificar ineficiencias, prácticas restrictivas de la competencia o riesgos derivados de decisiones discrecionales. Sin datos estructurados, no es posible medir si los procedimientos de contratación favorecen la concurrencia entre empresas o si, por el contrario, derivan en concentraciones de adjudicaciones en operadores recurrentes. El informe subraya que esta carencia afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que consideran la contratación pública una oportunidad de crecimiento, pero encuentran barreras informativas que limitan su acceso y planificación.

El impacto no es únicamente técnico o procedimental. Según el supervisor, la ausencia de datos homogéneos y actualizados limita la capacidad del Estado para usar la contratación pública como herramienta de política pública, orientada a objetivos estratégicos como innovación, transición energética, cohesión territorial o mejora de servicios. Sin información comparable sobre resultados y costes, los responsables públicos no pueden evaluar el rendimiento del gasto ni extraer lecciones para futuras decisiones, lo que reduce la capacidad transformadora del presupuesto público.

Descoordinación institucional

Otra de las áreas señaladas es la ejecución y seguimiento de los contratos, fase que concentra decisiones económicas relevantes, pero para la que, en muchas administraciones, no existe información trazable. Aunque los datos iniciales sí se publican, el supervisor detecta una falta de seguimiento posterior sobre modificaciones, prórrogas, ampliaciones de coste, retrasos o incidencias de ejecución. Sin información estructurada sobre el ciclo de vida del contrato, el sistema no permite identificar sobrecostes sistemáticos ni evaluar si los contratos se cumplen en los términos inicialmente previstos.

El informe también pone el foco en la coordinación institucional. Según el supervisor, no existen criterios homogéneos para reportar información, auditar expedientes o responder a riesgos detectados. La falta de protocolos comunes provoca que las recomendaciones emitidas en ejercicios anteriores no se ejecuten de forma sistemática, y que el sistema carezca de indicadores para verificar si las acciones correctivas generan mejoras. Esta fragmentación afecta tanto a la supervisión centralizada como al control interno de cada administración.

Opacidad y mayores costes

En paralelo, el supervisor alerta de que la dispersión tecnológica entre plataformas estatales y autonómicas incrementa los costes operativos y reduce la transparencia real. La coexistencia de sistemas informáticos con diseños y taxonomías distintas hace que los datos no puedan consolidarse, lo que dificulta el análisis agregado y la detección de patrones a nivel nacional. El resultado es un entorno en el que la transparencia formal es elevada, pero la capacidad de control efectivo continúa siendo limitada.

Otro elemento señalado en el informe es la falta de capacidad estadística y analítica dentro de las administraciones. Aunque en teoría la digitalización ha multiplicado el volumen de datos disponibles, muchos organismos carecen de equipos, herramientas o perfiles especializados para explotar, depurar y analizar la información, lo que perpetúa un modelo de gestión orientado al trámite burocrático y no al desempeño. Según el supervisor, esta brecha de capacidades impide transformar datos en conocimiento y conocimiento en decisiones.

El documento también identifica deficiencias en la trazabilidad de las subcontrataciones, especialmente en obras públicas y servicios complejos. En numerosos expedientes no se publica información suficiente sobre qué empresas participan, en qué fases y con qué costes, lo que limita la transparencia sobre la cadena de valor y la distribución final del gasto público. El supervisor alerta de que estas opacidades dificultan el control de riesgos laborales, ambientales y fiscales, y reducen la capacidad para detectar patrones de concentración empresarial o dependencia de proveedores.

Errores sin consecuencias

Finalmente, el informe subraya la ausencia de incentivos institucionales para mejorar la calidad del dato. Según el supervisor, las administraciones no afrontan consecuencias directas por publicar información incompleta o inconsistente, lo que reduce la motivación para aplicar buenas prácticas o invertir en sistemas de gestión. Esta situación alimenta un círculo vicioso en el que los errores se repiten y las lagunas informativas persisten, pese a las recomendaciones reiteradas desde 2019.

La conclusión del documento es inequívoca: la contratación pública opera en un entorno en el que la transparencia existe en términos formales, pero carece de los mecanismos y la información necesarios para convertirse en control efectivo. La publicación de datos, sin estándares ni trazabilidad, convierte el sistema en un espacio en el que el volumen de información no garantiza el escrutinio, la evaluación ni la rendición de cuentas.