La Eurocámara da el primer paso a instancias del PP para que la UE legisle sobre vivienda

El Parlamento Europeo votará el próximo martes el informe sobre vivienda, que servirá de base para orientar las políticas comunitarias en esta materia durante los próximos años. En el debate se espera que los eurodiputados hagan hincapié en las precarias condiciones de vida de millones de europeos, debido a la limitada oferta de vivienda y al aumento de los costes del alquiler y las hipotecas en las últimas dos décadas. El informe pone de manifiesto que el problema de la vivienda es continental y que Europa necesitaría alrededor de diez millones de viviendas para cerrar la brecha existente entre oferta y demanda.

El ponente del informe, el eurodiputado Borja Giménez Larraz del Partido Popular Europeo, junto con Alicia Homs Ginel, del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), presentaron el documento hace unos días. Según explica el propio eurodiputado en conversación con THE OBJECTIVE, se trata de la primera vez que las instituciones europeas abordan el problema de la vivienda como una cuestión de dimensión continental. Al inicio de la legislatura, la Comisión Europea decidió crear por primera vez una cartera específica de Energía y Vivienda con el objetivo de desarrollar un plan europeo de vivienda asequible durante este mandato.

Falta de oferta

En paralelo, el Parlamento constituyó una comisión especial con una duración de un año, cuyo principal cometido era elaborar un informe con recomendaciones para orientar ese plan. El centro del documento está en la falta de oferta, pero también incluye enmiendas en referencia al derecho de los propietarios. Giménez Larraz ha sido el encargado de redactar el documento que fija la posición de la Eurocámara. A su juicio, el texto final «aporta ideas y propuestas positivas» y establece un diagnóstico claro: el principal problema de la vivienda en Europa es la falta de oferta.

Giménez Larraz sostiene que el enfoque del informe contrasta con algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno español en los últimos años. A su juicio, medidas como el control de precios del alquiler, incluido en la Ley de Vivienda, no han demostrado ser eficaces. «Son políticas que ya se han aplicado en ciudades como Berlín o París y que lo único que hacen es reducir la oferta, deteriorar el mercado del alquiler y ahuyentar la inversión», afirma. «Llama la atención esa contradicción entre la política que defiende el PSOE en España y lo que se está debatiendo luego en Europa, o lo que es el texto común».

Desde esa perspectiva, el informe apuesta por medidas destinadas a impulsar la construcción y eliminar obstáculos regulatorios. Entre ellas figuran la simplificación normativa, la movilización de suelo y la reducción de la burocracia administrativa que, según denuncia, puede alargar durante años los procesos de desarrollo inmobiliario. «Hoy un proyecto puede tardar hasta diez años en salir adelante, algo completamente inasumible en un contexto de emergencia de vivienda».

El eurodiputado señala que el Banco de España calcula que faltan alrededor de 700.000 viviendas, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el déficit se sitúa en torno a los diez millones. «La conclusión es evidente: el problema es que no hay suficiente oferta y lo que hay que hacer es construir más vivienda y renovar más parque inmobiliario». En todo caso, el informe subraya que muchas de las decisiones sobre vivienda deben adoptarse a nivel nacional, regional o municipal, ya que son las administraciones más cercanas al problema.

Silencio administrativo e IVA

El documento también propone introducir mecanismos como el principio de silencio administrativo para agilizar la concesión de permisos de construcción, así como reformas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda. En concreto, plantea revisar la directiva europea del IVA para permitir a los Estados miembros aplicar tipos superreducidos de entre el 2% y el 5% a la construcción, el alquiler o la rehabilitación de viviendas.

El informe dedica además un apartado relevante a la financiación, un elemento que considera clave si se pretende aumentar el parque residencial en Europa. En este sentido, apuesta por reforzar la cooperación público-privada, movilizar más recursos del Banco Europeo de Inversiones y mejorar el acceso al crédito para promotores y constructores, especialmente tras el endurecimiento de la financiación que siguió a la crisis financiera de 2008.

Condena expresa a la okupación

El texto incorpora también una condena expresa a la okupación ilegal de viviendas, que define como una vulneración de un derecho fundamental. El informe advierte además de que este fenómeno puede generar inseguridad jurídica, deterioro urbano y tensiones sociales. Según el eurodiputado, es un problema que en muchos países europeos «resulta difícil de comprender». Sin embargo, se trata de una cuestión que en España, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, intenta minimizar y sostiene que no es un problema generalizado.

Además, Rodríguez defiende la Ley de Vivienda, combate la inquiokupación mediante la justicia y acusa a la oposición de generar alarma social innecesaria. Durante la negociación del documento, que ha recibido más de mil enmiendas, uno de los debates más intensos se ha centrado en el impacto de la regulación europea sobre el sector inmobiliario. El informe señala que algunas normas, especialmente en materia medioambiental, han incrementado los costes de construcción, como ocurre con determinados requisitos vinculados a la eficiencia energética de los edificios.

Otro de los asuntos que ha generado más discusión ha sido el de los alojamientos turísticos de corta duración. Mientras algunos grupos políticos han defendido una regulación más estricta para limitar su expansión, el texto final apuesta por un enfoque equilibrado que permita actuar frente a los excesos sin perjudicar a un sector que representa una parte relevante de la economía europea.

Si el Parlamento Europeo aprueba el documento en el pleno del martes, su contenido servirá como guía política para la Comisión Europea en la elaboración del futuro plan europeo de vivienda asequible. Aunque las recomendaciones no tienen carácter legislativo, el eurodiputado confía en que el informe se convierta en una referencia para orientar las futuras iniciativas comunitarias en este ámbito.