El Gobierno incrementa un 68% el gasto en desmantelamientos de centrales nucleares
Este aumento respecto al año anterior responde a una aceleración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
Varios empleados trabajan en sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña. | Tomás Alonso (Europa Press)
El Gobierno incrementó significativamente en 2023 el presupuesto destinado al desmantelamiento de las centrales nucleares, con una cifra que ha ascendido hasta los 36,703 millones de euros. Este monto representa un aumento del 68% en comparación con el gasto del año anterior, que fue de 21,791 millones de euros. Según estos datos, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la solicitud de acceso a la información pública, tal incremento marca un hito en la gestión del cierre de las instalaciones nucleares del país, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030.
Desde 2015, los gastos en desmantelamiento han mostrado fluctuaciones, reflejando las distintas fases de la transición de estas centrales hacia otras energías consideradas más limpias. Si bien el gasto sufrió una desaceleración durante el transcurso de la epidemia de la COVID-19, el incremento en el gasto entre 2022 y 2023 corresponde a una aceleración de las acciones de desmantelamiento destinada a cumplir con las fechas previstas en el Pniec.
El Gobierno, en colaboración con las principales empresas energéticas del país —Iberdrola, Endesa y Naturgy—, acordó en 2019 un calendario para el cierre progresivo de los siete reactores nucleares en funcionamiento, comenzando con la central de Almaraz I en 2027 y finalizando con Trillo en 2035. Este acuerdo fue enmarcado dentro del compromiso del actual Gobierno con la transición energética, debido al cual las energías renovables juegan un papel cada vez más destacado en la matriz energética nacional.
Antes de alcanzar este acuerdo, las energéticas se mostraron algo reticentes a la propuesta del ministerio, pues está basada en el principio conocido como ‘quien contamina, paga’, establecido en la directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo. Esta regla responsabiliza de todos los gastos a las empresas que gestionan las centrales nucleares, como indica José Luis Navarro Ribera, presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), en el documento en el que se desglosan los gastos: «En los presupuestos generales del Estado no se destina ninguna partida para financiar estas actividades, pues […] son los productores de residuos quienes las financian mediante las Prestaciones Patrimoniales Públicas de carácter No Tributario (PPPNT), creadas al efecto».
El plan de desmantelamiento
El plan de desmantelamiento presentado por el Gobierno en 2019 marcó el objetivo de cerrar todas las centrales nucleares en suelo español entre 2027 y 2035. El proceso se dividió en varias etapas, siendo la primera la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los propios recintos de cada central. Su función será la de contener residuos potencialmente peligrosos para la salud y el medio ambiente hasta que el Gobierno pueda disponer de un Almacén Geológico Profundo (AGP), cuya construcción está prevista para 2073.
Según declaraciones de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen Muñoz, este almacén subterráneo «es un proyecto que requiere de una instalación subterránea de unos 500 metros de profundidad, con túneles y galerías, y lo más complejo en este caso es alcanzar el necesario acuerdo social, territorial y político, y hacer de este AGP un proyecto de Estado».
Para llevar a cabo este proyecto, que implica una alta complejidad tecnológica, el Gobierno ha tomado como referencia las experiencias de países más avanzados en este campo, como Finlandia, Suecia, Suiza, Francia y Alemania. Estas naciones han optado por desarrollar sus propios AGP, y en todos los casos ha sido un proceso cuya realización les ha tomado varias décadas debido a la gran complejidad que acarrea una obra de este calibre.
Voces a favor y en contra
El desmantelamiento de las centrales nucleares ha generado un debate intenso en la sociedad española. Por un lado, organizaciones como Greenpeace celebran el cierre de estas instalaciones, argumentando que la energía nuclear conlleva riesgos inaceptables y deja una carga de residuos radiactivos que perdurará durante miles de años. Francisco del Pozo, portavoz de Greenpeace, declaró el año pasado que aunque el plan actual es el «menos malo», aún representa un desafío significativo para las generaciones futuras, a quienes, según él, estaríamos «dejando el marrón».
Por otro lado, defensores de la energía nuclear, como la Sociedad Nuclear Española y empresas energéticas, advierten sobre las posibles consecuencias negativas de un cierre prematuro de las centrales. Alegan que la energía nuclear es una fuente de electricidad estable y libre de emisiones de CO2. Además, defienden, resulta crucial para garantizar la seguridad del suministro eléctrico en un contexto de creciente demanda e inestabilidad geopolítica, teniendo en cuenta que un porcentaje considerable de la energía eléctrica producida en España depende de la importación de gas natural del extranjero.
El camino hacia el desmantelamiento completo está mostrando ser un problema tan complejo como se esperaba. El Gobierno se enfrenta al desafío de gestionar los residuos radiactivos de manera segura mientras trabaja para reducir la dependencia del país de la energía nuclear en favor de otras fuentes energéticas. El significativo incremento de los gastos destinados al desmantelamiento en 2023 refleja la relativa cercanía de la fecha límite para el cierre, lo cual parece indicar que la cifra de gasto sufrirá otro aumento en 2024.
Aunque esta fecha final para el cierre de las últimas centrales se sitúa en 2035, el proceso de gestión de los residuos radioactivos seguirá siendo un problema a tener en cuenta por los sucesivos gobiernos que ocupen el ejecutivo durante, al menos, las casi cinco décadas que tardará en estar listo el Almacén Geológico Profundo.
