Los fiscalistas piden al Gobierno que respete a los empresarios y arregle el caos de Verifactu

El pasado dos de diciembre, el Gobierno tomaba la decisión de aplazar la obligatoriedad de Verifactu —un nuevo sistema para empresas y autónomos que usan software de facturación— hasta 2027. Así se amplía un año el plazo, previsto inicialmente para 2026. Una decisión —reconoce el Ministerio de Hacienda— que responde a las demandas de diversas asociaciones empresariales y organizaciones, como los gestores administrativos, que han solicitado más tiempo para la adaptación de las pymes y autónomos y que aún debe someterse a votación en el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días.

Pero la determinación del Ejecutivo, lejos de contentar a todas las partes afectadas por la ejecución de Verifactu, especialmente a las organizaciones empresariales que hoy celebran esa ampliación, también ha abierto un boquete de disconformidad entre los fiscalistas por el caos ocasionado, tal y como manifiesta la Asociación Española de Asesores Fiscales, Aedaf, con la que ha hablado THE OBJECTIVE.

Aedaf, la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario, más de 3.500 abogados, economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales— cree que la desavenencia con la decisión de María Jesús Montero, titular de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, está más que justificada. La asociación apunta que «si bien muchas empresas, pymes y autónomos han recibido esta prórroga con alivio, el aplazamiento a tan solo un mes de su entrada en vigor transmite un mensaje profundamente negativo para la sociedad y el conjunto del empresariado». Ya que «no puede verse retrasada en el último momento, sin que ello evidencie que hay una falta de planificación por parte de la propia Administración».

La falta de rigor de Hacienda

Durante los últimos meses, miles de empresas, pymes y autónomos —guiados y asesorados en gran medida por profesionales del asesoramiento fiscal— han tratado de adaptarse a unas obligaciones cuyo alcance, funcionamiento y operativa todavía planteaban dudas relevantes para numerosos sectores. Y lo que es más preocupante, destaca Aedaf, «incluso para la propia Administración». Además, «en muchos casos estas empresas habían realizado ya inversiones significativas, adaptado sus sistemas de facturación, contratado soluciones tecnológicas y participado en cursos de formación con la intención de cumplir puntualmente con la nueva normativa».

Por tanto, esta entidad denuncia «el aplazamiento anunciado constituye un reconocimiento implícito de que la preparación no ha sido suficiente para garantizar una implantación ordenada, gradual y técnicamente solvente. Y la modernización fiscal de la envergadura de Verifactu exige anticipación realista, evaluaciones de impacto bien diseñadas y un calendario firme que permita a empresas, profesionales y sectores económicos adaptarse con tiempo, certidumbre y conocimiento».

Premiar al que no hace los deberes

Modificar en el último momento una obligación de tal relevancia «afecta directamente a la confianza de las empresas en la estabilidad normativa y genera dudas sobre la capacidad de previsión de la política fiscal. En un entorno económico ya complejo, la seguridad jurídica y la claridad institucional deben ser pilares irrenunciables».

De ahí que Aedaf subraye que no se trata únicamente de un ajuste temporal, sino de una cuestión de método. Porque «las reformas fiscales deben diseñarse e implementarse con rigor estratégico, con cronogramas realistas y con una interlocución eficaz con los sectores afectados. Solo así es posible evitar la improvisación, asegurar una evaluación seria de los impactos —muy especialmente en pymes y autónomos— y ofrecer a las empresas una comunicación clara, coordinada y a tiempo. Del mismo modo, es imprescindible reforzar el compromiso con la seguridad jurídica, sin la cual es imposible preservar la confianza y la estabilidad económica».

A todo ello se suma un elemento especialmente preocupante: el mensaje que esta decisión lanza a los ciudadanos y el tejido empresarial. Empresas que han dedicado tiempo, recursos y esfuerzo en adaptarse a tiempo se sienten ahora desincentivadas, mientras que quienes no han acometido la preparación necesaria pueden percibir que esta falta de previsión resulta, en la práctica, premiada. Este efecto «es profundamente desalentador y proyecta una señal inequívocamente negativa hacia el futuro: no se adelante, no invierta, no planifique demasiado, porque la norma puede cambiar a última hora». Un mensaje «que mina la confianza, introduce incertidumbre en la toma de decisiones y genera la duda razonable de si situaciones como esta pueden volver a repetirse».

Tender la mano a Hacienda

Por todo ello, Aedaf insiste en la necesidad de una política fiscal más estratégica, coherente y respetuosa con el esfuerzo hecho por empresas y profesionales. Solo mediante una planificación sólida, evaluaciones rigurosas y una comunicación institucional clara «será posible recuperar la confianza y garantizar una modernización normativa eficaz y sostenible».

En este punto, Aedaf remarca a THE OBJECTIVE que reitera su disposición a colaborar con la Administración para asegurar que la implantación definitiva de Verifactu se realice con todas las garantías y con el tiempo necesario para que empresas, profesionales y sectores económicos puedan adaptarse adecuadamente.

La credibilidad de la Aeat en cuestión

A propósito del caos que la Administración ha provocado con la decisión de retirar Verifactu, THE OBJECTIVE ha acudido a la opinión experta de Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y colaborador de este medio. De la Torre señala que Verifactu es una reforma que dará resultados a largo plazo en la medida en que posibilitará el control fiscal e incluso el cumplimiento de algunas obligaciones como la declaración de IVA que Hacienda podría hacer por el contribuyente o facilitársela, como en buena medida sucede ya con el IRPF de millones de españoles.

Pero su implantación «no va a ser fácil, y el calendario no debería estar escrito en piedra. Sin embargo, el retraso de un año, a menos de un mes de la entrada en vigor, por razones puramente políticas, es una mala idea, ya que el sistema estaba listo para funcionar técnicamente y se podía haber flexibilizado el calendario hace unos meses para algunos sectores o aprobar ayudas».

Comparte De la Torre con Adeaf que «con este aplazamiento político se da un mensaje muy negativo a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones, y tardaremos mucho más tiempo en ver los resultados en lucha contra el fraude. Pues esto quiere decir que, a futuro, los contribuyentes honestos pagarán más o todos tendremos menos gastos públicos, o una combinación de ambas cosas, porque la AEAT tendrá menos información y también menos credibilidad».

Mayor inseguridad jurídica

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), también se ha manifestado en contra de esta decisión del Ministerio que dirige María Jesús Montero. Los inspectores de Hacienda muestran su inquietud por la aprobación de un Real Decreto-ley que modifica sin un proceso previo de contraste técnico suficiente los plazos de adaptación al sistema RSIF-Veri*Factu, conocido como ‘VeriFactu’, y lamenta profundamente que en esta decisión «hayan prevalecido motivos de interés meramente políticos».

Durante los últimos años, «este proyecto ha sido presentado como una pieza clave en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente frente al uso de software de ocultación de ventas, y como un instrumento esencial para avanzar en la digitalización y trazabilidad de la facturación empresarial».

Pero «los reiterados mensajes institucionales sobre los plazos de cumplimiento han generado una expectativa legítima en empresas, desarrolladores y profesionales que han invertido recursos económicos y humanos para adaptarse a tiempo». Y, esos cambios sobrevenidos y sin una adecuada explicación técnica «introducen inseguridad jurídica, penalizan el cumplimiento voluntario y pueden trasladar a la sociedad el mensaje equivocado de que las obligaciones tributarias son flexibles o reversibles por razones ajenas a su finalidad».