La Comisión Europea se abre a vigilar la vivienda en línea con lo que dice el Gobierno
Bruselas se alinea así con el Ejecutivo, que aboga por limitar este tipo de compras para frenar la gentrificación
Escaparate de una inmobiliaria.
La Comisión Europea se muestra abierta a vigilar la especulación en los mercados de vivienda más tensionados de Europa. La Comisión trabaja ya desde hace tiempo en el problema de la vivienda en Europa. Durante su intervención en el encuentro Precios de Vivienda 2026, que este año lleva por título: Asequibilidad: de lo local a lo global, Tatiana Márquez-Uriarte, del Grupo de Trabajo para la Vivienda Asequible, ha anunciado que el ejecutivo comunitario llevará a cabo análisis económicos que sigan la evolución de los precios, con el fin de detectar evidencias de especulación y recopilar mejores prácticas y modelos que las administraciones públicas puedan aplicar para mitigar este fenómeno.
La iniciativa busca dotar a los Estados miembros de herramientas más eficaces para controlar el impacto de la inversión especulativa sobre el acceso a la vivienda. Unos estudios para saber cuál es la evolución de los precios de la vivienda y encontrar evidencias en algunos mercados donde ocurre especulación que culminarán a finales de año. «No creemos que la especulación sea una cosa que sucede en todas partes, pero sí esta especulación está ocurriendo en algunos mercados concretos», ha reconocido Márquez-Uriarte. Con este análisis pretenden «encontrar mejores prácticas y modelos para que la administración pública pueda encontrar inspiración para tratar este problema cuando exista efectivamente».
En línea con el Gobierno español
Una vía de trabajo en plena crisis de vivienda que está en línea con lo planteado recientemente por el Gobierno de España. Hace unos días, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, defendió precisamente en Bruselas la necesidad de limitar la compra especulativa de viviendas como medida para frenar la gentrificación y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. «Las viviendas son para vivir, no para la actividad económica», subrayó tras una reunión informal de responsables de Vivienda celebrada en la capital comunitaria a inicios de mes.
De hecho, Lucas solicitó a la Comisión Europea fondos específicos que permitan aplicar medidas «rápidas, urgentes y eficaces» para afrontar la crisis de la vivienda, un problema que afecta a todos los países de la Unión Europea. Además, reivindicó la colaboración entre administraciones públicas como la vía más efectiva para implementar soluciones sostenibles. «Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible», insistió. «Para lograrlo necesitamos no solo el esfuerzo de nuestro país, sino también la implicación de la UE, que cuenta con los mecanismos, la financiación y los instrumentos necesarios para actuar».
En Cataluña, la Generalitat estudia herramientas específicas para frenar la especulación en ciudades como Barcelona, donde la presión del mercado y los pisos turísticos disparan los precios, según afirma el ejecutivo regional. Entre las iniciativas se incluyen controles sobre la concentración de propiedades en manos de grandes fondos y regulación más estricta de los alquileres turísticos.
Dudas en el sector
Unas medidas que generan muchas dudas en el sector, que considera que contribuyen a aumentar la inseguridad jurídica y ahuyentar la inversión. «No creo en la intervención de los mercados, porque si bien a corto plazo consigue los efectos deseados, tarde o temprano hay que levantar las restricciones y entonces el efecto acumulado se traslada de inmediato a los precios», explica Julián Salcedo, doctor en economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. En declaraciones a THE OBJECTIVE, el experto añade que hasta ese momento «se reduce la oferta y solo salen al mercado las viviendas de peor calidad/ubicación».
En el caso de Cataluña, la medida busca de facto restringir la compra por parte de ciertos perfiles de inversores. Desde pisos.com, Ferran Font, portavoz y director de Estudios, señala que «la realidad es que intervenir la demanda de forma tan drástica puede generar también efectos secundarios». Según sus previsiones, el precio de la vivienda en Cataluña puede subir este 2026 alrededor de un 7% – 9%, impulsado principalmente por una oferta que cada año va cayendo más. Limitar aún más la oferta complicaría más la situación.
«El principal riesgo que hay en el mercado es la inseguridad jurídica. Cuando las reglas van cambiando constantemente, el capital se desplaza hacia mercados más estables», apunta Font. Otros expertos y actores del mercado consultados por THE OBJECTIVE alertan de que estas restricciones podrían «desincentivar la inversión privada y extranjera, reducir la construcción de nuevas viviendas y afectar proyectos de rehabilitación urbana». Además, señalan que medidas demasiado restrictivas podrían generar efectos legales y conflictos con la normativa europea sobre libre circulación de capitales y derechos de propiedad, provocando litigios y retrasos en la aplicación de políticas habitacionales.