Dos de cada diez euros de fondos europeos ya adjudicados no han llegado a su destinatario
Desde 2021 se han resuelto convocatorias por 42.000 millones, y se han realizado pagos por 34.000 millones hasta julio
Dos de cada diez euros de fondos europeos Next Generation ya adjudicados por las diferentes administraciones españolas no ha llegado todavía a su destinatario final. Así se desprende del cruce de datos realizado por THE OBJECTIVE entre las adjudicaciones que se han resuelto y el dinero que efectivamente ha sido abonado por el Estado. Esto supone que 8.130 millones de recursos ya aprobados no terminan de llegar a los ganadores de las licitaciones, lo que puede generar importantes dificultades de liquidez en estas empresas.
Los datos de la última actualización de la herramienta Elisa, del Ministerio de Economía, indican que desde comienzos del año 2021 hasta el 31 de julio de este 2024 se han resuelto convocatorias de todas las administraciones por valor de 42.036 millones de euros. Esto supone que se han adjudicado (medida que utiliza el Gobierno para presumir de su gestión) el 59,5% de los 70.674 millones de fondos europeos que se han licitado hasta esa fecha.
Sin embargo, los datos de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), también a 31 de julio, señalan que el Estado solo ha realizado pagos equivalentes a 33.902 millones desde que se pusiera en marcha el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, denominación que se hace del Plan a efectos de la contabilidad nacional.
Pagos realizados
Es así como la diferencia entre los fondos europeos que se han resuelto en las diferentes administraciones y lo que efectivamente se ha pagado a los ganadores de los diferentes concursos llega hasta los 8.134 millones de euros al cerrar el mes de julio. Es decir, el 19% de todo el montante resuelto sigue sin llegar a su destinatario, ya que -entre otras cosas- todavía no ha salido de las arcas del Estado.
Una brecha que ha aumentado con el paso de los meses. Los datos de Elisa y los de la IGAE reflejan que en el mes de enero las convocatorias resueltas eran equivalentes a 34.951 millones y los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda de 32.096 millones, lo que supuso que un 8,1% de todos los fondos resueltos no habían llegado a su destinatario.
Por otro lado, a finales de marzo los fondos europeos resueltos llegaban a los 37.232 millones y los pagos a los 32.130, un 13% sin entregar, mientras que al cerrar el primer semestre de este año se resolvieron 40.004 millones, por 33.332 pagos realizados, aumentando la brecha hasta el 16,8%.
Exceso de burocracia
¿Qué ha pasado? Fuentes empresariales y expertos consultados por este diario indican que hay dos grandes causas. La primera es la tradicional lentitud administrativa del Estado y los procesos burocráticos de sus diferentes administraciones los que han lastrado todo el Plan de Recuperación desde su puesta en marcha en 2021. Unas dificultades a las que este año se está sumando una extrema lentitud en el pago que realiza el Ministerio de Hacienda, ya no solo a empresas beneficiarias y a particulares, sino también a entidades locales, autonómicas y a los propios ministerios.
Los datos de la IGAE indican que en lo que va de año se han realizado pagos por valor de 1.806 millones de euros, solo el 5% de los 36.161 millones que se han consignado en los presupuestos generales del Estado (PGE) para invertir en este 2024. El problema es que el resto de indicadores tampoco avanzan a buen ritmo: las obligaciones netas reconocidas llegan a 4.716 millones, un 13%; y los gastos comprometidos a 8.933 millones, el 24,7% del total. Y todo cuando solo quedan cinco meses para acabar el año.
La lentitud de este 2024 es incluso mayor que la de años anteriores. Los datos indican que en 2021 el Estado solo realizó pagos equivalentes al 45,5% del total consignado para ese curso (11.003 millones); mientras que en 2022 la cifra se redujo al 39,6% (11.271 millones); y en 2023 se volvió a batir el récord de baja ejecución con apenas un 27%.
Fondos europeos adjudicados
A estas dificultades se suma que los pagos realizados por el Estado -hasta la fecha 33.900 euros desde 2021- no necesariamente están llegando al tejido productivo ni a los destinatarios finales. La contabilidad del Plan de Recuperación incluye los planes de gasto público (como infraestructuras ferroviarias) que se entregan a ministerios o entidades públicas y si hablamos, por ejemplo, de un plan de rehabilitación de viviendas o de edificios públicos, el abono realizado se computa cuando los recursos se entregan a la administración correspondiente.
Frente a todas estas cifras, el Gobierno sigue insistiendo en la gran velocidad y en la capacidad transformadora que están teniendo los fondos europeos. En una reciente comparecencia en el Senado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que los Next Generation «ni se pierden ni se devuelven, se ejecutan», aunque no se ha referido a la lentitud con la que se realizan los pagos ya comprometidos con las convocatorias resueltas.
Después de la aprobación de la Adenda al plan, España cuenta con 163.000 millones de euros, de los que 80.000 son subvenciones directas y otros 83.000 son préstamos. En este sentido, tras cuatro pagos y un primer abono preliminar, España ha recibido 47.962 millones de euros en transferencias no reembolsables, casi el 60% del total y ha lanzado convocatorias por 72.118 millones de euros hasta el 31 de agosto de este año Sin embargo, sumando todos los Next Generation, mayoritariamente préstamos, quedan por licitar más de 91.000 millones y solo dos años por delante para encontrar su destinatario.