El teletrabajo de los funcionarios alcanza ya el 41% frente al 12% del sector privado

El teletrabajo ha llegado para quedarse, pero solo en una parte muy concreta del sector público. Los datos indican que al cierre del mes de marzo, 53.742 funcionarios realizan trabajo a distancia, lo que supone el 41,43% de los efectivos totales de Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal, que incluyen a todos los ministerios y a agencias estatales. La cifra, según el cribado realizado por THE OBJECTIVE, más que triplica el 12,5% de trabajadores que hacen uso de esta modalidad laboral en el resto de las empresas españolas.

En el caso de la administración pública central (no incluye autonomías ni entes locales), este dato además se ha casi duplicado en el último año. Las cifras del Informe de seguimiento del trabajo a distancia de la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, indican que en noviembre del año 2022 -la primera edición de este observatorio- el teletrabajo era del 25,5% (sobre un total de 167.371 efectivos contabilizados) y cuatro meses después es del 41,4%.

Por el contrario, las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que entre 2021 y 2022, esta modalidad bajó del 13,6% (2.741.900 personas) al 12,5% (2.562.700 personas). Lejos quedó su pico de la pandemia en la que superó el 21% en el tercer trimestre de 2020, en pleno confinamiento. Aunque no existen cifras oficiales por tipo de empresa, en el sector privado existe una mayor implantación en las grandes compañías y su utilización cae drásticamente en las pequeñas y medianas empresas.

Plan de ahorro energético

En cualquier caso, las diferencias con el sector público son importantes. En la administración central encontramos una curva claramente ascendente, mientras que en la empresa privada el dato de teletrabajo cae progresivamente hasta estabilizarse en torno al 10-12%, según las previsiones. La clave de estas diferencias se encuentra en la implantación por parte del Gobierno del plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado, aprobado en mayo del año pasado y en vigor desde el segundo semestre de 2022.

Este plan incluía medidas de refuerzo de la modalidad de trabajo a distancia, «para reducir el impacto energético tanto por los desplazamientos al lugar de trabajo como por el consumo de energía en el propio centro de trabajo, garantizando siempre la prestación y calidad del servicio público». En esta línea, cada ministerio o entidad estatal debía aprobar un plan de empleo que incorporara una declaración de puestos susceptibles para teletrabajar, que cumpliesen las condiciones para ello.

El plan aprobado en Consejo de Ministros contemplaba que aquellos empleados con puestos de trabajo a distancia reconocidos podrán teletrabajar tres días a la semana y acudirán dos presencialmente y que, por razones organizativas «debidamente motivadas» se podía autorizar la prestación de dos días de trabajo a distancia. Con carácter excepcional, se podrían establecer otros sistemas de trabajo a distancia.

Teletrabajo por modalidad escogida

La implantación del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia es voluntaria, aunque el porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40% en el conjunto de la jornada semanal. En este sentido, el Ministerio de Hacienda también puso en marcha un observatorio mensual en el que se ha podido constatar el progresivo crecimiento del uso de esta modalidad. Los últimos datos de marzo indican que de los 53.742 funcionarios que se han acogido, 31.530 son mujeres (el 58,6% del total) y 22.212 son hombres (el 41,4%).

Del total de funcionarios de los ministerios que se han acogido a teletrabajo, 17.390 efectivos son personal de apoyo administrativo, 19.529 efectivos son personal de gestión, 14.525 son mandos intermedios y 2.298 son personal directivo. Respecto a la modalidad escogida, 33.962 tienen presencialidad de tres días (el 63%), 13.745 (el 26%) tienen presencia física de dos días y 6.035 (el 11%) tienen un régimen especial.

Un sistema que no termina de convencer a los sindicatos. El pasado febrero, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la que tiene más representación en la administración pública, presentó una demanda contra el Ministerio de Hacienda por el retraso en el desarrollo del teletrabajo en la AGE. El sindicado recuerda que firmó un acuerdo sobre el desarrollo del teletrabajo en abril de 2021 y que dos años después está pendiente la aprobación del Real Decreto que debería regularlo.

Ley del teletrabajo

Respecto del teletrabajo regulado en el plan de ahorro energético de la AGE, indican que es un sistema «temporal y arbitrario». CSIF cree que «su aplicación depende de cada departamento, no todos los ministerios permiten los mismos días, hay puestos excluidos (por ejemplo, la Seguridad Social), no se evalúan los puestos y no se proporcionan los medios necesarios». Además, advirtieron que el ministerio de María Jesús Montero ha firmado un acuerdo con CCOO y UGT, «que vuelve a retrasar su aplicación y recorta el acceso a dicha modalidad de trabajo en algunos grupos profesionales».

Paradójicamente, donde sí está regulado el teletrabajo es en el ámbito de la empresa privada. Y es donde no se están produciendo avances. En octubre de 2020 y con la pandemia en su punto más álgido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a un acuerdo con la patronal y sindicatos para dar un marco común y básico a una modalidad laboral no contemplada directamente en el Estatuto de los Trabajadores. El principal objetivo era que los costes derivados de su utilización no recayeran en los trabajadores.

Convenios empresariales

Para «aumentar la productividad y la competitividad de la economía española», se estableció que el trabajo a distancia tendría carácter voluntario y que no podrá ser impuesta ni por el empresario ni por el trabajador. Además, el acuerdo al que se llegue será reversible y el cambio de modalidad no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Sin embargo, dos años después pocas empresas lo han incorporado específicamente a sus convenios colectivos (mayoritariamente grandes corporaciones). Los datos del Ministerio de Trabajo a finales del año pasado hablan de que solo un 9% de los empleados están cubiertos por un convenio que regula específicamente esta práctica. Esto deja a la norma estatal como base general para la adopción de esta modalidad en el 91% de los empleados de empresas privadas.