La Justicia de EEUU avala embargar activos españoles por el impago de las renovables

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) ha rechazado la petición de amparo presentada por España, dejando «firme» la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia y poniendo fin al último intento del Estado español de bloquear la ejecución de laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.

La decisión del Alto Tribunal, la misma que el Gobierno estadounidense le instó a tomar, confirma la «plena vigencia» del criterio adoptado por las instancias inferiores y permite a los acreedores continuar con los procedimientos de ejecución de los laudos en territorio estadounidense.

El caso en cuestión al que afecta la decisión es el que enfrenta al Gobierno de España con la firma Blasket Renewable Investments, que ha canalizado parte de las denuncias del grupo de empresas a las que España debe más de 2.300 millones de euros por los recortes de la época de Mariano Rajoy.

España había solicitado la intervención del Supremo alegando que los tribunales federales carecían de jurisdicción y cuestionando la interpretación respecto de la excepción arbitral prevista en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

La negativa del Supremo a admitir este recurso se produce después de que el propio Gobierno de Estados Unidos, a través del Solicitor General, recomendara expresamente al tribunal que rechazase la petición española.

«Con esta decisión concluye uno de los frentes judiciales más relevantes abiertos por España en su intento de evitar el pago de los laudos arbitrales firmes dictados al amparo del Tratado de la Carta de la Energía», han señalado fuentes de los acreedores a Europa Press. Así, las mismas fuentes aseguran que esta resolución supone una «importante victoria» para los inversores afectados por los cambios regulatorios retroactivos introducidos en su día por el Ejecutivo español.

Asimismo, la decisión judicial de la corte estadounidense aporta una mayor seguridad jurídica a los acreedores que continúan reclamando de forma legal el cumplimiento de las obligaciones reconocidas por distintos tribunales internacionales.

España sumaba 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago y continúa enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución en Estados Unidos, pero también en otros países como Bélgica, Países Bajos, Australia, Reino Unido o Singapur.

En EEUU, las sentencias que condenan a España a pagar estos laudos rondan los 700 millones de euros, aunque constituyen únicamente una parte de la estrategia internacional de ejecución de los acreedores, que continúan avanzando en distintas jurisdicciones, incluyendo Bélgica, donde permanecen bloqueados aproximadamente 250 millones de euros en cuentas bancarias que también han sido intervenidas por los acreedores.

Por otro lado, en los Países Bajos se han iniciado procedimientos destinados al embargo y eventual liquidación del inmueble que alberga la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. En la misma línea, en Australia, los tribunales han reconocido ya más de cuatro laudos arbitrales contra España, en este caso por un importe conjunto superior a 400 millones de euros, mientras que el Tribunal Supremo de Singapur ha dictado recientemente resoluciones favorables a los acreedores en procedimientos relacionados con indemnizaciones superiores a 300 millones de euros.