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Economía

La Ley de ciberseguridad indigna a las 'telecos': disparará costes y reducirá el despliegue del 5G

La normativa persigue el objetivo de crear unas redes de telecomunicaciones con proveedores europeos y desmarcándose de aliados de Rusia

La Ley de ciberseguridad indigna a las 'telecos': disparará costes y reducirá el despliegue del 5G

La ministra Nadia Calviño, en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.|AGENCIAS

Las operadoras de telecomunicaciones no dan crédito a la Ley de ciberseguridad que esta semana aprobó el Gobierno mediante Decreto-Ley. Según ha conocido THE OBJECTIVE, después de un par de días de análisis con sus equipos técnicos la conclusión es una sola: la nueva normativa es nefasta para el sector ya que encarecerá los costes y limitará de manera muy importante los futuros despliegues de las redes 5G, todo lo contrario de los que busca el plan de digitalización del propio Ejecutivo.

Este diario ya contó que el Gobierno y el ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño se preparan para vetar a Huawei y ZTE como suministradores de tecnología para las futuras redes de 5G que desarrollarán Telefónica, Orange y Vodafone. La nueva Ley de ciberseguridad establece un marco de obligaciones que allana el camino para tomar esta decisión que se ha precipitado tras el estallido de la guerra de Ucrania y la necesidad de crear unas redes con proveedores europeos y desmarcándose de aliados de Rusia.

Esta nueva normativa incluye la creación de un listado de proveedores de «alto riesgo» que deberá conocerse de aquí a tres meses -donde estarán estos proveedores chinos- y prohíbe que las operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil utilicen a estos suministradores en sus redes, ya sea en infraestructura core -la más sensible- como en radio, transmisión de datos.

Normativa «muy restrictiva»

Una prohibición que además implica sustituir equipos que lleven componentes de proveedores de alto riesgo aunque lleven años en funcionamiento. La norma también afecta a infraestructuras críticas como hospitales, centros de defensa o administraciones públicas. Se darán dos años para sustituir equipos de infraestructuras críticas y cinco para equipos generales.

Si bien las operadoras españolas están construyendo sus nuevas redes 5G sin operadores chinos, tienen buena parte de su infraestructura 4G y el 5G non stand alone (el que usa la red 4G) con Huawei, por lo que la inclusión de esta compañía en la lista de proveedores de «alto riesgo» les obligará a tener que desmontar sus actuales redes. Muchas de estas infraestructuras eran reutilizables en el nuevo ecosistema, lo que permitiría rebajar la factura del 5G que podría rondar fácilmente los 1.500 millones por operador en los próximos tres años.

En conversación con este periódico, directivos del sector indican que la norma se traducirá en un duro varapalo económico. «Nos tocará asumir todos los costes de las nuevas normativas de seguridad«, advierten. La mayoría de los países europeos están vetando solo el core de la red, pero en el caso español se ha apostado por bloquear toda la infraestructura a estos proveedores de alto riesgo, calcando la normativa de Reino Unido, la más beligerante hasta la fecha.

Desmantelamiento del 4G

El primer gran coste será el desmantelamiento de los equipos ya construidos con suministradores chinos, un coste con el que no se contaba hace unas semanas. Para las operadoras es muy importante reutilizar las tecnologías precedentes para realizar sus nuevos despliegues incluso si no se hace en un primer momento. «Necesitarás apoyarte en los despliegues ya construidos para futuras infraestructuras y ahora no sólo no podrás usarlo sino que además hay que desmantelarlo«, indican. En las telecos se refieren principalmente al DSS, que se apoya en despliegue 4G para dar 5G.

Por otro lado, las operadoras consideran que los plazos que se dan para desmantelar las redes con proveedores de algo riesgo son totalmente insuficientes. Se dan dos años para infraestructuras críticas, una situación que las telecos ven casi imposible considerando la complejidad de estas redes y el elevado coste de desmontarlas completamente.

A esto hay que además sumar el coste de las auditorías que exige la Ley, unos informes de seguridad de sus propios equipos que deberán costear las operadoras de telecomunicaciones de su bolsillo. Esto supone que inevitablemente se tendrán que reducir los despliegues futuros de 5G porque parte del dinero se utilizará en desmontar la actual red y en pagar los costes de certificación que se exigen con la nueva Ley de ciberseguridad.

Plan España Digital

Esto supone además poner el peligro los objetivos del Plan España Digital de tener en 2025 el 100% de la población con fibra óptica de más de 100 megas de velocidad y con el 75% de cobertura de 5G. La verdadera cobertura 5G real se comenzará a realizar este año, pero si se pierde tiempo desmontando redes ya construidas, el despliegue se retrasaría sine die y muchas zonas quedarían sin cubrir, indican las operadoras.

Todo esto en un contexto en el que las compañías de telecomunicaciones atraviesan por una grave crisis deflacionaria. El sector facturó 32.692 millones de euros en 2021 en España, un 0,68% más que el año anterior, pero todavía un 30% por debajo de las cifras de hace una década. La guerra comercial y las ofertas de bajo coste han dinamitado un sector que no tiene recursos ilimitados para invertir en redes y que precisamente busca integraciones en todas las áreas para volver a la rentabilidad.

Lo que sorprende en el sector es que el Gobierno tome estas decisiones -sin mediar ninguna reunión ni aviso previo- pese a que regularmente recuerde en foros internacionales y en sus comparecencias públicas que tenemos las mejores redes de telecomunicaciones de Europa y que poseemos más fibra óptica que la suma de los gigantes económicos de nuestro entorno.

Redes de las operadoras

Telefónica, Orange y Vodafone decidieron excluir a Huawei del core de manera voluntaria y adjudicar mayoritariamente los servicios a Ericsson, ante la inseguridad generada por los gobiernos europeos. En el caso de Vodafone, hace un año anunciaron que retirarían la tecnología de la firma china del núcleo de sus redes europeas tras la decisión de Reino Unido de restringir el papel de la empresa china en su 5G y de las nuevas directrices de la UE sobre los equipos de telecomunicaciones de la firma.

La decisión de Vodafone es clave porque de los tres grandes en España era el que más utilizaba al proveedor chino, tanto en el 4G como en el comienzo del 5G non stand alone, realizado sobre las actuales redes desplegadas. En el caso de Orange hace pocas semanas anunció que adjudicaba el core a Ericsson y sus directivos han confirmado en muchas ocasiones que Huawei no estará en sus redes más sensibles.

Algo similar ha hecho Telefónica que ha adjudicado una capa de su core a Ericsson y ha dejado fuera del radio a Huawei. El problema es que tras las publicación de esta Ley -sin posibilidad de trámite ni discusión en el Congreso- se les obligaría a desmontar equipos que llevan años desarrollándose con compañías chinas con el consiguiente coste agregado.

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