El 'caso Koldo' revela mordidas de otro escándalo que destapó TO y Adif cerró en falso

El sumario del caso Koldo revela posibles mordidas vinculadas al escándalo de las presuntas irregularidades por parte de Adif en presunto favor de la empresa Obras Públicas y Regadíos SL (OPR). El ente público dio carpetazo hace un año a una investigación interna, desvelada tan solo dos días antes por THE OBJECTIVE, que tuvo en el foco al aún director general de Construcción y de Adif-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva –un hombre cercano a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exministro José Luis Ábalos–, por la presunta manipulación de puntuaciones técnicas en favor de OPR en tres contratos públicos.

Adif cerró la investigación interna después de que este diario la hiciera pública y amenazó con emprender acciones legales por la difusión en este medio de información sobre un procedimiento con carácter confidencial: la investigación interna sobre la supuesta puntuación al alza en favor de OPR en tres contratos públicos, de los cuales esa empresa resultó presuntamente favorecida. Un asunto denunciado por un grupo de trabajadores a través del Canal Ético bajo un seudónimo y al que Adif dio carpetazo dando por zanjado que no existían «indicios de irregularidad» que acredite «que el director general de Construcción de Adif y director general de Adif-Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, diera instrucciones» a dos de sus subordinados «para puntuar favorablemente la oferta de la empresa OPR en la licitación del Ramal Ferroviario del Bajo de la Cabezuela».

Sin embargo, el nombre de esa empresa presuntamente beneficiada por Adif -según la denuncia interna- vuelve a salir en el marco de la investigación del caso Koldo. Tanto el exministro Ábalos como el que fuese su mano derecha, Koldo García, se hospedaron en el parador de Granada el 6 de julio de 2021 –cuatro días antes de que Pedro Sánchez cesara al hasta entones responsable de Transportes–. El mismo día y en el mismo alojamiento, según la Guardia Civil, coincidieron con un empresario con participaciones en OPR que transfirió a través de otra de sus sociedades al menos 7.791 euros durante el año 2022 a la esposa de Koldo García.

Vínculo con Adif

Se trata de F.C.S., representante legal de la UTE Motril Sur y de las dos empresas que la conformaban, OPR y Áridos Anfersa, que coincidió subraya la UCO en el parador de Granada con Ábalos y García, «quien sigue teniendo relación con personal del MITMA». Los investigadores vinculan a este último con el aún subsecretario de Estado del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, uno de los tres altos cargos de Óscar Puente con los que García se reunió en la marisquería La Chalana en el transcurso de la investigación.

Los pagos a la mujer de Koldo por parte de este empresario granadino se produjeron a través de Áridos Anfersa, empresa que se adjudicó en UTE con otra compañía un contrato de más de medio millón de euros de Adif en 2022. Antes, como adelantó este diario, OPR duplicó sus ingresos durante la etapa en la que Ábalos fue ministro, con García como asesor de confianza.

La UTE Motril Sur, de la que formaba parte OPR, se adjudicó un contrato de carreteras por importe de 2,7 millones de euros de la Alcaldía de Motril el 12 de julio de 2021, seis días después de que su representante coincidiera con Ábalos y Koldo García en el parador de Granada. En ese breve lapso de tiempo transcurrido, Pedro Sánchez cesó a Ábalos el sábado 10 de julio de 2021. Como adelantó este diario a finales de aquel año, uno de los motivos del cese del hasta entonces ministro de Transportes fue un episodio en un parador.

El vínculo entre el representante legal de OPR en la UTE Motril Sur y el de este último a su vez con Koldo García, vuelve a poner sobre la mesa la investigación interna que Adif cerró en marzo del año pasado tras ser destapada por este diario. Unas pesquisas que llevaban seis meses abiertas y con las que se buscaba averiguar si Juan Pablo Villanueva, nombrado por Ábalos y Pardo de Vera como director de Adif-Alta Velocidad, dio instrucciones a los técnicos del ente ferroviario en favor de OPR.

Investigación interna

Como contó este medio, informes incorporados a la investigación interna, realizados por ingenieros externos de INECO, acreditaron una desviación de las puntuaciones técnicas en favor de OPR. Los peritos de la empresa pública externa concluyeron que la compañía Obras Públicas y Regadíos (OPR) no debió obtener la mejor puntuación técnica en ninguna de las tres licitaciones evaluadas. Y consideraban que al menos en una de ellas se habría producido «un cambio significativo» en el orden clasificatorio final de las empresas que participaron en la licitación. 

De los tres contratos investigados, OPR quedó excluida por oferta temeraria del proyecto para unir directamente el muelle de carga del puerto gaditano del Bajo de la Cabezuela con la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz, que estaba valorado en algo más de 20 millones de euros. La valoración técnica de las ofertas presentadas por las empresas que participaron en ese concurso público no la firmó la técnico de Adif, especialista en vías, que había sido nombrada directora del proyecto.

Se trata de algo inusual, según fuentes de la empresa, ya que el director del contrato es quien suele hacer la valoración técnica. La jefa del proyecto, con más de 15 años en la compañía pública, no firmó la valoración técnica final. Es la única vez en su trayectoria profesional que no suscribía la valoración de un proyecto del que era la máxima responsable, según informaban a este diario fuentes conocedoras de la investigación. Aun así, Adif cerró el asunto en marzo de 2023 concluyendo que no se había acreditado indicio alguno sobre las presuntas irregularidades denunciadas a través del Canal Ético por parte de trabajadores del ente ferroviario.

Irregularidades detectadas por Ineco

En licitación del ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela (Cádiz), los ingenieros de Ineco dan a la oferta técnica de OPR una puntuación de 33,92 frente a los 37,93 puntos que recibió de Adif. Es decir, creen que debió recibir una puntuación un 11,8% inferior a la que le dieron los directivos del ente público que firmaron la evaluación técnica. La oferta técnica presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por OPR y Cotodisa, que obtuvo la mejor puntuación en la licitación, debería haber caído hasta el sexto puesto de las 15 ofertas técnicas presentadas.

La valoración técnica definitiva la firmaron Villanueva y el superior jerárquico de la directora del contrato, y no la técnico a cargo del proyecto, según consta en el expediente público de la licitación. Este último acababa de reincorporarse a un cargo de subdirección después de tres años apartado por su imputación en el caso Regantes. Una causa de presunta corrupción y malversación en las obras de la alta velocidad en Murcia durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Una investigación judicial por la que han sido procesados otros exdirectivos de la empresa pública, entre ellos el exjefe de Infraestructuras de Adif José Luis Martínez Pombo.

Denuncia

La investigación interna se abrió a partir de una denuncia remitida al canal ético de Adif por trabajadores de la empresa pública. Lo hicieron bajo un seudónimo, según pudo comprobar este diario, por temor a represalias. Las pesquisas provocaron que se interrogase al propio Villanueva y a los dos técnicos a los que supuestamente habría dado órdenes para modificar al alza la puntuación otorgada a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) en una de las tres licitaciones en las que se han denunciado presuntas irregularidades a favor de esa compañía.

En la denuncia se aludía a un presunto modus operandi en favor de OPR entre 2019 y principios de 2021. De acuerdo a esta versión, basada en documentos públicos y en una pregunta parlamentaria al Gobierno formulada por el exdiputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero en el Congreso, Villanueva habría dado órdenes para cambiar al alza la valoración técnica efectuada sobre las ofertas de OPR en la licitación de tres expedientes: los accesos al puerto de Sagunto, el «Ramal ferroviario del Bajo de la Cabezuela» y el subtramo Amusco-Osorno. En todos ellos consta la firma del director general de Construcción y Adif-Alta Velocidad.

Según un comunicado emitido por Adif tras el cierre de la investigación interna sobre los contratos a OPR, los dos técnicos involucrados en la licitación del Bajo de la Cabezuela y el director general de Adif Alta Velocidad negaron «categóricamente» los hechos denunciados durante la investigación. No se apreció indicio alguno de falsedad en documento público en ninguno de los contratos, pese a las desviaciones acreditadas por los expertos de Ineco. «Tras el cierre de la investigación y la comprobación de que no existen indicios de actuaciones irregulares por parte de ninguno de los profesionales de Adif y Adif AV citados, las compañías y los empleados mencionados se reservan el derecho a iniciar las acciones legales oportunas para reparar posibles daños y perjuicios», apostilló el ente ferroviario.