Un tercio de las redes 5G españolas todavía son de Huawei pese a las advertencias de la UE
Telefónica, MasOrange y Vodafone siguen manteniendo diferentes niveles de exposición al fabricante chino

El logo de Huawei en una feria tecnológica. | Benoit Tessier (Reuters)
Un tercio de las infraestructuras de 5G españolas están en manos de la china Huawei cuando ya han pasado 43 meses desde la promulgación de la ley de ciberseguridad. Un cuerpo legal con el que España quería poner freno a la implicación en nuestras redes digitales de compañías de alto riesgo relacionadas directamente con gobiernos ajenos a la Unión Europea y el entorno de la OTAN, pero que los datos demuestran que ha resultado ineficaz. Y todo ello en medio de las decenas de advertencias de Bruselas para dejar de depender de estos operadores.
De hecho, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, las tres grandes redes móviles -Telefónica, MasOrange y Vodafone- que siguen teniendo diferentes niveles de exposición a Huawei, no se plantean ahora mismo expulsar totalmente a este fabricante de sus infraestructuras de 5G. Esto se produce por la escasa voluntad del Ejecutivo español de bloquear explícitamente a compañías chinas y al elevado coste de sustituir a estos suministradores de determinadas partes sensibles de su arquitectura digital.
Telefónica renovó en diciembre de 2024 su contrato con Huawei para administrar el núcleo o core de su red 5G para usuarios residenciales hasta 2030. Es el más relevante desde el punto de vista económico porque afecta al mayor volumen de sus clientes, pero no estratégicamente, ya que el core de las empresas y de las administraciones públicas está en manos de la finlandesa Nokia. Aunque no afecta a España, la operadora presidida por Marc Murtra sigue teniendo exposición al fabricante chino en sus redes de Brasil y de Alemania, dos de sus mercados clave.
MasOrange y Vodafone
En el caso de MasOrange, el mayor operador por número de clientes móviles, llevan algunos meses intentando sustituir sus proveedores, pero en la actualidad Huawei sigue siendo el responsable de al menos el 50% de su red 5G de radio. En octubre, encargó a Ericsson modernizar la nueva red móvil que une las antenas de MásMóvil y Orange con Open RAN y desde hace un par de años Nokia sustituye progresivamente al proveedor chino con la idea de que desaparezca del todo en 2028.
Sin embargo, MasOrange anunció en mayo que ponía en marcha una nueva red 5G Advanced, en colaboración con Huawei, sobre su red 5G SA, un paso intermedio entre el 5G clásico y el futuro 6G. También tiene una parte muy pequeña de ZTE en sus redes. En el caso de Vodafone, es una de las más expuestas, con casi el 70% del radio para Huawei y el 30% restante para Ericsson y mantiene diversas alianzas con el fabricante asiático para optar a contratos públicos.
Cuando Estados Unidos puso en el punto de mira a Huawei -en el primer mandato de Donald Trump en 2019- todas las grandes operadoras de telecomunicaciones manifestaron su voluntad de eliminar progresivamente su exposición al fabricante y sacarle definitivamente de sus redes. Telefónica, MasOrange (entonces Orange) y Vodafone no fueron la excepción, un compromiso que reafirmaron en años posteriores al hilo de la promulgación de la ley de ciberseguridad 5G, entonces a cargo de la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Límites a Huawei
Desde entonces ha ido reduciéndose el peso de Huawei -que era muy relevante en 2019 en las tres compañías- y que se ha eliminado casi por completo de las redes core, las que aseguran el control de los datos y que la UE puso en el punto de mira hace más de cinco años. Pero el suministrador chino sigue presente en al menos un 32% de las redes españolas de 5G, como refleja el informe de Strand Consult publicado en junio de este año -el triple del peso que tiene en Francia-, una cifra que preocupa en Bruselas porque, tras la invasión de Rusia a Ucrania, se ha elevado el listón del riesgo y se ha pedido expresamente a todos los Estados que eliminen a fabricantes chinos de toda su red.
¿Qué ha pasado? En primer lugar, el Gobierno se ha puesto de perfil. En marzo de 2022 -dos meses después de la invasión rusa- la idea de la ley de ciberseguridad 5G era bloquear directamente a Huawei y ZTE incluyéndoles en una lista de proveedores de algo riesgo. No obstante, el paso de los meses y de los años, con presiones del entorno de Moncloa de por medio, hizo que este listado nunca se promulgara. Y que se cambiara el discurso. En 2023 la propia Calviño indicó que esta lista ya no era prioritaria y que el efecto disuasorio que había generado cumplía con los objetivos.
‘Toolbox’ de la UE
Pero el objetivo final no se ha cumplido. Las operadoras han empezado a sustituir sus proveedores, pero lo hacen de una forma mucho más lenta de lo que quisiera la UE. Incluso algunos están renovando contratos. En el sector se indica que esta coyuntura se produce porque las telecos dan por descontado que España nunca terminará de vetar a Huawei, como le pide Bruselas, y no están dispuestos a correr el riesgo económico que significa realizar una sustitución acelerada de sus equipos. Por el contrario, se ha optado por un reemplazo orgánico, menos costoso y sin riesgos.
Sin embargo, todo este panorama podría cambiar radicalmente en los próximos meses. Este diario ya ha publicado que la Unión Europea busca fórmulas jurídicas para obligar a los Estados miembros a que expulsen definitivamente a Huawei y ZTE de sus redes públicas, tras situar a estos suministradores como un peligro para la seguridad estratégica del continente. El plan pasa por intentar forzar la aplicación del toolbox de seguridad 5G que ahora mismo solo tiene carácter voluntario e incluirlo en la próxima revisión de la Ley de Ciberseguridad de la UE antes de finales de año.
Si logran dar este paso, España tendría que mover ficha y publicar la esperada lista de proveedores de alto riesgo, lo que significa en la práctica expulsar a Huawei y a ZTE. Al mismo tiempo, las operadoras españolas se verían obligadas a renovar sus equipos de forma acelerada e incluso no se descarta que necesiten ayudas públicas para modificar las estructuras de sus redes. Pero ahora mismo, ni el Gobierno ni las telecos quieren dar este paso.