Anatomía del fracaso económico y social del Gobierno de Sánchez

Durante los últimos años, la narrativa oficial del Gobierno socialista ha insistido en presentar una imagen de recuperación económica, empleo creciente y avance social sostenido. Este relato, que resuena en ruedas de prensa, discursos institucionales y estadísticas seleccionadas, ha generado en algunos sectores una percepción virtual de mejora tangible que no se corresponde con lo que experimenta la mayoría de la población española.

La economía, en términos macroeconómicos, puede crecer virtualmente, pero cuando se escudriñan los indicadores que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas –como la pobreza, la exclusión social, la desigualdad o las condiciones de inserción laboral y acceso a la vivienda– emerge un paisaje que contradice el triunfalismo oficial que vende la propaganda socialista.

El relato frente a la realidad social

Uno de los pilares centrales del discurso económico del Gobierno socialista es la reiterada alusión al crecimiento del PIB como prueba irrefutable de una gestión eficaz y social. Sin embargo, desde una perspectiva analítica rigurosa esta afirmación resulta, cuando menos, discutible. No todo crecimiento es sinónimo de buena política económica, ni todo incremento del PIB puede atribuirse, sin más, a la acción del Gobierno.

Los datos de crecimiento de la economía española, frecuentemente esgrimidos como un éxito gubernamental, dicen más de la resiliencia del tejido empresarial español que de la orientación de las políticas públicas. Empresas, autónomos y empresarios han seguido generando actividad, empleo y valor añadido a pesar de un entorno normativo crecientemente intervencionista y de una presión fiscal en ascenso, no gracias a él. 

La experiencia histórica demuestra que el dinamismo económico en España ha estado tradicionalmente vinculado a la iniciativa privada, la internacionalización de las empresas, el turismo, las exportaciones y la capacidad de adaptación de los agentes económicos a contextos adversos. En el periodo reciente, marcado por el desgobierno socialista, lejos de configurarse un marco especialmente favorable a la empresa –con seguridad jurídica reforzada, estabilidad regulatoria y estímulos a la inversión productiva– se ha producido un incremento de la carga fiscal, una mayor complejidad normativa y un uso intensivo de la regulación como herramienta política.

«Que el PIB crezca no implica que dicho crecimiento sea consecuencia directa de las decisiones de Moncloa»

Resulta problemático y a la vez asombroso que el Ejecutivo confunda correlación con causalidad. Que el PIB crezca no implica que dicho crecimiento sea consecuencia directa de las decisiones de Moncloa. Muy al contrario, numerosos indicadores sugieren que la economía española crece a pesar del PSOE y de la desconfianza internacional que genera la corrupción institucional que está apareciendo.

Un segundo elemento que exige una lectura crítica es el impacto de la inflación sobre los datos de crecimiento. Una parte relevante del aumento del PIB en términos nominales se explica por el incremento generalizado de los precios, no por un crecimiento real equivalente de la producción o de la renta disponible de los hogares.

En contextos inflacionarios, el PIB puede crecer mientras el poder adquisitivo de las familias se reduce. Este fenómeno –bien conocido en la literatura económica– provoca una distorsión estadística que permite exhibir cifras macroeconómicas positivas mientras la economía real, la que se vive en los hogares, se deteriora. El encarecimiento de bienes esenciales como la energía, los alimentos y, especialmente, la vivienda, ha neutralizado buena parte de cualquier mejora salarial o incremento de ingresos nominales. La propaganda socialista se da de bruces aquí con la realidad cotidiana de una persona normal y corriente a cargo de un pequeño negocio, o yendo a hacer su compra al supermercado, o pagando sus facturas domésticas.

Desde esta perspectiva, el crecimiento del PIB español reciente debe interpretarse con cautela. No refleja necesariamente una mejora del bienestar, sino en buena medida un ajuste contable derivado del aumento de precios. El Gobierno socialista pretende ignorar esta distinción fundamental entre crecimiento nominal y crecimiento real, especialmente cuando se utiliza el primero como argumento legitimador de políticas públicas.

Otro factor clave en la narrativa del crecimiento es el aumento histórico de la recaudación fiscal, derivado tanto de la inflación como de la ampliación de bases imponibles y del incremento de figuras tributarias. El Estado recauda más no porque la economía sea estructuralmente más próspera, sino porque los precios son más altos y la presión fiscal es mayor.

Este aumento de ingresos ha permitido a Sánchez sostener un gasto público creciente, que a su vez impulsa artificialmente el PIB a corto plazo. Sin embargo, desde una perspectiva de sostenibilidad financiera, este modelo plantea serias dudas. El crecimiento basado en gasto público financiado por una mayor carga fiscal o por deuda pública no es sinónimo de fortaleza estructural, sino, en muchos casos, de aplazamiento de desequilibrios. Es sabido que Sánchez no se ha guiado nunca por una visión de Estado ni una orientación a largo plazo. Pero parece claro que cuando salga de la Moncloa, va a dejar un panorama sombrío y estructuralmente comprometido para las próximas generaciones. 

«Cuando Sánchez salga de la Moncloa, va a dejar un panorama sombrío y estructuralmente comprometido»

El problema no es el gasto público en sí –instrumento legítimo del Estado social–, sino su utilización como motor principal del crecimiento económico, desplazando a la inversión privada y generando dependencia del ciclo presupuestario. Este enfoque debilita la autonomía de los agentes económicos y aumenta la vulnerabilidad del sistema ante cambios en las condiciones financieras o fiscales. Y expone a España a una situación de máxima vulnerabilidad en caso de que la economía occidental vuelva a atravesar una crisis internacional. 

El error de fondo del discurso triunfalista del Gobierno socialista reside en elevar el crecimiento del PIB a categoría casi exclusiva de éxito político, ignorando que dicho indicador es, por definición, limitado e insuficiente para medir el bienestar social. Un país puede crecer y, al mismo tiempo, empobrecer a amplias capas de su población, aumentar la desigualdad y precarizar el empleo. 

En resumidas cuentas, el crecimiento económico reciente, analizado en profundidad, no ha revertido los problemas estructurales de pobreza, exclusión social y desigualdad, como muestran de forma contundente los informes sociales más solventes que mencionaremos en el siguiente apartado. Por ello, presentar esto como una prueba de una mejora generalizada no solo es conceptualmente erróneo, sino políticamente irresponsable.

Desigualdad, pobreza y exclusión social

Los datos empíricos más recientes desmienten de forma rotunda cualquier intento de presentar la situación social española como un éxito de gestión. Las cifras del 15.º Informe sobre el Estado de la Pobreza, elaborado por la European Anti-Poverty Network (EAPN), resultan particularmente elocuentes. Al cierre de 2024, el 19,7% de la población –prácticamente una de cada cinco personas– se encontraba en riesgo de pobreza. Se trata de un indicador persistente y estructural que el Gobierno no ha sabido resolver.

En la misma línea, la OCDE advertía en su informe Tener y no tener: cómo superar la brecha de oportunidades (septiembre de 2025) de un fenómeno especialmente preocupante desde el punto de vista socioeconómico: el ascensor social en España está seriamente averiado. El organismo sitúa a España en la parte alta del ranking de desigualdad, con un índice cercano al 37 %, muy por encima de la media de los países de la OCDE, situada en torno al 28 %. Más inquietante aún es la constatación de que esta desigualdad no solo persiste, sino que se intensifica y golpea con mayor dureza a las generaciones más jóvenes, comprometiendo la igualdad de oportunidades y la movilidad intergeneracional.

Este diagnóstico es plenamente coherente con las conclusiones del IX Informe FOESSA, que confirma que España arrastra una de las tasas de desigualdad más elevadas de Europa y que la exclusión social afecta ya a más de 4,4 millones de personas. Lejos de tratarse de un fenómeno marginal, la exclusión se ha integrado en el funcionamiento ordinario del mercado de trabajo. La precariedad laboral –presentada por el discurso del Gobierno socialista como una disfunción residual– se ha convertido en una nueva normalidad estructural, afectando a casi la mitad de la población activa (47,5 %), lo que equivale a 11,5 millones de personas atrapadas en distintas formas de inseguridad laboral.

«El crecimiento económico reciente, no ha revertido los problemas estructurales de pobreza, exclusión social y desigualdad»

Uno de los datos más reveladores del fracaso del modelo es que más de un tercio de la población en situación de exclusión moderada o severa se encuentra trabajando, lo que desmonta definitivamente la ecuación entre empleo y bienestar que el Gobierno de Sánchez insiste en sostener. El trabajo, con este Gobierno, ha dejado de ser garantía suficiente de integración social.

La situación es aún más grave entre los jóvenes. Según FOESSA, 2,5 millones de jóvenes viven en una situación de bloqueo vital, atrapados en una precariedad estructural caracterizada por altas tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos, que en muchos casos duplican la media nacional. Esta realidad no solo limita sus expectativas económicas inmediatas, sino que condiciona de manera duradera sus trayectorias vitales, retrasando la emancipación, la formación de familias y la acumulación de capital humano y patrimonial.

En conjunto, estos datos dibujan un panorama incompatible con cualquier discurso oficial de éxito económico o con metáforas como la de que «la economía española va como un cohete». No se trata de una crisis pasajera ni de un ajuste transitorio, sino de un empobrecimiento social progresivo, sostenido en el tiempo, que cuestiona la capacidad del actual Gobierno y de sus políticas públicas vigentes para cumplir con los principios básicos de cohesión, equidad y progreso social que deberían guiar a un Estado social y democrático de derecho.

Un hallazgo particularmente alarmante que trata de ocultar el Gobierno es el impacto de la pobreza en la infancia y la juventud. El Informe FOESSA revela que aproximadamente el 29 % de los menores de edad en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las cifras más altas de la UE. España es el segundo país de la UE con la peor cifra de pobreza infantil (34,6 %), solo superada por Bulgaria. 

Este dato resume la incapacidad del Gobierno para generar bienestar y progreso real porque representa generaciones enteras con reducidas oportunidades de movilidad social y bienestar económico. La precariedad laboral que sufren muchos jóvenes –a menudo en empleos temporales, de baja remuneración o sin perspectivas estables– se traduce en una dependencia prolongada del entorno familiar y en dificultades crecientes para emanciparse. 

Tras más de siete años en la Moncloa, Sánchez ha fracasado rotundamente porque la incompetencia de su Gobierno ha conducido a una concentración de la riqueza, combinada con el estancamiento de los salarios reales de grandes segmentos de la población, dando lugar así a una fractura económica que las cifras agregadas de crecimiento no reflejan adecuadamente. Si a Sánchez se le acabara el ciclo económico, se repetiría nuevamente el desastre social causado en el final del mandato de Zapatero (2009-2011). 

La desconexión entre lo macro y lo micro

Este contraste, cada vez más visible, entre la expansión de los indicadores macroeconómicos y el deterioro –o, en el mejor de los casos, estancamiento– de las condiciones materiales de vida de amplias capas de la población española, adquiere rasgos propios y particularmente intensos, hasta el punto de configurar lo que diversos analistas han denominado un modelo de crecimiento sin inclusión, o incluso de crecimiento socialmente disociado.

Desde un punto de vista estructural, esta disociación puede explicarse por la concurrencia de varios factores interrelacionados. En primer lugar, la precariedad del mercado de trabajo sigue siendo uno de los principales vectores de desigualdad. A pesar del incremento del empleo registrado en términos agregados, los datos de la Encuesta de Población Activa y de Eurostat muestran que una proporción significativa de los nuevos puestos de trabajo se concentra en segmentos de bajo valor añadido, salarios reducidos y trayectorias laborales inestables, con escasa capacidad de generar seguridad económica a medio y largo plazo. 

El empleo creado, en demasiados casos, no garantiza la salida efectiva de la pobreza, dando lugar al fenómeno de los «trabajadores pobres», ampliamente documentado por organismos internacionales. El Gobierno socialista con sus políticas fallidas no sólo no pone remedio a este fenómeno, sino que lo está agravando.

A la referida fragilidad laboral se suma el impacto persistente de la inflación en bienes esenciales, especialmente en aquellos con una elasticidad reducida de la demanda, como la vivienda, la energía y los alimentos. Aunque las tasas generales de inflación han mostrado cierta moderación reciente, el encarecimiento acumulado de estos bienes ha provocado una erosión significativa del poder adquisitivo real, particularmente en los hogares de renta media y baja. Los datos del INE y de Eurostat confirman que los salarios reales no han compensado plenamente el aumento del coste de la vida, lo que explica la creciente sensación de empobrecimiento relativo incluso entre sectores tradicionalmente integrados en la clase media. No es exagerado afirmar que la izquierda está haciendo todo lo posible por destruir a la clase media española. Sin clase media la izquierda puede aumentar su populismo y polarización. 

«Aproximadamente el 29 % de los menores de edad en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las cifras más altas de la UE»

Un tercer elemento clave es la profunda segmentación territorial de la economía española, que fractura la unidad de mercado y la coherencia del Estado autonómico. Un Gobierno sostenido por fuerzas que no creen en la unidad de España ni tienen como principio el bien común de toda la población española sino solamente el de sus regiones, ha contribuido también a una asimetría y distorsión del modelo territorial, afectando a la capacidad de la Administración General del Estado para ordenar la actividad económica de todo el territorio nacional. 

La irresponsable cesión y humillación del Gobierno de Sánchez hacia sus socios para salvaguardar su investidura y prolongar su permanencia en el poder a costa de lo que sea –incluida la fragmentación y desvertebración territorial, administrativa y económica de España–, está impactando en amplias zonas del interior que experimentan una combinación de menor crecimiento, menor calidad del empleo y estancamiento de rentas. Esta asimetría territorial no solo amplifica la desigualdad económica, sino que también debilita la cohesión social y limita la eficacia de las políticas redistributivas de ámbito estatal.

«Los nuevos puestos de trabajo se concentran en segmentos de bajo valor añadido, salarios reducidos y trayectorias laborales inestables»

En conjunto, estas dinámicas estructurales explican por qué el crecimiento económico reciente no se traduce en una mejora equitativa del bienestar, sino, por el contrario, en una intensificación de la desigualdad y en una percepción generalizada de precariedad y declive social. La economía crece, pero lo hace de manera virtual, asimétrica, excluyente y cada vez más desvinculada de la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos, consolidando una brecha preocupante entre un falsario éxito macroeconómico proclamado y la realidad microeconómica diaria. 

El relato oficial contra la experiencia cotidiana

Como hemos argumentado, el relato de una supuesta prosperidad económica –soportada en cifras de crecimiento del PIB, creación de empleo agregado y otros indicadores macroeconómicos– ha generado un efecto de brecha cognitiva entre lo que los datos agregados sugieren y lo que millones de ciudadanos experimentan a diario. 

Esta desconexión tiene consecuencias políticas y sociales profundas. Primero, socava la confianza en las instituciones públicas. Cuando el discurso institucional no se corresponde con las experiencias cotidianas de las familias –que lidian con alquileres inasequibles, salarios insuficientes, obstáculos para la emancipación o pobreza infantil creciente– la percepción de que la política económica está desconectada de la realidad se profundiza. 

El relato de Sánchez no sólo mina la confianza en el PSOE, ya bajo mínimos a medida que emergen y se desmantelan sus redes de corrupción, sino que también mina la confianza social en las instituciones, en los poderes públicos y en sus representantes. Afecta a la toda la institucionalidad y funcionamiento de la democracia española y a la proyección exterior de España. 

«La economía crece, pero de manera virtual, asimétrica, excluyente y cada vez más desvinculada de la experiencia cotidiana»

En segundo lugar, esta desconexión alimenta la polarización social y política. Sectores que no se benefician de las mejoras macroeconómicas perciben que los ministros y portavoces del PSOE y de sus socios hablan en un idioma diferente al de la ciudadanía. Esta brecha narrativa puede traducirse lógicamente en desafección política, desconfianza y resentimiento social, sobre todo si va acompañada de una cuantiosa dosis de hipocresía y cinismo con respecto a la corrupción institucional del PSOE que estamos presenciando. 

Los datos de crecimiento de la economía española no dicen tanto de la labor del Gobierno sino de las empresas y empresarios españoles que, a pesar de las políticas socialistas, son capaces de prosperar y seguir generando riqueza, soportando una fiscalidad e intervencionismo administrativo crecientes.La verdadera métrica del progreso no está sólo en el crecimiento del PIB, sino en la reducción efectiva de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, es decir, en la capacidad de un país para ofrecer una vida digna y oportunidades reales a cada uno de sus habitantes.

«La estadística deja de ser instrumento de conocimiento para convertirse en herramienta de propaganda»

El decorado sanchista se tambalea

Conviene, para cerrar este análisis, introducir un breve inciso –inevitablemente incómodo– sobre algunos elementos que el relato triunfalista suele relegar a nota a pie de página en el mejor de los casos. En primer lugar, la creciente desconfianza en la contabilidad nacional y del empleo, alimentada por las reservas expresadas desde instancias comunitarias ante la forma en que el Ministerio de Economía suministra determinados datos. Cuando los indicadores de algunas instituciones públicas requieren de explicaciones cada vez más sofisticadas para resultar creíbles, el problema ya no es técnico, sino político. La estadística deja de ser instrumento de conocimiento para convertirse en herramienta de propaganda.

A ello se suma una anomalía institucional de primer orden, que no debería ser asumible por ningún gobernante democrático responsable, como es la ausencia prolongada de Presupuestos Generales del Estado, que en cualquier democracia madura debería actuar como un freno efectivo al gasto discrecional y al endeudamiento continuado. Aquí, sin embargo, la excepcionalidad se ha normalizado, permitiendo que el Ejecutivo del PSOE siga gastando y comprometiendo recursos futuros sin el respaldo parlamentario que exige la Constitución, como si la prórroga presupuestaria fuera una virtud de gestión y no un síntoma de debilidad política.

Y, finalmente, resulta difícil ignorar el ruido atronador de fondo a medida que avanzan las investigaciones abiertas, sumarios en curso y se descubren los entramados de presunta corrupción que afectan a personas y redes vinculadas al PSOE, al propio entorno gubernamental y a la esfera familiar de Sánchez. El Gobierno que se presentó como garante del progreso y de la transparencia se encuentra chapoteando en un lodazal de turbios escándalos.

En este contexto, el triunfalismo cuidadosamente escenificado por Sánchez no solo se revela empíricamente frágil, sino que comienza, además, a resistirse al maquillaje retórico con el que durante años se ha pretendido disimular sus inconsistencias. Cuando faltan presupuestos que ordenen la acción pública y proliferan indicios de corrupción en el ámbito del PSOE que erosionan la confianza institucional, el desajuste deja de ser estrictamente económico. Se convierte, ante todo, en una crisis de credibilidad democrática, donde ya no es el dato solamente lo que falla, sino la legitimidad del relato que pretende sostenerlo.