El teletrabajo de los funcionarios llega al 48% frente al 15% del sector privado
La cifra de la Administración central ha comenzado a descender levemente desde sus máximos registrados en mayo
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. | Europa Press
Las grandes diferencias entre el teletrabajo de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) y el de los empleados del sector privado siguen en máximos al cerrar el año, confirmando que los dos sectores han tomado caminos radicalmente diferentes tras el estallido de la pandemia. Los datos del Informe de seguimiento del trabajo a distancia de la Secretaría de Estado de Función Pública analizados por THE OBJECTIVE indican que el trabajo a distancia en los diferentes ministerios llegó a los 83.957 trabajadores hasta el 1 de agosto, lo que supuso un 47,9% del total.
Esta cifra contrasta con el 14,6% de trabajadores del sector privado que ocasionalmente (7%) o más de la mitad de los días realizan su jornada laboral desde casa (7,6%). Los datos correspondientes al año 2024 y publicados esta misma semana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que son más de 3,1 millones las personas que se acogen a estas modalidades, superando en más de 250.000 los registrados en 2023.
En el caso del teletrabajo de los funcionarios –que incluye a todos los ministerios y a agencias estatales, pero no a las autonomías y entes locales– los números se han estabilizado en lo que va de año y han comenzado a retroceder tras llegar al 50% en mayo. Este comportamiento confirma que el trabajo a distancia en la Administración central ha llegado a su pico, mientras que en el sector empresarial ha comenzado un lento repunte.
Medidas energéticas
Pese a ello, las distancias siguen siendo abismales y reflejan dos formas totalmente opuestas de abordar el teletrabajo. En abril de 2023, el informe del Gobierno indicaba que el porcentaje de teletrabajo en la AGE era del 42,5%, mientras que las empresas privadas registraron un 12,5% según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) elaborado por Red.es en marzo. De esta manera, las diferencias han pasado en casi un año y medio desde los 30 a los 33 puntos.
Una de las claves es la implantación por parte del Gobierno del plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado, que fue aprobado en mayo de 2022 y que entró en vigor el segundo semestre de ese mismo año. Este plan incluía medidas de refuerzo del trabajo a distancia «para reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo».
Sin embargo, después de dos años en vigor, la medida transitoria tiene los días contados. En el último Consejo de Ministros antes del verano se aprobó el anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado. En ella se indicó que el teletrabajo «no constituye un derecho del empleado público y está supeditado a las necesidades organizativas y del servicio». Es así como fijó unos criterios generales para trabajar telemáticamente y recalcó que la norma «tendrá carácter temporal, voluntario y reversible».
Nueva norma
A la espera de que se desarrolle el detalle de la norma, los funcionarios de la administración mantienen las cifras del teletrabajo en torno al 48% del total. En este sentido, cuando decaiga el plan de ahorro y eficiencia energética será sustituido paulatinamente por la ley de Función Pública, lo que implica que estemos ante una cifra que inevitablemente comenzará a descender.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la de mayor representación en la administración pública, presentó una demanda contra el Ministerio de Hacienda hace unos años por el retraso en el desarrollo del teletrabajo en la AGE y viene reivindicando desde entonces la instauración permanente de esta modalidad tras los preacuerdos conseguidos en 2021. Esto indica, por tanto, que ahora deberán comenzar las negociaciones para poner sobre la mesa las condiciones para instaurar esta modalidad de manera permanente.
En el caso del sector privado hay una normativa establecida, pero al no ser de aplicación obligatoria, prácticamente no se recoge en los convenios colectivos y, por tanto, no se ha institucionalizado en la mayoría de las empresas. En octubre de 2020, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a un acuerdo con la patronal y sindicatos para dar un marco común y básico al teletrabajo no contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, pero los avances son escasos y dejan a las empresas la discrecionalidad de aplicarlo.
