El PP pide la nómina de la cúpula de Correos ante los recortes a la plantilla
La compañía contrata un cartero por cada dos que abandonan y acumula más de 1.000 millones de pérdidas
Pedro Saura.
El Partido Popular ha lanzado una ofensiva en el Congreso contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Correos. La empresa arrastra más de 1.000 millones de euros de pérdidas, pero los directivos de la entidad pública postal cobrarán el bonus por objetivos.
La compañía ha dado beneficios —contenidos— de 14,4 millones de euros después de una década prácticamente al completo en números rojos, si bien lo ha conseguido en parte a través de una aportación extraordinaria de dinero público de unos 400 millones de euros, tal y como avanzó THE OBJECTIVE.
La formación capitaneada por Alberto Núñez Feijóo quiere saber si la dirección de Correos está sufriendo los mismos recortes de la plantilla, que se encuentra en algunos casos cobrando unos honorarios levemente por encima del salario mínimo interprofesional (SMI) y se ha visto mermada de efectivos en su base (carteros, carteros motorizados, personal de clasificación y oficinas). Números que sorprenden si se comparan estas cifras con los puestos de responsabilidad en la compañía amarilla: por cada dos empleados de rango operativo que se jubilan, Correos está nombrando un nuevo cargo de responsabilidad, una información también adelantada por este diario.
Con el fin de adaptar la compañía a los nuevos tiempos para que vuelva de forma natural a la senda de los beneficios, Pedro Saura, actual presidente de la corporación, ha llegado a un acuerdo con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT que ha cristalizado en el Plan Estratégico 2024-2028 y que supone una inyección de unos 3.000 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Las cuestiones que plantea el Partido Popular
En este contexto de fragilidad financiera y rescates encubiertos, la ofensiva parlamentaria se concreta en una batería de preguntas registradas en el Congreso de los Diputados. La iniciativa, liderada por los diputados Celso Delgado y Jaime de Olano, pone el foco directamente sobre la coherencia ética de la dirección de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Tras el anuncio oficial del pasado 3 de marzo, en el que la compañía presumía de haber abandonado una década de números rojos, la oposición cuestiona ahora si ese supuesto éxito contable es real o simplemente un espejismo sostenido por la inyección de fondos públicos y el sacrificio de la base operativa de la empresa.
El eje central de la reclamación parlamentaria exige transparencia absoluta sobre las retribuciones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025. El texto registrado solicita un desglose pormenorizado de los ingresos percibidos por la cúpula, diferenciando entre el sueldo fijo, las dietas por asistencia y las indemnizaciones.
Esta petición busca confirmar si los directivos se han beneficiado de los polémicos bonus por objetivos en un año en el que la rentabilidad de 14,4 millones de euros palidece frente a los 400 millones de aportación extraordinaria del Estado, una maniobra que ha permitido maquillar un balance que, de otro modo, seguiría en pérdidas.
La iniciativa parlamentaria exige una comparativa histórica de la evolución salarial de los altos cargos desde el año 2023. El objetivo es fiscalizar si el esfuerzo de reducción del gasto que el Gobierno y la dirección de la empresa esgrimen como causa de la mejora de resultados ha tenido algún impacto real en las esferas de poder o si, por el contrario, los recortes han sido unidireccionales.
Mientras la plantilla denuncia una merma constante de efectivos y salarios estancados cerca del SMI, la sospecha de una estructura directiva engrosada —donde el nombramiento de nuevos mandos es continuo— sitúa al Ejecutivo en una posición comprometida.
Esta petición de respuesta por escrito obliga al Gobierno a retratarse sobre la gestión de la compañía amarilla. La fiscalización de estos datos pretende arrojar luz sobre la brecha salarial interna y la política de nombramientos en una entidad que, pese a su carácter público, ha sido señalada por favorecer presuntamente a puestos de responsabilidad en detrimento de los carteros y personal de clasificación.
Con el documento ya en la Mesa del Congreso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dispone ahora de un plazo reglamentario para justificar si los beneficios de 2025 son fruto de una gestión eficiente o de un ajuste desigual que ha blindado los privilegios de su cúpula administrativa.