Opacidad total sobre la entrada saudí en Telefónica: solo Moncloa sabe los detalles
Economía y Defensa se niegan a dar cualquier tipo de información respecto de esta autorización de inversión
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Agencias
El Gobierno mantiene en secreto el expediente que hace dos semanas autorizó a Saudi Telecom (STC) a que completara su desembarco en Telefónica -con el 9,97% del accionariado- y convertirse así en el primer accionista junto al Estado y a Criteria Caixa. Es más, como ha podido confirmar THE OBJECTIVE, solo contados miembros de Moncloa, del Ministerio de Economía, del de Defensa y de la empresa saudí conocen las condiciones que se han establecido para autorizar el 5% de capital que faltaba y que además le da acceso a un asiento en el consejo de administración.
Esto supone que ni el equipo gestor de Telefónica ni el resto de los accionistas conocen cuáles son las condiciones que se han establecido para la entrada de la compañía saudí en el primer operador de telecomunicaciones local. En el sector se intuye cuáles pueden ser estos requisitos y -de hecho- desde el Gobierno se han filtrado algunas de estas exigencias, como que el grupo saudí se compromete a mantener en bolsa a la española, respetar las decisiones que afecten a la seguridad nacional y garantizar que la sede social y fiscal permanezca en España.
Pero todo se menciona de forma genérica y sin entrar en el fondo del expediente que ha dado paso a que la empresa -propiedad del Reino de Arabia Saudí a través de su fondo soberano PIF– entre con una mayoría en una compañía con intereses en ciberseguridad, defensa y dueña de infraestructuras críticas, considerada estratégica por el Estado y en la que además participa la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con otro 10%. Una situación cuanto menos anómala porque significa que solo dos socios (y nadie más) conocen una información clave que puede definir los futuros movimientos de la Telefónica.
Carlos Cuerpo
Este diario ha contactado con el Ministerio de Economía y el de Defensa respecto de los detalles sobre estas condiciones, pero han indicado que no disponen de esta información. No han contestado a la pregunta de sobre qué criterios se oculta este expediente y tampoco si se atribuye a información clasificada, como sí se dijo respecto al rechazo de la opa de Magyar Vagon en Talgo. En ese momento, el Ejecutivo hizo una referencia explícita en la documentación del Consejo de Ministros, aunque indicaron que no podían dar más detalles porque «se había declarado la información contenida en este expediente como clasificada».
En el caso de Telefónica, la segunda operación que se ha fallado tras la de Talgo -y en este caso, en un sentido positivo- no ha habido ni nota de prensa, ni referencia en la documentación del Consejo de Ministros, ni ningún documento oficial que lo certifique. La única información oficial es la que aportó el ministro Carlos Cuerpo el pasado 28 de noviembre y ante la pregunta de una periodista. El titular de Economía solo se refirió a que las condiciones tenían que ver específicamente con «asegurar el interés nacional en materia de defensa», pero no entró en detalles.
«Esta autorización ha sido precedida de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas en base no solo al cumplimiento de nuestra legislación vigente, sino también a elementos tan importantes como asegurar el interés nacional en materia de defensa en concreto. Y también, por supuesto, asegurar ese elemento estratégico que tiene que ver con las infraestructuras de telecomunicaciones y la importancia de Telefónica en este ámbito», dijo Cuerpo, refiriéndose específicamente al expediente que analizó la Junta de Inversiones y el Ministerio de Defensa.
Información clasificada
Y continuó señalando que «se han establecido medidas o condiciones que han sido aceptadas de manera voluntaria por la empresa saudí para garantizar efectivamente que esta operación se lleve a cabo de manera que se asegure ese elemento estratégico, que se asegure la autonomía operativa de Telefónica, que se salvaguarden, como decía, los intereses nacionales y que se proteja esta infraestructura crítica. Este es el elemento más importante y me van a permitir que no dé más detalle con respecto a las condiciones específicas».
De las palabras de Cuerpo se deduce que está hablando de una información que podría constituir un secreto de Estado , pero nadie dentro del Ejecutivo confirma oficialmente este extremo. Según la Ley 9/1968, de 5 de abril, se define la información clasificada como los «asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». Al argumentar la seguridad nacional, el Gobierno se asegura de que -en principio- no exista ninguna herramienta legal que pueda hacer aflorar esta información.
Consejo de Telefónica
De esta manera, sorprende que se haya dado más información sobre una operación rechazada (la de Talgo), que no tiene más misterio que conocer las razones de esta denegación, que sobre una que sí ha salido adelante y de cuyas implicaciones dependen muchos de los futuros movimientos en torno a Telefónica. De hecho, la autorización a tener un vocal en el consejo -algo que ya se daba por descontado en el mercado- no se conoció oficialmente por boca de Cuerpo, sino que fue corroborada minutos más tarde al conocerse la valoración de la propia STC de la decisión del Ejecutivo español.
Sin embargo, quedan muchas preguntas sin resolver. Por ejemplo, si Saudi Telecom puede ampliar su participación accionarial en Telefónica en el futuro, si están en disposición de acceder a un segundo consejero, si puede auspiciar o vetar operaciones de venta o segregación de activos o si puede participar activamente en la gestión. Oficialmente, lo que ha hecho el Gobierno es autorizar sus derechos políticos hasta un 9,97% del capital, lo que en teoría les otorga todas las prerrogativas de un primer accionista, que incluyen las anteriores situaciones. La gran duda es saber si efectivamente se han limitado estos derechos políticos.
