Los impagos a las renovables ponen en peligro patrocinios de 'La Roja' en el Mundial de EEUU

Las renovables pueden marcar un golazo a España en el Mundial de fútbol. Las empresas afectadas por los impagos de las indemnizaciones reconocidas por los organismos internacionales han enviado notificaciones judiciales a todas las jurisdicciones de Estados Unidos en las que jugará la selección española. De esa manera, los perjudicados por la retirada retroactiva de ayudas a las renovables podrán solicitar el embargo de los patrocinios a La Roja, transacciones económicas e incluso la incautación o inmovilización cautelar del Falcon, el avión que utilizan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Casa Real para sus viajes.

Desde el pasado verano, la Corte de Distrito de Columbia ha infligido siete reveses judiciales a España: los casos Watkins (93 millones), Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones), NextEra (290,6 millones), 9Ren Holding (44 millones) y Cube (40,2 millones). Este tribunal de Estados Unidos ha reconocido incautaciones por 700 millones de euros. El abogado Matthew McGill, socio del bufete King & Spalding, representante legal de las renovables, señala que la negativa del Gobierno a ejecutar los laudos les obliga a desplegar una estrategia internacional de localización y embargo de bienes.

Los acreedores han ampliado su estrategia de cobro en Estados Unidos tras registrar una de las siete sentencias federales contra España (la del caso Watkins) en varios distritos del país, explican a THE OBJECTIVE fuentes de las renovables. La actuación adquiere una dimensión especialmente relevante al coincidir esos lugares con las sedes del Mundial de Fútbol de 2026 donde juega sus partidos La Roja tanto en fase de grupos como aquellos que disputaría en caso de superarla.

Embargo del Falcon

La documentación judicial muestra que la deuda está ya registrada y, por tanto, es exigible ante los tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, entre otros territorios de Estados Unidos, que acoge el Mundial que comienza el próximo jueves junto a México y Canadá. La expansión de los registros fue autorizada por la Corte de Distrito de Columbia mediante una orden emitida el pasado 10 de abril. Esta autorización permite a las renovables inscribir la sentencia en cualquier distrito federal.

Los acreedores consideran este procedimiento «un paso fundamental para facilitar futuras actuaciones de investigación patrimonial, localización de bienes y eventuales procedimientos de embargo de bienes o bloqueo de pagos dentro de las jurisdicciones correspondientes». Para las empresas afectadas, refleja «la creciente presión judicial derivada de los procesos iniciados tras la retirada retroactiva de los incentivos a las energías renovables».

Como avanzó este diario, este movimiento permitiría confiscar patrocinios y pagos a la selección española de fútbol durante el Mundial. Pero no solo. Las renovables afectadas por los impagos también podrían solicitar la incautación o inmovilización cautelar del Falcon en caso de pisar suelo estadounidense. Estas aeronaves son las encargadas de transportar dentro y fuera de España a la Casa Real, a Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, o al titular de Exteriores, José Manuel Albares.

Los afectados por las renovables no han puesto sus ojos solo en los Falcon. Han iniciado una intensa localización de activos en Estados Unidos. La búsqueda incluye la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas y terceros con relaciones económicas con España. Entre los bienes embargables se encuentran cuentas bancarias, obras de arte, las sedes del Instituto Cervantes y otros inmuebles propiedad del Estado. Otra posibilidad es bloquear la adquisición de cuatro misiles Patriot fabricados por RTX-Raytheon, cuyo contrato alcanza los 1.445 millones de euros.

Deuda de 2.310 millones

El origen de la deuda se remonta a 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de ayudas para atraer una inversión cercana a los 30.000 millones de euros. Seis años más tarde, Mariano Rajoy las eliminó de forma retroactiva por la crisis económica. Para paliar las pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Internacionales (Ciadi), vinculado al Banco Mundial, que ya ha dado la razón a 27 de las 52 demandas, todas ellas pendientes de pago.

Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.310 millones, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Las empresas afectadas siguen sin recibir un solo euro y continúan enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución en diferentes países. El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a pagar cualquier compensación pese a estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas. Ante ese panorama, los perjudicados optaron por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica, Australia, Países Bajos y Singapur ya han dado luz verde a embargar activos españoles para contrarrestar los impagos a las renovables.