El lastre regulatorio del ‘sanchismo’: 200 leyes cuestan 90.000 millones de euros al año

El exceso de regulación cuesta a la economía española 90.000 millones de euros al año, cifra equivalente a un 4% del producto interior bruto (PIB) o a tres cuartas partes de la recaudación del impuesto a la renta (IRPF). Son estimaciones del Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), que calculan que la mayor parte de este coste corresponde a las leyes aprobadas por el Gobierno que preside Pedro Sánchez desde 2018, si bien la hiperactividad legislativa ha sido especialmente dañina a partir de 2020. Los expertos que han elaborado el informe Desenredar España atribuyen una parte minoritaria de este lastre a los Ejecutivos de Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, aunque su impacto específico se analizará en próximos estudios.

Ambas instituciones han llevado a cabo un análisis exhaustivo de las 243 leyes del sanchismo y llegan a la conclusión de que cerca de 200 —un 84% del total— son superfluas, rígidas, intervencionistas o perjudican el crecimiento, cargando sobre la economía un exceso de costes regulatorios. La situación afecta a todos los sectores de actividad, pero especialmente al de la construcción, con el consecuente encarecimiento de las viviendas.

Para auditar miles de folios de legislación publicada en el Boletín Oficial del Estado, los especialistas han desarrollado la pionera herramienta de big data e inteligencia artificial Spain-Desreg, en la que ven potencial para escudriñar el muro regulatorio de España, pero también de la Unión Europea, ahora que líderes del bloque como el canciller alemán, Friedrich Merz, reclaman una simplificación administrativa.

De todos los textos legislativos revisados, los autores del informe, que creen que sus hallazgos pueden ayudar a concretar los compromisos de la oposición de derogar el sanchismo, solo salvan un 16%, mientras que alertan de que el resto necesita ser derogado o reformado en profundidad. De los dos centenares de leyes restantes, un 23% podrían ser derogadas de forma «inmediata» con una mayoría simple en las Cortes. Otro 13% también puede ser derogado, pero su aprobación estuvo vinculada a fondos Next Generation —es el caso de la ley de vivienda—, aunque ello no supone un freno siempre y cuando se argumenten los motivos a Bruselas. Un 33% adicional de las normativas son transposiciones de directivas europeas, pero que añaden elementos de cosecha propia española que, según el informe, se deberían «simplificar de manera significativa». Ejemplo de ello es la Ley Orgánica de Protección de Datos, mucho más extensa en España que en Estonia. Por último, un 31% de la legislación requiere una reforma, pero los autores consideran que sería inviable hacerlo de forma inmediata, de modo que abogan por hacerlo con «debates amplios» y «más tiempo y espacio para la reflexión».

Un ejemplo de las normativas que decaerían, de prosperar esta propuesta de «motosierra» regulatoria, es la eliminación del despido por absentismo en 2020, que el documento vincula con el aumento del absentismo laboral del 53%. Varios países han protagonizado iniciativas de simplificación legislativa como la planteada, entre ellos, en Argentina, Estados Unidos y Polonia, la economía europea que experimenta un mayor crecimiento económico y que ha dado el sorpasso a España en renta per cápita ajustada al poder adquisitivo en la última estimación del FMI para 2026, gracias en parte a una apuesta sostenida por la desregulación.

Emilio Esteban-Hanza, coordinador del estudio por parte de CEU-CEFAS; Elio Gallego, director del centro; Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana; Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios de este laboratorio de ideas; y Rasheed Griffith, experto internacional en finanzas, políticas públicas y desregulación, subrayaron en la presentación del informe la «hipertrofia normativa» del Estado en España. Los responsables del estudio abogaron por acabar con fenómenos como la okupación y simplificar las normativas vigentes para remontar en inversión tanto de empresas locales como multinacionales. El intervencionismo tiene un efecto disruptivo en el mercado, advirtieron, y destacaron que el incremento de cotizaciones sociales a los autónomos ha provocado una caída de los trabajadores por cuenta propia, que ya son menos numerosos que los funcionarios.