Malestar en Transportes con Puente: piden auditar externamente los contratos de la trama
Hay precedentes de peritajes externos por presunta corrupción en las empresas del Ministerio durante esa época
El ministro de Transportes, Óscar Puente. | Europa Press
El sector de Transportes desconfía del ministro Óscar Puente, que anunció recientemente los resultados de una auditoría express tras las sospechas vertidas por el cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, sobre contratos que afectan a su ministerio. Fuentes del mismo sector rechazan que esta deba limitarse a una investigación interna y argumentan que «es necesaria una valoración independiente de las ofertas por peritos externos para que analicen los contratos».
En el pasado, y por contratos que salpicaron en ese momento a la compañía pública ADIF, se llevó a cabo una reevaluación de las ofertas técnicas por externos. En ese momento afectó a la compañía Obras Públicas y Regadíos SA (OPR). Aun así, este escenario no es común y la mayoría de los casos se han cerrado internamente. De todos los señalados por Aldama, el ministro de Transportes apuntó a que solo una licitación afectaba a la época de Ábalos.
Puente ha reiterado en varias ocasiones que cree que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, no ha participado en ninguna trama corrupta. No obstante, las dudas crecen dentro del sector de transportes y subrayan que «las calificaciones están demasiado cerca». De hecho, si se analiza el contrato en cuestión que afecta a Ábalos publicado por Puente, se observa que la UTE (unión temporal de empresas) ganadora (Lantania y ASCH) le sacó cuatro puntos a la segunda, Copcisa, en la puntuación por juicio de valor.
La licitación en cuestión, que contaba con un presupuesto de 30 millones de euros, tenía que ver con obras en la A-66. El ministro Puente, aunque ha tratado de limitar el impacto de las acusaciones de Aldama hacia su ministerio, reconoció que «el mejor valorado en la fase técnica fue finalmente el adjudicatario, pero muy ajustado con el segundo licitador tras la apertura de la oferta económica».
Posiblemente, los contratos señalados por Víctor de Aldama y que afectan al Ministerio de Transportes aparezcan durante su intervención en el Congreso de los Diputados el próximo miércoles. El ministro Puente comparecerá «para dar cuenta de las acciones realizadas por el Gobierno de España en materia de infraestructuras y servicios de transporte como consecuencia de la DANA de finales de octubre de 2024, entre otros asuntos».
La última gran auditoría relacionada con la trama Koldo comenzó a finales de febrero del pasado año y los resultados se publicaron a finales del mes de agosto. La llevó a cabo la Inspección General de Transportes y en el foco había dos contratos: uno de ocho millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y otro de ADIF de cinco millones de mascarillas FFP2 por 12,5 millones de euros. La circunstancia y diferencia de esos contratos con los que ahora se señalan fue la peculiaridad con la que se llevaron a cabo: «negociado sin publicidad acelerada». En esta se relató que el antiguo consejo de administración de la compañía pública Adif contrató en marzo de 2020 con Soluciones de Gestión, la empresa de la trama Koldo, pese a la desaprobación de algunos departamentos internos de la propia empresa.
Tramas pasadas
En marzo de 2023, este periódico publicó que la empresa ADIF había abierto una investigación a raíz de una denuncia interna por irregularidades para favorecer en licitaciones públicas a una empresa. En la denuncia se aludía a un presunto modo de operar para favorecer en tres contratos públicos a OPR entre los años 2019 y 2021. El ente público dio carpetazo a la investigación dos días después de que este medio lo publicara y negó los hechos denunciados. Esta misma empresa, durante la etapa del exministro José Luis Ábalos, duplicó sus ingresos.
El pasado 28 de mayo este medio publicó un audio de WhatsApp que envió un cargo intermedio de la empresa pública ADIF a los técnicos que calificaban las ofertas de una licitación, y que en ese momento mostraban su reticencia por la complejidad de manipular un contrato. «Yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa (…) Lo hemos conseguido en todos los expedientes», afirmó con enfado.
El amaño publicado afectaba a dos contratos. Uno de 20,4 millones de euros en 2022 y otro de 28 millones de euros en 2023. Fueron firmados por el que más tarde sería presidente de ADIF, Ángel Contreras. Un hombre muy cercano a la expresidenta de la empresa pública y ex secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera. Víctor de Aldama, en su informe entregado al Tribunal Supremo, nombra a ambos.
