Economía del odio

Uno de los motivos por los que Paul Krugman dejó el New York Times fue su negativa a suavizar los comentarios hirientes. «Una columna de opinión —escribe— tiene que ser controvertida y molesta, porque su objetivo principal es que la gente se replantee sus ideas. —Y añade más adelante—: si no das pie a una buena cantidad de mensajes de odio, estás desperdiciando el espacio».

Como demuestra la investigación académica, es más probable que un contenido se comparta si suscita emociones fuertes. El entrañable Raúl del Pozo, que era un absoluto lego en redes sociales, llamaba a veces ilusionado a algún colega para decirle: «Por lo visto, soy trending topic en X», ignorante de que estaban sacudiéndole de lo lindo.

La ira es un motor poderoso, del que Facebook, Instagram o TikTok se aprovechan. Es verdad que, como hubiera que prohibir todos los negocios que explotan algún pecado capital, no iba a quedar títere con cabeza; gran parte del consumo de nuestra sociedad lo mueven la envidia, la codicia, la gula o la lujuria.

Pero Pedro Sánchez piensa que la hostilidad en las redes sociales supera los límites de lo tolerable y ha lanzado HODIO, una herramienta contra la desinformación. «No nos rendimos ante las plataformas», proclamó durante su presentación.

Sacar provecho de los enemigos

Desde un punto de vista económico, el odio es una externalidad negativa, es decir, un perjuicio derivado de la actividad de una empresa que esta no asume. Los ejemplos típicos son los vertidos de una papelera, los humos de una central de carbón o el ruido en la vecindad de un aeropuerto. En todas esas situaciones, si no mediase una intervención pública, las empresas estarían privatizando los beneficios y socializando los costes.

Algo parecido sucede con internet, argumenta el Gobierno. Muchos contenidos generan ansiedad, adicción o desinformación. Igual que hay una huella del carbono, existe otra de odio (de ahí lo de HODIO).

Nadie que haya publicado algo controvertido puede ignorar el problema.

Yo apenas interactúo ya en X o Facebook, y hace tiempo que dejé de leer los comentarios de mis artículos. Sé que hago mal. Como explica Plutarco, el amor es ciego y el odio, penetrante. A un antagonista difícilmente se le escapa una falta de ortografía o un dato erróneo, y «lo propio de un hombre inteligente» sería «sacar partido de ello» para aprender y mejorar. Pero por cada observación aprovechable, te tienes que tragar varios insultos y, francamente, prefiero seguir equivocándome.

Para aprender y mejorar ya tengo a mis cuñados.

Una medida del odio

Entiendo, de todos modos, los esfuerzos por mejorar el clima en las redes sociales y, en materia de externalidades, lo que la teoría económica recomienda es obligar a las empresas a internalizar los costes mediante impuestos y sanciones. Quien contamine, que pague. Esa es la lógica que aplicamos a los vertidos y los humos. Lo que pasa es que unos y otros son fáciles de detectar y cuantificar, pero ¿disponemos de una medida fiable del odio?

«Las dificultades para definir los delitos de odio, los incidentes de odio y el discurso de odio, así como para encontrar una base conceptual común, constituyen una barrera clave para la operativización en la investigación, la política y la programación —reconocen Matteo Vergani et al. tras revisar cientos de artículos académicos—. Las definiciones discrepan sobre cuestiones como las identidades que deben protegerse, los tipos de comportamientos que deben considerarse odiosos y cómo debe evaluarse el elemento de odio. La falta de bases conceptuales sólidas se refleja en la ausencia de datos sólidos [y supone] un problema intratable».

Esa falta de unanimidad no es el único inconveniente. Incluso aunque los expertos se pusieran de acuerdo, ¿puede condenarse a alguien simplemente por manifestar odio?

Un roscón bomba

El Código Penal de 1995 castiga con prisión de entre uno y cuatro años a quienes «fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia», pero la doctrina sobre su aplicación es altamente restrictiva.

Piensen en las siguientes lindezas que el rapero César Strawberry colgó en Twitter entre diciembre de 2013 y enero de 2014.

«El fascismo sin complejos de [Esperanza] Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO».

«A [José Antonio] Ortega Lara habría que secuestrarle ahora».

«Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar… Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado».

«Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco».

Finalmente, con motivo del aniversario de don Juan Carlos, Strawberry escribió: «Ya casi es el cumpleaños del Rey. ¡Qué emoción!». Y cuando otro usuario le preguntó si tenía un regalo preparado, contestó: «Un roscón bomba».

Son barbaridades que reventarían cualquier odiómetro, y el Supremo de hecho condenó al rapero, pero tres años después el Constitucional proclamó la nulidad de la sentencia.

«El derecho penal —argumentó— no puede prohibir el odio, no puede castigar al ciudadano que odia». Como explica Germán Teruel Lozano, profesor de la Universidad de Murcia, «reaccionar penalmente frente a discursos extremos» solo es lícito «cuando tengan carácter incitador y […] como consecuencia de su difusión pública puedan tener lugar actos violentos o discriminatorios».

Dado que HODIO ignora los efectos de los mensajes que cataloga, de ellos no debería derivarse nunca sanción alguna.

El paraíso de la democracia

Los intentos de moralizar la vida pública han sido tradicionalmente la antesala de la autocracia.

Por mucho que ardan las redes sociales, no corresponde a un Gobierno democrático establecer cuál es la temperatura adecuada, ni mucho menos exigir cuentas a quienes desafían su idea de la verdad. No me parece mal que se impulse una métrica del odio, pero siempre que cumpla una finalidad descriptiva y quede bajo el control de una agencia independiente.

Los que hoy celebran que Sánchez no se rinda ante las plataformas, barajan argumentos inquietantemente similares a los que los totalitarismos emplearon en el pasado para aherrojar a la prensa. «Si se deja en manos de multimillonarios —razonaban—, terminarán por imponer su visión de la realidad».

Lo cierto es que el mercado es el mejor garante del pluralismo por una razón sencilla: esos multimillonarios son sujetos racionales que procuran maximizar sus ingresos y, lejos de acallar las corrientes de opinión, promueven medios afines para hacer negocio con ellas. Pablo Iglesias, tan crítico siempre con el capitalismo, pudo comprobar cómo la Sexta y Cuatro lo lanzaban al estrellato a pesar de que sus dueños no eran precisamente de izquierdas.

En cambio, ¿qué sucede cuando el Estado interfiere en nombre del interés general?

En España lo sabemos bien. La orden por la que se estableció en 1937 la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda defendía la necesidad de «reglamentar los medios de difusión […] a fin de que se restablezca el imperio de la verdad». Y la Ley de Prensa que se promulgó un año después le habría encantado a Sánchez. «Redimido el periodismo de la servidumbre capitalista —afirmaba—, es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de prensa».

Y a continuación desgranaba el articulado que hizo del franquismo el paraíso democrático que todos recordamos.