España pierde 207.000 euros al día por la resistencia a indemnizar a las renovables

El impago de las indemnizaciones a las renovables aumenta la factura de forma constante. A la deuda de 1.748 millones de euros reconocida por los tribunales internacionales hay que añadir otros 522 millones en concepto de intereses de demora, condenas en costas y honorarios de abogados y consultores. Esto es, 207.000 euros más cada día. O bien, 8.632 euros por hora, o 144 euros por minuto. España adeuda 2.220 millones a un total de 28 acreedores que resultaron perjudicados con la retirada de ayudas al sector de forma retroactiva. Ese escenario puede suponer el embargo de bienes en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica.

Las renovables perjudicadas detallan a THE OBJECTIVE que la mayor parte de esos 522 millones están relacionados con los intereses de demora. Por este concepto, la deuda se ha incrementado en 297 millones de euros respecto a la cantidad reconocida por los tribunales de arbitraje. Otros 132 millones se corresponden con las costas a las que tiene que hacer frente España por haber perdido 26 litigios. El resto, 93 millones de euros, está relacionado con los honorarios de abogados y consultores de los que ha tirado el Gobierno para intentar revertir la situación.

El origen de la disputa se encuentra en 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas suponían que los inversores consiguieran una gran rentabilidad con sus proyectos. Gracias a esa fórmula se captaron 70.000 millones de capital foráneo. Seis años más tarde, Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva y las empresas comenzaron a solicitar indemnizaciones para paliar sus pérdidas.

Batalla contra las renovables

Las compañías afectadas acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), vinculado al Banco Mundial, que les ha dado la razón en 26 de los 52 procedimientos, aunque algunos siguen pendientes. El Gobierno se niega a resarcir a las empresas de energías renovables al no reconocer los laudos emitidos por los tribunales de arbitraje.

La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el Derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva a las renovables. Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el paraguas del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Europa, con España a la cabeza, ya ha anunciado que abandonará el acuerdo.

Ese escenario llevó a las renovables hasta los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos ya han abierto la puerta a embargar activos españoles. El Gobierno parecía decidido a dar un giro a su estrategia el pasado junio, cuando abonó por primera vez una indemnización por la retirada de ayudas a las renovables. La agraciada fue JGC Holdings, que recibió 32 millones de euros. Sin embargo, sigue inflexible en su política de negar el pago de las indemnizaciones.

Reino Unido fue el primer país que decidió embargar activos españoles. En una resolución en abril de 2023 se abrió a confiscar la sede del Instituto Cervantes en Londres, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas o una cuenta bancaria, entre otros bienes. Unos días más tarde, Australia reconoció el laudo a favor de Antin Infrastructure Services, al que España adeuda 101 millones más los intereses devengados. Sus tribunales, que etiquetan a nuestro país como «un deudor recalcitrante», también se muestra dispuesto a poner en cuarentena a la filial de Navantia y a la sede del Instituto Cervantes.

Estocada en Estados Unidos

Los tribunales de Estados Unidos también han dado una estocada a España. La Corte de Distrito de Columbia ha confirmado en los últimos meses siete laudos arbitrales por más de 688 millones de euros. Desde el verano, dicho tribunal ha dado la razón a las renovables en los casos Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones), NextEra (290,6 millones) y 9Ren Holding (44 millones).

El Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos, sitúa a España por tercer año consecutivo como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia. Durante el año en curso, la inversión extranjera captada por nuestro país se ha desplomado un 60%. Los afectados por la retirada de ayuda a las renovables consideran que, para revertir la situación, Pedro Sánchez debe replicar el proceso de negociación que puso fin a la deuda del caso JGC, pero esta vez con el resto de acreedores.