La deuda del Estado crece 12 veces más que la autonómica y se disparará con el cupo catalán

La deuda del Estado se ha disparado en el último año en 75.600 millones de euros, cantidad que multiplica por 12 la emitida por el conjunto de las autonomías. Los economistas consultados por THE OBJECTIVE advierten del riesgo que supone la nueva financiación, que dotará de más recursos —20.975 millones de euros— a las regiones a costa de las finanzas de la Administración central y sentará un nuevo precedente que ahonda en la falta de incentivos por parte de las comunidades para moderar su gasto y endeudamiento. Esta situación podría replicarse a nivel europeo de prosperar el intento de naciones como Francia y España para que se emitan bonos comunes en el ámbito de la UE, lo cual podría aliviar a corto plazo las arcas de los países miembros, pero desincentivaría la moderación fiscal.

Es la amenaza conocida como la tragedia de los comunes o de los bienes comunales: según este principio, en una cena grupal en un restaurante, la cuenta global suele ser más barata si cada uno se paga lo suyo, pero cuando el gasto se divide a partes iguales, pocos se resignan a pedir una simple hamburguesa cuando, de todas formas, saben que tendrán que subvencionar el bogavante del comensal de al lado. Del mismo modo, si Bruselas acude al rescate de los Estados miembros, o el Estado español enjuaga los excesos de sus regiones, la presión para que las Administraciones sean responsables y comedidas con el gasto público se disipa. Es por ello que la propuesta del Gobierno para reformar la financiación autonómica amenaza con desequilibrar las cuentas en un momento en que, según los últimos datos publicados por el Banco de España, la deuda de las comunidades se ha incrementado un 1,8% en diciembre de 2025 en comparación con el año anterior y ya tiene un peso equivalente al 20,3% del PIB, mientras que la estatal creció un 5,1% y ya asciende al 91,9% del PIB.

Uno de los principales motivos por los que el endeudamiento público de España aumenta sin freno es el agujero de las pensiones, cuyo déficit se estima que superó los 60.000 millones de euros el pasado ejercicio. La principal vía de compensar esta situación son las aportaciones que llegan directamente de los presupuestos generales, lo que ha llevado a la inédita situación de que la deuda siga en una espiral ascendente —ya se sitúa en medio billón de euros más que en 2018— a pesar del récord de recaudación de Hacienda. Sin embargo, otra fuente de ingresos minoritaria es también la emisión de obligaciones por parte de la propia Seguridad Social. De hecho, estos pasivos son los que más han crecido en 2025, con una subida del 7,9%. Lo único que permite maquillar que la deuda total del Estado se haya encaramado un 4,8% en el último año es que el crecimiento nominal de la economía es superior al 5%, lo que hace que la proporción de deuda sobre PIB se haya ido moderando hasta el 100,8%. Si se descuenta la inflación —que también ayuda a deflactar la deuda y beneficia al deudor—, el crecimiento mengua a cerca de la mitad. A su vez, de esta cifra ajustada, la mitad corresponde al pronunciado salto demográfico que experimenta el país, fundamentalmente por la inmigración, que empuja al alza el empleo y el consumo.

«Llevamos mucho tiempo con regalos y, la restricción presupuestaria, las comunidades autónomas se la toman como un granito de sal», observa Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). «La experiencia les lleva a pensar que el Estado siempre les acabará rescatando y que, por lo tanto, no hay necesidad de controlar el gasto», insiste el economista, que detecta «un problema clarísimo de riesgo moral». «Hablamos de más recursos para todas las comunidades autónomas, dando por sentado que eso sería necesariamente bueno, pero no tiene por qué ser así», prosigue. Y es que «ese dinero hay que sacarlo de algún sitio, seguramente del Estado, y eso tendrá sus costes de oportunidad». En particular, «el Estado tendrá menos recursos para financiar sus competencias, desde pensiones hasta infraestructuras pasando por defensa, que también son importantes». Por ello, sostiene que, «si miras lo que pierdes como ciudadano del Estado y lo que ganas como ciudadano de una comunidad, el neto es probablemente pequeño».

El doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania rechaza las pretensiones territoriales de «ser singular[es]» y los «trajes a medida» para aquellos que cuentan con los «votos críticos» y tacha de «horror» el acuerdo inicial entre PSC y ERC, que era «básicamente un plan de desguace del Estado», aunque valora que el Gobierno regional «está corrigiendo el tiro, al menos parcialmente, por miedo al coste electoral». Si bien el cupo para Cataluña «no va en la propuesta escrita», pero «tampoco se renuncia a él específicamente», algo que a su juicio deja la discusión «envenenada» e impide llegar al «acuerdo amplio» que sería necesario al respecto y para el que «hay margen» partiendo de la «base» de la letra de la propuesta. De aplicarse lo planeado por el Ejecutivo, la Generalitat recibiría una «mejora importante» de «unos cinco puntos de financiación relativa por habitante ajustado», aunque lejos del «salto cualitativo que exigía el acuerdo inicial con ERC».

«¿Qué incentivo [hay] para moderar el gasto si llega papá Estado y a Cataluña le quita la deuda o si llega papá Europa y se endeuda por España?», se pregunta José Ramón Riera, economista y presidente del Instituto por la Economía Eficiente. Considera que, «a largo plazo, esto es pernicioso, porque las cuentas quedan edulcoradas mediante sistemas perversos que tapan la realidad del país». Según Riera, «Francia y España quieren que se endeude Europa para que no […] cuente» la deuda correspondiente a los Next Generation y alerta de que este intento es «una auténtica barbaridad, porque [se renuncia] a 60.000 millones que […] quedaban por recibir en deuda a 30 años y [se ha podido] ejecutar». «Para que no nos digan que hemos de renunciar, lo hemos dicho nosotros antes», señala el experto. Añade que «de los 63.000 millones recibidos solo se han pagado 45.000», de modo que quedan «pendientes de pagar 27.000 millones». «No quiero endeudarme y, ya que me tengo que rearmar, que se endeude Europa, que va a ser más barato, y veremos si me cuenta o no la deuda», resume Riera, que asegura que esto equivale a «pervertir» el Tratado de Maastricht.