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Macroeconomía

Las empresas públicas controladas por la SEPI perdieron otros 340 millones en 2023

Correos registró unas pérdidas antes de impuestos de 176 millones y Navantia de otros 136 millones el año pasado

Las empresas públicas controladas por la SEPI perdieron otros 340 millones en 2023

Belén Gualda, presidenta de la SEPI, en una reciente jornada sobre igualdad. | Gustavo Valiente / Europa Press

Las empresas controladas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) registraron pérdidas de más de 340 millones euros en el año 2023, según las cifras provisionales que se manejan al interior de estas compañías públicas y a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El dato es superior en un 8% a los 312 millones que ya se perdieron en 2022, los 191 millones de 2021 y es el peor desde 2019, elevando aún más el listón del desequilibrio de las sociedades propiedad del Estado desde que estallara la pandemia.

Las sociedades públicas dependientes de la SEPI (en las que tiene más de un 51% de participación) y entre las que encontramos Correos, Tragsa, Navantia, Hunosa, Mercasa, Agencia EFE, Cetarsa, Alycesa, Cofivacasa o Sepides no han logrado recuperarse del parón industrial vivido tras la covid y llevan encadenando una serie de coyunturas que han reducido sus ingresos y han multiplicado sus costes.

La crisis energética, la escasez de componentes, la inflación, la subida de los precios de las materias primas y las sucesivas guerras de Ucrania y de Gaza han afectado la línea de flotación de estas empresas públicas con elevados costes laborales, escasa flexibilidad operativa y una gestión politizada que ha ido a más y que impide adoptar soluciones técnicas.

Beneficios de la SEPI

El pasado 13 de junio, la SEPI hizo públicos sus datos consolidados de 2023, con un aumento del 12,5% de sus ingresos y un beneficio de diez millones. Datos que están lejos de las previsiones de la presidenta de la sociedad pública, Belén Gualda, que a finales de 2022 indicó que esperaban tener un beneficio de 120 millones y elevar un 10% su cifra de negocio. La cifra de negocio se consiguió, pero la dirección de la sociedad pública no midió el aumento de costes y el control de los suministros.

De los 5.908 millones que se facturaron el año pasado, el 36% correspondió a Correos, el 29% a Tragsa y el 24% a Navantia. Sin embargo, estos datos esconden la realidad de sus empresas participadas, ya que incluye la puesta en equivalencia de las sociedades en las que participan minoritariamente, como Airbus, Red Eléctrica, Indra, Ebro Foods o Enagás, los que maquillan las abultadas pérdidas de las sociedades controladas.

En las cuentas de la SEPI se incluyen como resultados operativos las pérdidas de sus mayoritarias, a las que se le suman la puesta en equivalencia de las minoritarias como resultados financieros. Como las compañías en las que participan -con porcentajes que van desde el 28% en el caso de Indra hasta el 2,5% de IAG- han registrado importantes beneficios en los últimos años, esta partida compensa las abultadas pérdidas que se acumulan en las sociedades que dependen de su gestión directa.

Sociedades mayoritarias

En 2022, las empresas controladas por la SEPI (incluidas en sus cuentas como sociedades consolidadas por integración global) reportaron pérdidas de 312,9 millones y las minoritarias que no gestiona la SEPI (computadas como sociedades consolidadas como puesta en equivalencia) aportaron ganancias de 356,1 millones, arrojando unos beneficios globales para la sociedad pública de 43,2 millones. En 2021, las mayoritarias perdieron 191 millones y las minoritarias ganaron 357,1 millones, arrojando un beneficio de 166,1 millones.

Sin embargo, en 2023 la situación empeoró. Las empresas participadas mayoritariamente elevaron sus pérdidas hasta los 340 millones, mientras que los beneficios de las minoritarias se redujeron levemente hasta los 350 millones. Como resultado, se obtuvieron los diez millones que reportó la SEPI hace un mes. La sociedad pública se ha felicitado por lograr tres años consecutivos de beneficios, aunque en realidad lo único que ha cambiado es el mayor beneficio que le han reportado sus inversiones financieras.

Y las pérdidas se siguen acumulando para sus sociedades mayoritarias, en especial las que le reportan a la SEPI los mayores ingresos como Correos y Navantia. Las cifras oficiales indican que la primera se dejó 125 millones en 2023, 176,2 antes de impuestos, mientras que la segunda se dejó 122 millones de euros, de los que 136,1 millones fueron cifras antes de impuestos.

Belén Gualda, presidenta de la SEPI y María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera (Gustavo Valiente / Europa Press).
Belén Gualda, presidenta de la SEPI y María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera. | Gustavo Valiente / Europa Press

Sociedades participadas

Pero no son las únicas. La Agencia EFE prevé unas pérdidas de 18 millones en 2023 y Hunosa -que lleva una década en desequilibrio- debería también cerrar con un déficit de unos 50 millones. Dentro de las pocas que ganan se encuentra Tragsa, que sumó 40 millones de beneficios el año pasado. 

Por otro lado, las sociedades minoritarias han mantenido un comportamiento similar que en el año 2022. Airbus Group, de la que la SEPI tiene un 4,1%, habría reportado unos 155 millones tras registrar un beneficio de 3.789 millones; Red Eléctrica, con un 20%, habría generado unos 138 millones, tras ganar 689,6; mientras que Indra, con el 28% de participación, habría otorgado 29,2 millones, tras ganar 196,4. Desde este 2024, en este apartado se incluirán los beneficios de Telefónica, de la que la SEPI tiene el 10% desde abril.

Históricamente, las sociedades públicas dependientes de la SEPI han sido deficitarias, con elevados costes fijos y laborales y unos sistemas productivos poco flexibles que no han sabido adaptarse a la nueva realidad productiva. Sin embargo, la politización de su gestión solo ha empeorado estas cuentas. Desde mediados de 2018, cuando llega a La Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha situado en la dirección de estas compañías solo a exdiputados o miembros de algún gobierno regional, municipal o central, lo que ha impedido adoptar soluciones técnicas a estos problemas.

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