La deuda con las renovables asciende a 2.333 millones tras un nuevo laudo contra España
El Banco Mundial eleva a 29 los laudos arbitrales desfavorables contra nuestro país, que solo ha satisfecho uno
Parque eólico de Vilachá, en Galicia. | Carlos Castro (EP)
Nuevo revés a España por las renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial, ha impuesto una nueva condena a nuestro país por el impago de las indemnizaciones reconocidas tras la retirada de ayudas de forma retroactiva a las energías renovables. El fallo eleva a 29 el número de laudos arbitrales desfavorables, de los que el Gobierno de Pedro Sánchez solo se ha pagado uno. La deuda por asciende ya a 2.333 millones de euros, incluyendo intereses de demora, costas judiciales y otros recargos.
El caso lo inició el grupo inversor DCM Energy en alianza con otras compañías afectadas. El tribunal de arbitraje presidido por la francesa Carole Malinvaud ha estimado de manera parcial la reclamación de los inversores. El Ciadi ha fijado una nueva indemnización de 23,9 millones de euros, aunque inicialmente se solicitaban 55,9 millones. A la cantidad reconocida se sumarán intereses de demora y costas procesales si España no resarce inmediatamente a los afectados.
La demanda fue presentada en 2017 por un consorcio de inversores alemanes y suizos, entre los que figuran DCM Energy GmbH & Co. Solar 1 KG, DCM Energy GmbH & Co. Solar 2 KG, Edisun Power Europe A.G. y entidades vinculadas al grupo Hannover Leasing. El litigio se centra en los cambios regulatorios adoptados por España que modificaron de forma retroactiva el régimen retributivo de las energías renovables. La decisión arbitral se adoptó el pasado 8 de septiembre, pero estaba pendiente hasta ahora la resolución definitiva sobre determinados aspectos relativos a costes.
La factura de las renovables
Con esta nueva condena, la deuda de España con las renovables asciende a 1.779 millones de euros. A esta cifra hay que añadir otros 553 millones adicionales en concepto de intereses de demora, costas judiciales y otros recargos, lo que eleva el impacto económico a los 2.333 millones. Hasta la fecha solo se ha satisfecho uno de los laudos, correspondiente al caso JGC. El Gobierno pagó íntegramente a mediados del año pasado la resolución dictada en 2021. La cantidad inicial con la que España debía indemnizar a la compañía japonesa era de 23,5 millones, pero la negativa a abonar la reparación elevó la cifra a los 32 millones.
España sigue sin ejecutar 28 de las 29 resoluciones del Ciadi, lo que le sitúa como el país con mayor número de sentencias de arbitraje pendientes de pago, al mismo nivel que Venezuela y por delante de Rusia, según el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales, elaborado por el académico Nikos Lavranos. El año pasado, la inversión extranjera en nuestro país se desplomó un 60%. Los expertos lo atribuyen a la inseguridad jurídica que perciben los inversores por el impago a las renovables.
Esta nueva condena llega en un momento especialmente delicado para España. En los últimos meses, los afectados por los impagos a las renovables han intensificado las acciones de cobro en distintas jurisdicciones, mientras los tribunales continúan rechazando los intentos del Gobierno de frenar la ejecución de los laudos internacionales. Diversas resoluciones dictadas en Estados Unidos y otras jurisdicciones han reforzado la posición de los inversores y abierto nuevas vías para la localización y embargo de activos públicos.
En Estados Unidos ya existen siete sentencias federales firmes que reconocen laudos contra España por 700 millones de euros. Los acreedores han comenzado a registrar dichas resoluciones en diversos distritos judiciales, lo que amplia significativamente el alcance potencial de futuras medidas de embargo. Ese escenario compromete los patrocinios de la Selección española en el Mundial de fútbol que se juega estos días. Las renovables pueden solicitar el embargo de transacciones económicas e incluso la incautación o inmovilización cautelar del Falcon, el avión que utilizan Sánchez y la Casa Real para sus viajes.
Embargos por las deudas
En Bélgica permanecen retenidos 250 millones de euros, que han sido consignados en una cuenta bancaria como medida cautelar mientras el Gobierno no satisfaga las indemnizaciones por la retirada de ayudas de forma retroactiva a las renovables. En Países Bajos se ha autorizado el embargo de la sede del Instituto Cervantes de Utrecht, una propiedad valorada en más 10 millones de euros. A eso hay que sumarle las decisiones de los tribunales de Reino Unido, Australia o Singapur, tres jurisdicciones donde los acreedores también podrán activar procedimientos de embargo de bienes en caso de que continúen los impagos.
El origen de la deuda se remonta a 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de ayudas para atraer una inversión cercana a los 30.000 millones de euros. Seis años más tarde, Mariano Rajoy las eliminó de forma retroactiva por la crisis económica. Para paliar las pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas Ciadi, donde interpusieron 52 demandas. España se niega a pagar cualquier compensación pese a estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas. Se excusa en que