Los afectados por las renovables sacan a subasta la sede del Cervantes en Utrecht
La venta del edificio, valorado en 10 millones, servirá para saldar la deuda de España con una filial de Toyota
Sede del Instituto Cervantes en Utrecht con los carteles de su venta.
Los afectados por el impago de las renovables sacan a subasta la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos). La venta del edificio, valorado en 10 millones de euros, servirá para saldar la deuda que arrastra nuestro país por el caso Eurus, filial de Toyota para las energías verdes. Si el fondo norteamericano Blasket Renewable Investments logra colocar el inmueble, la institución cultural española sería desahuciada o tendría que pagar un alquiler a los acreedores para mantener su ubicación actual. España ha solicitado una apelación, pero el proceso de liquidación ya está en marcha, explican a THE OBJECTIVE fuentes del caso.
El Tribunal de Distrito de La Haya autorizó el pasado 19 de marzo el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht por el impago de las indemnizaciones reconocidas a las renovables, que ya supera los 2.300 millones de euros. La incautación fue notificada a España el 20 de abril y se hizo efectiva cuatro días más tarde. Solo la deuda por el caso Eurus supera ya 106 millones, al incluir intereses de demora y honorarios profesionales.
En una carta, la justicia neerlandesa informó al Gobierno de que el proceso se produce en virtud al laudo arbitral del 17 de marzo de 2021, que se convirtió en definitivo año y medio más tarde. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad vinculada al Banco Mundial, reconoció una deuda cercana a los cien millones de euros después de que Toyota reclamara los perjuicios por la reducción de subvenciones a los productores de energías renovables.
De Londres a Utrecht
El inmueble vinculado al Instituto Cervantes está ubicado en una zona muy cotizada. Se trata de un edificio histórico de cuatro alturas ubicado en Domplein, uno de los lugares más emblemáticos de Utrecht. Las estimaciones de mercado cifran su valor en 10 millones de euros. La propiedad no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática (la normativa impide embargar embajadas y consulados). Se trata de un ente cultural que alberga clases, eventos y conferencias.
La carta que recibió el Gobierno detalla que el edificio está registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, una institución encargada de dirigir la política emigratoria entre 1956 y 1991. «En caso de que el deudor continúe con el impago, el inmueble embargado se venderá en presencia de un notario», insistía el texto. Un portavoz de las renovables señalan que las compañías afectadas ya se han personado en el inmueble para formalizar los trámites asociados a la ejecución decretada, dando así un nuevo paso en el proceso de recuperación de activos.
La legislación neerlandesa contempla mecanismos especialmente eficaces para la ejecución de créditos reconocidos judicialmente. Los tribunales pueden otorgar amplias facultades a los representantes encargados de la ejecución, permitiendo la toma de control efectiva de los bienes embargados y facilitando, en su caso, su posterior venta para satisfacer las cantidades adeudadas. El embargo del Cervantes en Países Bajos viene precedido de otros que ya autorizaron los tribunales de Reino Unido, Australia, Bélgica, Singapur y Estados Unidos.
Un tribunal londinense, pionero hace ahora tres años, embargó la sede del Cervantes en Londres; bloqueó sus cuentas; confiscó el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas; y permitió la incautación de un inmueble de la Generalitat de Cataluña. Lo hizo después de que un fondo vinculado al banco británico HSBC pidiera a nuestro país satisfacer la deuda de 92 millones que reconoció en 2019 el Ciadi, organismo adscrito al Banco Mundial. La justicia de Australia también se inclinó por esa fórmula y ya ha reconocido cuatro denuncias valoradas en 469 millones.
Los pleitos en Estados Unidos
La justicia belga mantiene bloqueados otros 482 millones de euros que debía percibir España a través de Enaire por la gestión del tráfico aéreo. Los tribunales de ese país aceptaron la petición al considerar que el embargo constituye una vía legítima para garantizar la compensación de los afectados por el impago a las renovables. Este proceder también ha llegado a Singapur, cuyo Tribunal Supremo ha reconocido un laudo contra España valorado en más de 100 millones.
Los embargos han cruzado el charco y han supuesto un verdadero dolor de cabeza para España en Estados Unidos. La Corte del Distrito de Columbia han dado la razón a los proveedores de las renovables y admitido incautaciones cercanas a los 700 millones de euros. Al caso Watkins (79 millones) se suman los de Infrastructure Services/Antin (125,1 millones); RREEF (74 millones); Infrared (35 millones); NextEra (290,6 millones) y 9Ren Holding (44 millones).
Los requerimientos en Estados Unidos se han dirigido a instituciones financieras, empresas participadas por España, entes públicos españoles con implantación en aquel país con implantación e incluso sociedades involucradas en la participación del Mundial de Fútbol de 2026. Las firmas perjudicadas decidieron invertir en nuestro país después de que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha un plan de ayudas a las empresas que eliminó seis años más tarde de forma retroactiva Mariano Rajoy.
Para paliar las pérdidas, las empresas afectadas comenzaron a solicitar indemnizaciones. Llevaron sus quejas al Ciadi, que ya ha dado la razón a 27 de los 52 demandantes. Las indemnizaciones reconocidas superan los 2.300 millones de euros, incluidos sobrecostes judiciales y financieros. Las compañías afectadas siguen sin recibir un solo euro. España se niega a pagar cualquier compensación pese a estar obligada por un tratado que firmó hace tres décadas, al considerar que los laudos son contrarios al Derecho comunitario.