El ERE de Telefónica abre la puerta a 4.000 salidas en España y 1.000 en el área corporativa
La operadora estudia hacer su sexto ajuste de plantilla en 11 años y después de la salida de 15.500 empleados

Sede de Telefónica en el Distrito T de Madrid, | EP
Telefónica tiene sobre la mesa un plan de recorte de plantilla que, de salir adelante, se activaría antes de que finalice el año. Las fuentes sindicales consultadas por THE OBJECTIVE advierten de que este proceso abriría la puerta a unas 4.000 salidas en sus tres principales sociedades en España y otras 1.000 en el departamento corporativo, que incluye a empleados que prestan servicio para el grupo en todo el mundo. En total, las estimaciones hablan de unos 5.000 despidos, por debajo de los 6.000 a 7.000 que se han publicado como estimación inicial.
De concretarse este proyecto de recortes de plantilla, estaríamos ante el quinto plan de ajustes en 11 años que -hasta la fecha- se han saldado con 12.000 despidos en forma de bajas incentivadas, con cuatro Planes de Suspensión Individual (PSI) realizados sucesivamente los años 2015, 2017, 2019, 2021; y un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se saldó en 2023 con otras 3.500 bajas. En total, 15.500 que podrían superar las 20.000 al empezar el próximo 2025 si se cumplen las previsiones que se manejan en la empresa y dentro de los propios sindicatos.
La lógica de Telefónica en estos expedientes y planes de salidas voluntarias es recortar el coste total de la plantilla para dimensionarla a las nuevas realidades. Históricamente, ha sido una plantilla muy elevada, que a comienzos del año 2000 tenía -solo en España- 37.000 trabajadores, y que tiene 18.305 al cerrar 2024. Progresivamente se ha ido bajando el número de contratados en el país en el que se abonan los mayores salarios y donde los costes laborales son más elevados.
ERE de 2023
La compañía prefiere asumir un fuerte coste inmediato –que se provisiona en sus cuentas del año en que se hacen los despidos- a cambio de sinergias a corto y medio plazo. En el último ERE de 2023 se asumió un coste de 1.300 millones sin impuestos a cambio de 285 millones de sinergias. Si sumamos los cinco procedimientos que se han activado en la última década, sin las previsiones del eventual expediente de este año, el coste total se elevaría a los 8.000 millones y los ahorros estarían cercanos a los 3.500 millones.
Para entender la dinámica de salidas en Telefónica, hay que considerar la buena disposición de una parte importante de la plantilla de asumir un PSI o un ERE. Solo en el expediente de 2023 se produjo una voluntariedad que superó en 200 plazas las 3.500 ofrecidas, algo que viene siendo habitual desde 2015. Es una situación que se produce generalmente porque las condiciones que se suelen ofrecer están muy por encima del mercado. Hace dos años, el coste promedio de los trabajadores afectados fue de aproximadamente 380.000 euros por persona.
Por ello, la publicación en Expansión este lunes -que se unía a las informaciones de El Confidencial y El País de antes del verano- no generó alarma en la plantilla ni una sensación de rechazo, como ha pasado históricamente en otras grandes corporaciones del Ibex 35. Como es lógico, la reacción de los sindicados ha sido rechazar cualquier recorte de empleo, aunque reconocen que es un movimiento que estaba dentro de lo esperado. Y en privado, no lo ven con malos ojos.
Salidas de Telefónica
Las magnitudes que se manejan para el plan de recortes de este año -si es que finalmente la operadora decide seguir adelante- son algo superiores a las de 2023. En cuanto al número, se ha filtrado a la prensa que podría ser de entre 6.000 a 7.000 empleados, aunque las fuentes consultadas por este diario acotan la cifra bastante por debajo de estas dimensiones.
Desde el punto de vista estructural, Telefónica tiene la oportunidad de eliminar perfiles que no se adapten a las nuevas realidades y desafíos, por lo que el plan estratégico que se presentará el 4 de noviembre sería el momento preciso de sentar las bases de una nueva estructura laboral. Aunque también es cierto que los propios sindicatos han indicado este lunes que la cifra conocida les parece «exagerada», lo que supone que si se quiere mantener la pax social habría que adaptar las necesidades a la demanda real que exista entre los trabajadores.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la operadora está participada en un 10% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita a su vez al Ministerio de Hacienda y el Gobierno, un Ejecutivo de coalición con Sumar, formación que siempre ha criticado con dureza los expedientes de regulación de empleo de las grandes empresas. Esto supone que existen más sensibilidades a la hora de calibrar las condiciones y el número final de afectados, en el caso de que se siga adelante con este plan de ajuste.
España en el foco
El proceso abre la puerta a unas 4.000 salidas en las sociedades españolas de Telefónica: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, un universo de 18.000 empleados. Y unas 1.000 bajas del departamento corporativo, que incluye trabajadores que prestan servicios a la compañía para todo el mundo. En la memoria de 2024 se indica que hay 11.589 empleados de empresas que no están ligadas societariamente a un país, como podría ser España, Brasil, Hispanoamérica y España. Incluirían, por tanto, a los empleados del Corporativo, pero también de Telefónica Tech o Telefónica Indra. En España, trabajan además 25.000 personas, aunque en diferentes compañías.
Con todo, la decisión de las salidas -y si se harán mediante un ERE o bajas voluntarias- todavía no está tomada. Si sale adelante se presentará después del 4 de noviembre, tras la puesta de largo del nuevo plan estratégico. Si se presenta en noviembre, estará cerrado antes de diciembre y podría incluirse en las cuentas de 2025. La idea es incluir este coste, que algunos estiman en 2.000 millones de euros, en los resultados de este curso, que ya están distorsionados con las salidas del perímetro de los negocios de Latinoamérica. Habrá pérdidas con toda seguridad, por lo que lo único por dilucidar es si serán de los actuales 1.300 millones de euros o superiores, en caso de incluirse este eventual ERE.