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La banca afronta pagar 500 millones más por el 'impuestazo' mientras se debaten sus cambios

El coste de este gravamen -que se hará permanente- para las entidades ascenderá a más de 2.100 millones en 2025

La banca afronta pagar 500 millones más por el ‘impuestazo’ mientras se debaten sus cambios

Los principales responsables de la banca junto al gobernador, José Luis Escrivá. | Europa Press

La banca afronta el pago de unos 500 millones más por el ‘impuestazo’ temporal extraordinario al sector en 2025. Un gravamen que el Gobierno ya ha declarado que será permanente, aunque pretende introducir algunos cambios en su estructura en el marco de las negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio.

El pasado diciembre, como consecuencia de los acuerdos para que Pedro Sánchez fuera investido, el Consejo de Ministros prorrogó para 2024 y 2025 el considerado como ‘impuestazo’ a las entidades con cargo a los resultados de 2023 y 2024, respectivamente. Con las previsiones para el presente año y la articulación actual, el sistema financiero tendrá que aportar a Hacienda en torno a 2.100 y 2.200 millones de euros, según cálculos elaborados por THE OBJECTIVE.

Esta cantidad supone en torno a un 30% más con respecto a la asumida en los pagos del pasado febrero y septiembre, cuando desembolsaron algo más de 1.600 millones, tras subir en 400 millones la cuantía con respecto a 2023, debido a la buena evolución de sus ingresos ordinarios.

El actual marco normativo establece que los bancos que más facturan por margen de intereses y comisiones (a partir de los 800 millones de euros) tienen que pagar un 4,8% de la suma conjunta de ambas partidas por su negocio en nuestro país, con el fin, según el Ejecutivo, de contribuir al bienestar social ante los beneficios que están obteniendo gracias a la subida de los tipos interés por parte del BCE.

El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que el gravamen, que nació como temporal, se convertirá en permanente, aunque ha avanzado que la intención es introducir algún cambio para amoldarlo a la nueva etapa monetaria. El organismo con sede en Fráncfort ha recortado en tres ocasiones el precio del dinero y se espera que vuelva a hacerlo en diciembre y en varias ocasiones en 2025. Sumar ya ha advertido que su apoyo a las cuentas del Estado depende de que el impuesto se mantenga y se quede para siempre.

Aspectos aún por aclarar para el tributo

Lo que no está claro aún es si el Gobierno podrá sacar adelante los presupuestos, debido a las amenazas tanto de Junts per Catalunya como de Podemos, que están retrasando las conversaciones para poder dar luz verde. Ni tampoco si las modificaciones, de producirse, se aplicarían en los pagos del próximo ejercicio o para 2026.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reclamó este martes, en una entrevista en Expansion, que se tendría que incluir en la fórmula las provisiones, es decir, que se aplique sobre los beneficios y no sobre los ingresos para que el ‘impuestazo’ a la banca fuera neutral. Esta es una de las exigencias que ha venido transmitiendo el sector desde su implantación, en 2022. En primavera, el Gobierno estaba decidido a incorporar otra serie de puntos, como que se aplicara a todas o prácticamente todas las entidades, para evitar la discriminación en el propio sector. Así, por ejemplo, ING -unas de las entidades más potentes en nuestro país- se sumaría a los desembolsos a Hacienda.

Las tres principales entidades serán las que más tengan que aportar en 2025 por el ‘impuestazo’. Caixabank tendría que entregar a las arcas en torno a 600 millones, según el modelo vigente; el Santander, en torno a los 500 millones; y BBVA, algo más de 400 millones. Por su parte, la cuantía para el Sabadell ascendería a más de 200 millones y la de Bankinter, casi los 150 millones. Las otras entidades afectadas asumirían el resto.

Aunque los bancos lo que quieren es que el Gobierno anule el gravamen extraordinario, se conforman con que haya una minoración de su coste con modificaciones. Sería un mal menor para una medida que consideran inconstitucional e injusta, además de penalizar el crecimiento económico del país, ya que drena su capacidad para otorgar créditos en un futuro. Se calcula que su impacto podría conllevar un recorte en el flujo del crédito de unos 50.000 millones.

A pesar de que los ingresos por intereses de las entidades han echado el freno y suben a una menor velocidad, la facturación por comisiones se ha disparado, lo que permite al sector mantener a flote el crecimiento de sus márgenes ordinarios, sobre el que descansa el ‘impuestazo’ a la banca.

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