El Gobierno pone a los funcionarios a hacer horas extra para la regularización masiva

Se agotan los plazos para que la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno y Podemos arranque con los trámites administrativos, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apremia a los funcionarios públicos para que ayuden a sofocar la avalancha de peticiones que se avecina desde el 1 de abril, fecha prevista para la apertura del proceso de solicitudes.

THE OBJECTIVE ha tenido acceso a un documento emitido por UGT en el que el sindicato hace de correa de transmisión del ministerio y comunica la puesta en marcha de un «plan de choque» para regularizar a «entre 500.000 y 1.000.000 de personas, pudiendo superarse esta cifra según indican responsables del ministerio», reconoce de forma interna la central sindical.

De este modo, se da por hecho que la cifra superará con creces la estimación ofrecida en un primer momento por el Gobierno (se habló de en torno a medio millón de regularizaciones). Asimismo, fuentes sindicales consultadas por este medio muestran su inquietud ante una cifra que, señalan, «desbordará las capacidades operativas de la función pública».

Horas extra y externalizaciones: la ‘vía Tragsa’

Fuentes del funcionariado consultadas por THE OBJECTIVE revelan cómo en los últimos días se han incrementado las peticiones desde las direcciones departamentales para solicitar refuerzos que atiendan la oleada de trámites prevista para dentro de apenas unos días. En el caso de la Seguridad Social, por ejemplo, se solicita a los funcionarios que refuercen el servicio en turno de tarde de 16 a 19 horas, algo muy poco habitual en la función pública. Ese es el motivo de que se hayan destinado a ello oficinas provinciales por toda España.

En cualquier caso, dichas fuentes señalan que estas ampliaciones —de horario y sedes— no son ni mucho menos suficientes. De hecho, se están haciendo externalizaciones para atender el proceso de regularización. Fuentes conocedoras del proceso consultadas por THE OBJECTIVE revelan que el Gobierno se ha visto obligado a establecer un plan de choque que pasa por la contratación temporal de personal de la empresa pública Grupo Tragsa. «Esto es un fracaso como servicio público», denuncian, a la vez que consideran que la solución pasa por establecer refuerzos estructurales en lugar de esas externalizaciones.

Los departamentos dependientes de la Seguridad Social no son ni mucho menos los únicos afectados por esta situación. Antes de dar a conocer el contenido exacto del Real Decreto con los requisitos para la regularización, ya se han habilitado una serie de oficinas multidepartamentales para atender el proceso de solicitudes. Estas oficinas abarcan desde oficinas de Extranjería (en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno) hasta oficinas de Correos.

Con el decreto aún por publicarse, ya se registran problemas en departamentos dependientes de Interior o Política Territorial. En el caso de las comisarías de Policía, por ejemplo, el sindicato CSIF señala que la regularización está teniendo un impacto directo con la expedición de documentación. «Vamos con la lengua fuera y cuando llegue abril las cargas laborales se van a hacer inasumibles».

Las prisas del Gobierno llevan a una «situación de excepcionalidad»

Las fuentes sindicales consultadas por THE OBJECTIVE explican cómo las prisas del Gobierno por acelerar la regularización masiva de inmigrantes están llevando a las Administraciones públicas a establecer procedimientos «dudosos».

Más allá de la prolongación de horas y turnos —a la que se pueden acoger los funcionarios de forma voluntaria y remunerada—, explican que se están produciendo «situaciones de excepcionalidad» que en ocasiones tienen un dudoso encaje en los procedimientos burocráticos habituales.

Un ejemplo es lo que llaman «la paradoja de la cita previa». Recuerdan que muchas Administraciones públicas (SEPE, Seguridad Social, Extranjería, Hacienda, etc.) establecen este tipo de cita para poder acceder a ellas. Sin embargo, los inmigrantes irregulares no tienen acceso a los mecanismos necesarios (DNI, certificado digital, etc.). Por eso, el Gobierno ha autorizado a ONG, graduados sociales y organizaciones sindicales para que actúen de intermediarios autorizados en la gestión de la regularización masiva. Ellos —integrantes del llamado Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería— se encargan de presentar los trámites y expedientes en nombre de los inmigrantes, facilitando la regularización exprés.

Una suma de «prisas y descoordinación» que —denuncian trabajadores de la Función Pública— está llevando a un «cuello de botella» que se alargará en el tiempo mucho más allá del proceso de regularización del Gobierno, previsto entre el 1 de abril y el 30 de junio. El plazo para resolver cada petición será de tres meses a contar desde su admisión. En todo caso, «no se trata de un aumento de la carga de trabajo durante tres meses, sino que la situación se enquistará y dejará muy dañada la Administración», señalan.

Sindicatos como CSIF recuerdan que, tras la regularización, habrá un millón de nuevos ciudadanos para los que será necesario gestionar documentación, ayudas y trámites que engloban a varios departamentos, desde la expedición del DNI hasta los trámites de desempleo o las bajas laborales, por ejemplo. Por eso, el sindicato de funcionarios reclama nuevas ofertas de empleo público que alivien esta situación vía refuerzo de personal. Algo muy complicado con un Gobierno sin Presupuestos. «Pinta mal la cosa», sentencian los trabajadores públicos.