El Gobierno choca con las directrices europeas al tomar por asalto la Airef

Los planes del Gobierno para nombrar presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a una alto cargo del Ministerio de Hacienda interfieren con las instrucciones de Bruselas. Fue precisamente la Unión Europea la que estableció la necesidad de crear agencias de auditoría fiscal con autonomía respecto a la autoridad presupuestaria —en este caso, Hacienda— para poder elaborar previsiones y exámenes de gestión de las cuentas públicas de una forma que garantice el cumplimiento de las normas comunitarias al respecto, por ejemplo, del déficit. Para ello, el derecho de la UE fija que «las instituciones fiscales independientes deben tener un alto grado de independencia operativa» con respecto de quien elabora los presupuestos, lo cual puede entrar en contradicción con el nombramiento de una responsable de este mismo departamento.

El nombre que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa es el de Inés Olóndriz, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona con experiencia en S&P y actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local. La presidenta saliente, Cristina Herrero, ya ha cesado al vencer su mandato improrrogable de seis años y, tal y como prevé el reglamento que regula el funcionamiento del organismo —ideado para garantizar su independencia—, Ignacio Fernández-Huertas, director de la división de Análisis Presupuestario de la AIReF, compatibilizará su responsabilidad con la presidencia en funciones del ente. El Consejo de Ministros propondrá al sucesor o sucesora y la Comisión de Hacienda del Congreso debe ratificarla. Se espera que sea un mero trámite al contar el Gobierno con los números necesarios, aunque por primera vez en la historia la mayoría será ajustada, sin el consenso esperado para una autoridad independiente del Ejecutivo. Además de su cercanía a la vicepresidenta María Jesús Montero, los asuntos que Olóndriz ha desempeñado en su puesto actual, relacionados con la financiación autonómica, son los que la han alejado de esta posibilidad de consenso. La ratificación se producirá salvo incomparecencia de los diputados, en cuyo caso el nombramiento saltaría a la comisión del Senado, donde el PP —que, como Vox, se opondrá previsiblemente a la propuesta— cuenta con mayoría.

Aunque la norma europea no recoge una prohibición expresa respecto al nombramiento de cargos gubernamentales, el reglamento 473/2013 de la UE deja claro que la fiscalización de las cuentas debe ser llevada a cabo por «organismos estructuralmente independientes u organismos dotados de autonomía funcional con respecto a las autoridades presupuestarias del Estado miembro, basados en disposiciones normativas nacionales que garanticen un nivel elevado de autonomía funcional y responsabilidad». Además, los procedimientos de nombramiento de sus miembros deben producirse «sobre la base de su experiencia y competencia».

Asimismo, Bruselas considera que garantizar «un nivel elevado de autonomía funcional», junto con «unas reglas presupuestarias numéricas estrictas para cada país», constituye «la piedra angular del marco de supervisión presupuestaria reforzada de la Unión». También en la directiva 2011/85 se exige «un análisis fiable e independiente realizado por órganos independientes u órganos dotados de autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados miembros». También indica que el incumplimiento de las reglas presupuestarias «debe llevar aparejadas consecuencias, aunque ese coste sea de carácter meramente reputacional».

Hace dos años se aprobó la directiva UE 2024/1265, que modifica la del 2011 en asuntos que conciernen a organismos como la Airef, y Bruselas ha llamado la atención al Gobierno por el retraso en la transposición de esta normativa, que aún no ha sido recogida en la legislación española. Valdis Dombrovskis, eurocomisario de Economía y Productividad, señaló en una carta remitida el pasado 16 de febrero que esta actualización «garantiza la independencia de las autoridades fiscales nacionales» y recuerda que «los Estados miembros debían haber transpuesto las disposiciones nuevas o modificadas de la Directiva antes del cierre del año 2025». Por ello, advierte que «la Comisión comprobará esta transposición en 2026» e insta a «velar por que su Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sea autónoma y tenga los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones». Esta modificación introduce nuevos elementos acerca de la independencia de estos organismos de fiscalización, que además «se someterán a evaluaciones externas periódicas realizadas por evaluadores independientes», es decir, que el propio vigilante debe ser también vigilado. Aun así, el criterio de la UE es que, al vencer el plazo de transposición, la norma empieza a tener efecto directo.

Una fuente especializada en derecho europeo señala que la generalidad del texto normativo que se da en este caso «es algo típico del derecho de la UE, porque tú no puedes excluir de la norma todos los supuestos, sino que estableces condiciones de no recibir instrucciones del Gobierno o que el nombramiento tiene que ser por mérito», y se pregunta si «alguien que ha recibido hasta ahora órdenes de una ministra va a dejar de recibir instrucciones si ahora la nombran presidenta de un organismo que debe ser independiente». Desde este punto de vista, la norma «pone condiciones y precisamente es lo que te dice, que no sea alguien dado a seguir indicaciones y no tenga ningún tipo de dependencia ni afinidad». «¿Qué otro tipo de puesto anterior puede incumplir esta condición? Precisamente este», subraya este interlocutor, que pone en duda que el procedimiento haya sido transparente como manda Bruselas, ya que no ha habido competencia ni evaluación clara, y compara este caso con el de la presidenta saliente, que contaba con «méritos claros» y «no había tenido nunca ningún tipo de cargo político».

«No me parece un buen nombramiento», coincide Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, coautor del libro La factura del cupo catalán y colaborador de THE OBJECTIVE. Argumenta que «no se puede pasar sin solución de continuidad de supervisado a supervisor» y que «las dos propuestas que ha liderado, la quita de la deuda autonómica y especialmente la nueva financiación autonómica, ponen en riesgo, especialmente la segunda, la sostenibilidad de las finanzas públicas, como dijo Cristina Herrero». Además, incide en que «no hay consenso político». «No quiero ni pensar cómo se puede tomar el siguiente Gobierno un informe de la Airef», manifiesta. El mandato de seis años es improrrogable y el Ejecutivo no puede cesar al presidente, pero la percepción de politización del organismo podría ser utilizada por los gobernantes para eludir la fiscalización poniendo en duda su autoridad.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 se aprobó, entre otros motivos, para crear la Airef, que debía actuar como árbitro externo y adoptar el papel de vigilante del cumplimiento de las reglas por parte de todas las Administraciones. En 2013 se materializa este nuevo organismo, que en 2014 empezó a presidir José Luis Escrivá con el voto favorable del PP y la abstención del PSOE. Cuando se le nombró ministro, tomó las riendas de forma interina la entonces directora de Análisis Presupuestario, que finalmente fue nombrada por unanimidad presidenta de forma permanente hasta el pasado martes, cuando venció su mandato.

El reglamento de régimen interior de la Airef no concreta en qué casos debe considerarse incompatible o perjudicial para la independencia el nombramiento de un presidente vinculado al Ejecutivo, aunque sí introduce limitaciones acerca de las puertas giratorias, es decir, una vez que un responsable abandona el organismo, con tal de preservar la autonomía. También impide a los trabajadores que hayan sido altos cargos públicos pasar inmediatamente a analizar los mismos asuntos de los que se hayan encargado en la Administración. La propia Herrero, que en ocasiones se ha mostrado crítica con el Ejecutivo y ha rechazado sus intentos de injerencia, se ha mostrado partidaria de que su sucesor proceda de la institución que presidirá, para garantizar el conocimiento y fortalecimiento de sus principios rectores: la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas.