Planificación o mercado: el dilema energético que decide el futuro digital de España
«España tiene los recursos, el talento y la ubicación para competir. Necesita un marco que premie la inversión»
La carrera internacional por atraer centros de datos y proyectos de inteligencia artificial no se está librando en el terreno de los discursos, sino en el de los megavatios. Allí donde hay potencia eléctrica firme, rápida y predecible, llegan las inversiones. Donde no la hay, se van.
El gráfico que acompaña este artículo muestra una realidad incómoda: en los nodos críticos —especialmente en Madrid y Aragón— la presión de demanda supera ampliamente la capacidad liberada por la administración en 2025 y 2026. Aunque el plan oficial prevé una expansión significativa hasta 2030, la brecha persiste durante varios años. Y en el mundo de la IA, cuatro años son una eternidad.
El problema no es que España carezca de ambición digital. Tampoco que no exista planificación. Además de una regulación pensada más en el funcionario que en el empresario, el problema es el exceso de planificación centralizada y la escasez de competencia efectiva en el acceso a la red.
El modelo actual descansa en una lógica administrativa: la capacidad se libera mediante planes quinquenales (de reminiscencias tan soviéticas…), concursos y resoluciones regulatorias. Las inversiones en transporte eléctrico dependen de autorizaciones políticas y marcos cerrados que no se adaptan con agilidad a la demanda real. El resultado es un desfase estructural entre el ritmo del mercado, el del regulador y el del funcionario que deniega o aprueba, analógico en un mundo digital.
Mientras tanto, la demanda no espera. Los operadores globales de centros de datos —impulsados por el auge de la computación en la nube y la IA generativa— necesitan certezas en meses, no en legislaturas. Francia, Italia o los países nórdicos están ofreciendo entornos regulatorios más flexibles y mayor competencia en infraestructuras. España, en cambio, sigue atada a un esquema en el que el acceso a la red es un recurso escaso distribuido administrativamente, donde la diferencia entre existir y morir la marca una fila en un Excel.
Este modelo no es neutro ideológicamente. Responde a una concepción del desarrollo económico en la que el Estado decide prioridades y canaliza recursos a través de subsidios y planes sectoriales, bajo la premisa —aún hoy— de que cuatro reunidos en un despacho saben más que un sistema que asigna los recursos escasos en función del precio. Sin embargo, la riqueza sostenible no se crea asignando megavatios desde un despacho, sino permitiendo que la inversión privada responda a señales de precio claras y a reglas estables.
El énfasis en el subsidio —en lugar de en la competencia— tiene un coste de oportunidad. Cada proyecto que se retrasa o se traslada al extranjero implica empleo cualificado, innovación y base fiscal (sí, impuestos) que no se genera en España. Y en un sector como el de la IA, la concentración geográfica importa: los ecosistemas tecnológicos tienden a consolidarse donde primero se instalan las infraestructuras.
¿Qué alternativas existen?
Primero, introducir mayor competencia en la infraestructura de red, permitiendo más participación privada en nuevas líneas y subestaciones para grandes consumidores, que están dispuestos a pagarlas; tanto, que ya pagan duplicaciones de cables que entregan a la distribuidora por contrato. Segundo, establecer mecanismos de mercado más transparentes para la asignación de capacidad, donde el precio refleje la escasez y permita financiar ampliaciones más rápidas. Tercero, flexibilizar la planificación para que la expansión de la red responda dinámicamente a la demanda empresarial, en lugar de depender exclusivamente de calendarios administrativos rígidos.
Nada de esto implica desregulación irresponsable. Implica reconocer que, en sectores tecnológicos de rápida evolución, la velocidad es un activo estratégico. Si la capacidad eléctrica llega en 2030 cuando la ola inversora fue en 2025, el problema no será de megavatios, sino de oportunidad.
España tiene los recursos energéticos, el talento y la ubicación geográfica para competir. Lo que necesita es un marco que premie la inversión y la competencia, no la espera y la tramitación. En la economía en general, y en la digital en particular, la planificación no es neutral; es la garantía del racionamiento frente a la abundancia.