SOS Rural aplaude la decisión del Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo UE-Mercosur 

La plataforma ciudadana SOS Rural ha mostrado su satisfacción por la paralización del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur —espacio de libre comercio fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— durante un periodo estimado de 18 a 24 meses, tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo de someterlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Esta remisión, que supone la parálisis inmediata de un acuerdo que condenaba a la ruina al sector primario español a cambio de intereses industriales y geopolíticos ajenos a nuestra tierra, supone un respiro necesario para el sector agrícola y ganadero europeo y corrobora las preocupaciones que venimos planteando de forma insistente», resalta Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

En este sentido, la plataforma ciudadana SOS Rural considera «inaceptable» el acuerdo de la UE con el Mercosur porque institucionaliza la competencia desleal, algo que ya ocurre en Acuerdos Comerciales como el de Marruecos o Suráfrica, ya que expone al campo español a la falta de reciprocidad normativa —con exhaustivos controles para los productores europeos mientras para el Mercosur opera bajo esquemas de «cooperación administrativa» y auditorías posteriores—, a salvaguardias reactivas e ineficaces —que solo se activan cuando el daño económico ya está consumado y la campaña agrícola perdida— y a la ausencia de trazabilidad real —sin un sistema de inspecciones sistemáticas y homogéneas en origen ni controles reforzados en frontera—. «Esperamos que estos dos años sirvan para rediseñar un marco comercial basado en la justicia y la reciprocidad, no en la asimetría que perjudica por sistema a nuestros agricultores y ganaderos», argumenta Corbalán. 

Asimismo, SOS Rural lamenta la estrategia de la Comisión Europea de «trocear» el acuerdo para evitar el voto de los parlamentos nacionales, un fraude de ley que pretendía hurtar el debate democrático a los Estados miembros para imponer una competencia desleal masiva. 

Sustancias prohibidas

El acuerdo que ahora se paraliza de forma temporal condenaba al campo español a la ruina, con una liberalización progresiva de grandes contingentes procedentes del Mercosur que amenazaba con arruinar a los productores europeos de productos agrícolas de base, caracterizados por márgenes reducidos y una elevada exposición a la volatilidad de precios —como los cítricos, las manzanas, las peras, las hortalizas frescas, el arroz, la caña de azúcar, la miel o la carne de vacuno, ave o cerdo—. «El pacto comercial ahora congelado exigía al campo europeo un modelo basado en los más altos estándares de calidad, trazabilidad y protección al consumidor, mientras se permitía la entrada de mayores cantidades de productos del Mercosur sin los mismos controles y exigencias en las normas de producción», recalca Corbalán.

En este sentido, SOS Rural recuerda que se han registrado miles de alertas sanitarias procedentes de países de Mercosur —sobre todo Brasil— en el periodo 2020-25, como la salmonella resistente a antibióticos en carne de ave, la hormona estradiol 17-β prohibida en Europa por su potencial cancerígeno y residuos de plaguicidas prohibidos en España como el clorpirifos. Así, el acuerdo permite, por ejemplo, que en Brasil se usen más de un 80% de sustancias prohibidas a nuestros agricultores —como el estradiol—, que ya desataron una alerta sanitaria en Europa por carne procedente de aquel país, mientras a nuestros ganaderos se les prohíbe el uso de cualquier hormona bajo sanciones severas. De igual manera, mientras el uso de antibióticos para que los animales engorden más rápido está prohibido en España desde 2006, en países del Mercosur se utilizan antibióticos en el pienso de forma preventiva y como promotores del crecimiento. «Un ganadero de vacuno en Castilla y León o Extremadura tiene costes mucho más altos porque tarda más tiempo en criar al animal, mientras llega carne dopada de Brasil con un crecimiento acelerado que aquí es ilegal», destaca Corbalán. 

Asimismo, y en virtud de argumentos ambientalistas, España ha prohibido insecticidas como el Tiametoxam o el Imidacloprid porque afectan a las abejas, mientras en el Mercosur estos químicos son legales y se usan de forma intensiva en el cultivo de cítricos y caña de azúcar. «No pedimos proteccionismo, exigimos que, si una sustancia se considera peligrosa en España, también se controle su presencia en los productos procedentes del exterior, ya que lo contrario compromete nuestra seguridad alimentaria y pone en peligro la renta agraria y la viabilidad de miles de explotaciones, trasladando el riesgo al productor y al consumidor europeo», defiende la portavoz de SOS Rural.

PSOE y PP contra la remisión

La resolución que ha propiciado la remisión del acuerdo comercial al TJUE se ha impulsado desde una coalición transversal de eurodiputados con distintos intereses. Los Verdes y The Left —formación que aglutina a Podemos y a Sumar—, fueron los primeros en mover ficha resaltando ese «fraude de ley» que supone la división del acuerdo en dos partes —comercial y política—. Por su parte, Patriots —grupo al que pertenece Vox— alegó en su resolución —que más tarde decaería— que el acuerdo con el Mercosur suponía un impacto muy negativo para el campo europeo e invadía competencias estatales. Mientras, el Partido Popular Europeo apostaba de forma oficial por no remitir el acuerdo al TJUE, si bien delegaciones con gobiernos críticos —como Francia, Polonia o Austria— rompieron la disciplina de voto y apoyaron llevarlo a alto tribunal europeo.  

En referencia a los Miembros del Parlamento Europeo (MEPs) españoles, los socialistas han votado en contra de elevar el tema al TJUE —ya que defienden que el acuerdo es estratégico y que paralizarlo ahora es un error geopolítico grave ante la competencia de China y EEUU—, los populares también han votado en contra de la remisión —argumentando que Europa necesita este acuerdo para no quedar aislada comercialmente—, mientras que Vox ha votado a favor de llevarlo al TJUE —ya que, a su juicio, el fraude de ley destruye el campo y la Comisión se ha extralimitado en sus funciones— y Sumar/Podemos/ERC han votado a favor de la remisión al alto tribunal europeo, criticando la falta de garantías ambientales y el método de ratificación «por la puerta de atrás». «Resulta desolador observar cómo los representantes del PSOE y del PP españoles han votado de la mano para intentar acelerar el acuerdo, dándole la espalda a sus propios agricultores y ganaderos», lamenta Corbalán. 

Próximos pasos

Pese al paréntesis de al menos 18 meses abierto por la remisión del acuerdo al TJUE, SOS Rural no bajará la guardia y seguirá exigiendo cláusulas espejo reales —impidiendo así que entre un solo gramo de productos que no cumplan las mismas exigencias que Europa— y la defensa de la soberanía alimentaria —de manera que este tiempo muerto sirva para enterrar un acuerdo que solo beneficia a las grandes corporaciones y destruye el tejido social del mundo rural—.

«Exigimos a los gobiernos nacionales y a las instituciones europeas que rechacen el pacto comercial siempre que no se den las condiciones imprescindibles para su aplicación, como una reciprocidad normativa real, un refuerzo efectivo de los controles en origen y en frontera, una aplicación ágil y preventiva de las salvaguardias y un diálogo permanente con el sector agrario», defiende Corbalán, quien ha calificado el acuerdo de la UE con el Mercosur como «jurídicamente nulo y moralmente inaceptable».