El sector de centros de datos alerta del riesgo para la inversión del decreto anticrisis

El sector de los centros de datos clama contra la inclusión de medidas restrictivas para su negocio en el real decreto aprobado el viernes por el Gobierno debido a la guerra de Irán. Entre las disposiciones menos visibles incluidas en el último real decreto publicado en el BOE el sábado, destacan varias medidas que afectan de forma directa a distintos sectores. En particular, los centros de datos pasan a estar obligados a generar una cantidad adicional de energía renovable equivalente a su propio consumo previsto.

Asimismo, el Gobierno se reserva la capacidad de suspender el acceso a la red eléctrica de aquellas instalaciones que no cumplan con exigentes criterios de eficiencia energética y uso responsable del agua. Por otro lado, se establece la creación de un comité de inversiones estratégicas encargado de determinar qué proyectos privados son considerados clave para el país, otorgándoles prioridad absoluta en el acceso a la red eléctrica.

Además, se refuerza la idea de que los productores de energía renovable en alta tensión deberán compartir parte de sus beneficios con los ciudadanos y las comunidades locales cercanas a estos proyectos, aclarando que esta contribución va más allá del simple cumplimiento de las obligaciones fiscales. Emilio Díaz, presidente de SpainDC, advierte de que la evolución de la normativa podría derivar en un escenario cada vez más restrictivo para el sector de los centros de datos. En su opinión, el desarrollo de esta regulación tendrá un impacto significativo y deberá seguirse con el máximo rigor.

En riesgo las inversiones

El presidente de SpainDC considera un error incluir a los centros de datos en un decreto de carácter anticrisis vinculado a la guerra de Irán, ya que podría generar una crisis dentro del propio sector si no se gestiona adecuadamente. Critica además las declaraciones posteriores de miembros del Gobierno, especialmente aquellas que apuntan a que los centros de datos podrían quedar relegados en el acceso a la red. «Es una afirmación inaceptable que no podemos tolerar», ha añadido.

Por su parte, Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, ha insistido en que el sector no reclama privilegios. «No pedimos barra libre, ni manga ancha, ni subvenciones; pedimos seguridad jurídica». En este sentido, subraya la necesidad de evitar la incertidumbre y la confusión, y de trasladar un mensaje claro a los inversores: España debe seguir siendo un país fiable, con normas predecibles y un marco estable que garantice seguridad y confianza. En este sentido, ambos aseguran que el sector no teme la regulación y está preparado para cumplirla, pero cuestiona que España esté planteando exigencias superiores a las del resto de la Unión Europea, lo que, a su juicio, resta competitividad y resulta difícil de entender.

Asimismo, alerta de que el decreto introduce elementos de incertidumbre y discrecionalidad, «lo peor que puede ocurrir» para la inversión. En cuanto a la creación de un comité de expertos, muestra sus dudas sobre su propósito y advierte de que estas fórmulas suelen utilizarse cuando no hay una hoja de ruta clara. Finalmente, señala que existe preocupación por un posible desvío de inversiones a corto plazo si no se corrige el enfoque, aunque insiste en que el sector seguirá defendiendo su posición. «No podemos enviar señales ambiguas a las empresas que están impulsando esta industria», afirma, al tiempo que tiende la mano a la Administración para colaborar en el desarrollo de un marco regulatorio adecuado.