La Justicia embarga 17 propiedades a la trama de Plus Ultra valoradas en 16,5 millones
Los principales afectados son el antiguo dueño de la aerolínea y su director financiero, con 15 millones inmovilizados
Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra en el momento del rescate. | Ilustración: Alejandra Svriz
La justicia ha embargado de forma cautelar un total de 17 propiedades a personas vinculadas a la trama de Plus Ultra. La suma de todos estos inmuebles asciende a 16,5 millones de euros y los principales afectados de ello son los empresarios Rodolfo Reyes y Luis Felipe Baca. El primero, de nacionalidad venezolana y antiguo máximo accionista de la aerolínea, se encuentra en busca y captura junto a su mujer tras una orden internacional de arresto emitida por el magistrado instructor José Luis Calama por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. El segundo, nacido en Perú y presunto testaferro de Alex Saab, quien durante años canalizó la venta de oro venezolano, fue detenido en la isla de Aruba y, tras su extradición hace unas semanas a España, ahora se encuentra en libertad, aunque sin permiso para salir del espacio Schengen.
El mayor embargo decretado el pasado 15 de enero por la juez Esperanza Collazos afecta a un edificio ubicado en el número 77 del Paseo de Almería, en la ciudad andaluza del mismo nombre, que Reyes adquirió por 7,6 millones de euros en julio de 2019 junto a Camilo Ibrahim Issa, el propietario en la sombra de Plus Ultra.
«Los bienes inmuebles que se identifican a continuación han sido adquiridos, bien en un momento cercano o con posterioridad a los hechos denunciados, por lo que, para su compra, han podido utilizarse fondos ilícitos con origen en los delitos investigados en las presentes, o bien a través de actividades sospechosas que vinculan estas adquisiciones de inmuebles con la propia organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que está siendo investigada en Francia y Suiza», indicó la magistrada, quien transfirió la causa a la Audiencia Nacional desde el juzgado número 15 de Plaza Castilla el pasado 15 de enero.
La jueza apuntó en su escrito, que esta semana ha salido a la luz tras el levantamiento del secreto de sumario, que los denunciados «han podido adquirir inmuebles producto de capitales obtenidos ilícitamente, bien en España, o bien en el extranjero utilizando posteriormente nuestro país para colocar, encubrir o integrar el dinero en su patrimonio y poder así disfrutar de él con impunidad, desvinculándolo de las personas investigadas en otros países por sus actividades de blanqueo desarrolladas en el marco de una organización criminal». Las citadas propiedades han quedado bajo embargo preventivo y la prohibición de «enajenación y gravamen respecto de bienes inmuebles» hasta que se levante dicha medida.
Reyes adquirió viviendas antes del rescate de Plus Ultra por valor de 11,5 millones entre septiembre de 2018 y julio de 2019 a través de la sociedad Corpoestructura SL, cuya propiedad comparte con el citado Ibrahim Issa, un empresario próximo a Nicolás Maduro y el chavismo. La transferencia de los fondos para dichas compras se realizó desde Estados Unidos, Suiza, Portugal, Gibraltar y Reino Unido, desde donde se engordó la cuenta bancaria de dicha empresa con un total de 18 millones de euros.
Asimismo, el dueño de Plus Ultra compró el 28 de septiembre de 2018 un inmueble con dos viviendas en la madrileña calle Grafal por cuatro millones de euros. Dicho inmueble se vendió hace un año, con una ligera plusvalía, por 4,2 millones. En concreto, el 18 de junio de 2025, cuando la justicia de Francia y Suiza ya había enviado comisiones rogatorias a España.
La otra gran adquisición de Reyes es la ya mencionada de julio de 2019, cuando Corpoestructura adquirió el edificio con siete viviendas en el centro de Almería, por el que se pagaron 7.656.750 euros. «Pese a que la propiedad de la finca pertenece a Corporestructura SL […], hay indicios racionales de que el titular es Rodolfo José Reyes Rojas», se subraya en el auto de la magistrada Collazos.
La citada empresa tuvo un cambio accionarial en septiembre de 2018, cuando se quedaron sus dos miembros principales: Reyes junto a Roberto Roselli, el director financiero de Plus Ultra. En noviembre de 2024, hubo un nuevo cambio dentro de la sociedad y quedó como administrador único un ciudadano venezolano, Mohamed Ibrahim Ibrahim, que pudiera ser un hombre de paja de Reyes y su socio Camilo Ibrahim. El embargo decretado por la juez instructora supone que todo este edificio de Almería, por el que se pagó 7,6 millones de euros, queda inmovilizado por el momento.
La otra propiedad de Reyes embargada es una vivienda adquirida en mayo de 2025 en la madrileña calle de Ayala por 979.700 euros junto con su esposa, María Aurora López, quien también se encuentra en búsqueda y captura internacional. Por lo tanto, el patrimonio inmobiliario del primero que ha quedado inmovilizado asciende a 8,63 millones de euros con las siete viviendas de Almería y la de Madrid.
Las viviendas de Baca, valoradas en 6,55 millones
El otro gran empresario afectado por la medida judicial es Luis Felipe Baca. En concreto, en tres propiedades. Este peruano afincado en Suiza adquirió en marzo de 2024 un inmueble en la calle Alfonso XII de la capital por 3,9 millones. Primero realizó una transferencia de 39.000 euros en concepto de arras y el resto —3.861.000 euros— mediante una OMF —operación en mercado de fondos, un tipo de transferencia bancaria urgente e irrevocable que se liquida a través del Banco de España— el mismo día de la compraventa.
Tras ello, en octubre de ese 2024, compró otras dos viviendas contiguas por 2.655.000 euros en Príncipe de Vergara, también en Madrid. Los dos inmuebles están uno enfrente del otro en el primer piso del edificio. Por tanto, las tres viviendas embargadas por la justicia a este empresario peruano fueron adquiridas por 6,5 millones de euros.
El resto de inmuebles inmovilizados tienen un valor mucho menor y corresponden al hijo del bróker holandés Simon Verhoeven; a Alejandro Delgado Crego, director de Negocio de Plus Ultra; y a Miguel Palomero, abogado de Baca y que ayudó a Reyes en varios momentos previos al rescate financiero de la aerolínea. Verhoeven ha sido uno de los financieros de la presunta trama en torno a los dirigentes de Plus Ultra. Su hijo compró una finca en Mallorca por 350.000 euros en marzo de 2018 mediante dos transferencias desde una cuenta suiza bajo el radar de la justicia helvética. Con posterioridad, en abril de 2024, fue al notario para donar a sus padres el usufructo del citado inmueble. Además, otras dos fincas a nombre del bróker holandés en la localidad de Marratxí también han quedado inmovilizadas.
Delgado Crego, por su parte, compró una vivienda y un garaje en el norte de Madrid en diciembre de 2022 por 396.800 euros con una hipoteca de 220.000 euros. Respecto a Palomero, su vivienda familiar de 880.000 euros comprada en julio de 2020 podría ser, en realidad, propiedad de Danilo Diazgranados «y las sociedades vinculadas a este empresario venezolano investigado en Francia», según el auto de la magistrada.