Montero planea que Madrid, Galicia y Andalucía suban Sucesiones para financiar a Cataluña

Una vez conocido el acuerdo alcanzado este jueves entre el líder de ERC y el presidente del Gobierno por el que se comprometen a aumentar la financiación para Cataluña en 4.700 millones de euros, la vicepresidenta de Hacienda y candidata del PSOE a las elecciones de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, anticipó este viernes que su negociado estudia la manera de limitar el dumping con un nuevo hachazo fiscal, posiblemente —reconoció— imitando la fórmula del impuesto a las grandes fortunas.

Expertos fiscalistas confirman a THE OBJECTIVE que los impuestos que pretende armonizar María Jesús Montero no son otros que los de Sucesiones y Donaciones. Son figuras tributarias que están bonificadas en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía y Galicia, entre otras, mientras que Cataluña, la comunidad más endeudada, y dependiente del Fondo de Liquidez Autonómico, es la que tiene mayor número de impuestos.

Las sospechas de los fiscalistas consultados por este periódico coinciden con las de la Junta de Andalucía. Su consejera de Hacienda, Carolina España, ha sido así de contundente en su conversación con TO. «Este modelo huele a humo, a promesa electoral negociada de manera unilateral con una persona, como Oriol Junqueras, inhabilitada y luego amnistiada, quien al parecer, ahora nos va a decir cómo distribuimos los impuestos de todos los españoles. Una persona que además se quiere separar del resto de España, cuando son los ciudadanos los que tributan, no los territorios. Pero esta ministra andaluza no lo quiere ver y prefiere beneficiar al independentismo y que las desigualdades de Andalucía no acaben».

La sospecha de nuevos impuestos

Además de las críticas del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Carolina España también ha reprochado a Montero querer cargarse la autonomía fiscal de las comunidades, armonizando -«es decir, subiendo impuestos– y queriéndonos imponer el impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuando los ciudadanos no pueden más, porque están cansados de pagar más impuestos, en lugar de apretarse ella el cinturón del gasto público».

Para Eligio Taboada, presidente de la Asociación Stop Sucesiones, «el nuevo modelo de financiación autonómica de María Jesús Montero no es más que otra vuelta de tuerca fiscal; más cesión de impuestos para gastar más, sin exigir eficiencia ni responsabilidad. Y lo más grave es la intención de integrar el impuesto de Sucesiones y Donaciones en el sistema común, lo que en la práctica supone retirar a las comunidades autónomas la capacidad real de bonificarlo o eliminarlo, blindando un tributo injusto que culmina una auténtica imposición sobre el ahorro, ya gravado previamente por IRPF o Sociedades y posteriormente por IBI, Patrimonio y plusvalía municipal».

«En ningún momento —señala Taboada— se aborda el gasto público estéril o socialmente innecesario, embajadas autonómicas, organismos paralelos o estructuras creadas para colocar afines. Porque han olvidado que gobernar implica responsabilidad fiscal no solo en los ingresos, sino también, y sobre todo, en el control del gasto. Por tanto, no se trata de mejorar la financiación, sino de garantizar más recaudación para sostener un Estado sobredimensionado que convierte al contribuyente en su financiador cautivo, en un cajero automático».

¿De dónde saldrán 21.000 millones más?

Con 21.000 millones más para la financiación de las comunidades autónomas del régimen general no antes de 2027 —de los cuales, 4.700 millones van para Cataluña; es decir, el 22% del total del incremento que este viernes propuso Montero—, el inspector de Hacienda Francisco de la Torre se pregunta de dónde va a sacar el Gobierno todos los años 21.000 millones de euros si no es con más déficit o con más impuestos.

Pero para la dirigente socialista andaluza esta entrada de dinero a las comunidades autónomas no tiene por qué suponer un problema para las arcas del Estado, porque España —subrayó— goza de un «dinamismo» económico extraordinario y la muestra evidente es el incremento de la recaudación tributaria. Y si eso no fuera suficiente, añadió la número dos del Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio de Hacienda se plantea limitar el dumping fiscal a aquellos territorios donde, mientras el Estado «hace un esfuerzo» por financiarlas, luego «estos territorios deciden no cobrar impuestos».

Para evitar lo que en opinión de Montero es un «vaciamiento fiscal» por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, la ministra plantea crear una nueva figura tributaria en la línea de impuesto a las grandes fortunas, que fue un impuesto —destacó— que «marcó el camino». Además, en su opinión, no se puede permitir a las comunidades gobernadas por el Partido Popular —con mención expresa a Madrid— que el dinero que reciben de la financiación autonómica se destine «a las universidades privadas o la sanidad privada, y los ciudadanos no sean capaces de ver dónde está ese dinero», porque no repercute sobre la mejoría de los servicios públicos.

Un horizonte lejano

El economista José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, señala a THE OBJECTIVE que el modelo planteado por María Jesús Montero es una «trampa» diseñada para contentar a los nacionalistas y sobre todo para penalizar a aquellas autonomías que hacen uso de esa capacidad, como así recoge la Constitución, y deciden bajar impuestos.

Con muy pocas opciones de que la propuesta de María Jesús Montero salga adelante en el Congreso de los Diputados —aventura De la Torre, uno de los coautores de La factura del cupo catalán, junto a Jesús Fernández-Villaverde—, el modelo de la ministra socialista «se queda a medio camino de lo que pedía ERC, que encima ya ha dicho que con esos 4.700 millones más para la financiación de Cataluña no tiene suficiente para poder garantizar el presupuesto de Salvador Illa ni tampoco los Presupuestos Generales del Estado de 2026».

En cualquier caso, la propuesta de financiación no está previsto que entre en vigor antes de 2027, ya que ni siquiera existe un anteproyecto de ley. La titular de Hacienda ha afirmado que tendrá que reunir primero al Consejo de Política Fiscal y Financiera —convocado ya para este miércoles—, después, de manera bilateral, a las comunidades autónomas —lo que rechazan las administraciones gobernadas por el PP—, y tras pasar varias veces por el Consejo de Ministros y la exposición a audiencia pública pertinente, entonces llegaría al Parlamento, donde tampoco hay horizonte de Presupuestos.

Un fondo climático

Esta nueva propuesta incluye la cesión del IRPF del 50% al 55%, del IVA del 50% al 56,5% y la cesión también de otros impuestos como el de Patrimonio —que ya estaba cedido—, el de actividades de juego, residuos de vertederos e impuestos de depósitos bancarios, figuras tributarias que, en opinión del catedrático de Derecho Fiscal y Financiero de la Universidad de Santiago de Compostela César García Novoa no aportan grandes cantidades de dinero a la recaudación.

Además, conlleva en su diseño ajustes adicionales para que las comunidades que quieran soliciten recibir parte de la recaudación del IVA de las pymes instaladas en sus territorios, durante un periodo de al menos cinco años, así como un Fondo Climático dotado con 1.000 millones, de los que dos tercios se repartirán con el criterio de población ajustada del litoral mediterráneo. Y el otro tercio, 333 millones, a repartir entre el resto de España.

Preocupante cesión de competencias

Como ya habían avanzado fuentes de Hacienda en el Congreso Nacional de Inspectores de Hacienda del Estado, el modelo de Montero postula una gestión en red para que todas las agencias tributarias, la nacional y las autonómicas trabajen de manera conjunta. Asimismo, se prevé que el Fondo de Compensación Interterritorial abarque un tramo específico de 3.300 millones de euros, equivalente al diferencial de cada comunidad autónoma, respecto a la media de la financiación por habitante.

«Un modelo complejo —sin despejar la periodicidad de las entregas a cuenta—, sólido, justo y transparente», señaló María Jesús Montero, que está en las antípodas de lo que postula la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Estos elevan su desacuerdo con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la ministra de Hacienda y remarcan que, «al margen del debate estrictamente financiero —cuestión que corresponde valorar a las propias comunidades autónomas para determinar si realmente responde a sus intereses y a sus expectativas—, introduce de forma preocupante la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria a aquellas comunidades con mayor vocación de autogobierno».