Puente burla una directiva de la UE que exige que el Gobierno no interfiera en ADIF y Renfe
Bruselas denunció hace poco más de un año la falta de independencia en los consejos de ambas empresas
El ministro de Transportes, Óscar Puente, junto con el todavía presidente de Renfe. | Europa Press
18 de octubre de 2023. La Comisión Europea decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la falta de independencia entre el gestor de la infraestructura, ADIF, y la empresa estatal ferroviaria, Renfe. Este galimatías irrita a Bruselas porque el Gobierno nombra a los consejos de administración del operador de la red y también de la compañía ferroviaria, por lo que ambos no son completamente independientes.
Poco más de un año después, y en tan solo un cuatrimestre, Transportes ha nombrado a los dos presidentes de ambas compañías a pesar de la denuncia de Bruselas. El ministro Óscar Puente puso al frente de ADIF a Luis Pedro Marco -de la cuota socialista del Gobierno vasco- y, a falta de confirmación oficial, pretende llevar a Renfe a Álvaro Fernández Heredia, hasta ahora secretario general de Movilidad Sostenible en el Ministerio de Transportes. Dos nombramientos que incumplen la naturaleza de la norma en la que está inspirada la Directiva 2012/34 por la que se establece un espacio ferroviario único europeo.
La relación entre Puente y el todavía presidente de Renfe, Raül Blanco, se había enfriado con el paso del tiempo. Él y su equipo estaban centrados en la empresa y habían descuidado su relación con el Ministerio de Transportes. De hecho, las semanas previas al anuncio de su dimisión «forzada» había optimismo por el funcionamiento de la compañía. «Renfe se va a posicionar como la más rentable del sector pese a las pérdidas de 123 millones de euros del año 2023. Estamos cerca del equilibrio presupuestario y no se descarta tener unas cuentas en positivo en el próximo mes de marzo». Pero la lucha interna de Blanco con su número dos, Óscar Gómez, y el deterioro de la relación entre el presidente de Renfe y el ministro supuso su fin al frente de la empresa pública.
Ahora, la expectativa se traslada a cómo será la relación entre el nuevo presidente (con un perfil muy marcado de izquierdas) con el número dos de la compañía, que consiguió línea directa con el ministro, puenteando a su presidente. Según fuentes internas, ADIF prepara una remodelación de su directiva, instada por el propio Ministerio de Transportes. Se espera que Montse Rallo (actual directora general de Planificación, Estrategia y Proyectos y hermana de la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología) aumente su cuota de poder.
Artículos de la directiva
En la Directiva 2012/34 se señala que «con el fin de lograr que el transporte ferroviario sea eficiente y competitivo con otros modos de transporte, los Estados miembros deben asegurar que las empresas ferroviarias tengan un régimen de empresa independiente que actúe con criterios comerciales y se adapte a las necesidades del mercado».
Por otro lado, el artículo 6 de la directiva 2016/2370 (que modifica a la Directiva 2012/34) hace énfasis en que exista una independencia clara entre ADIF y Renfe. «Cuando un administrador de infraestructuras y una empresa ferroviaria sean plenamente independientes entre sí, pero ambos estén controlados directamente por el Estado sin una entidad intermediaria, deben considerarse entidades separadas. No se debe considerar entidad intermediaria a un ministerio de un gobierno que ejerza control simultáneamente sobre una empresa ferroviaria y sobre un administrador de infraestructuras».
Precedentes de la denuncia
Los nombramientos de ADIF y Renfe por parte del Gobierno se han sucedido en España sin importar el signo político del partido que gobernaba. No obstante, hasta ahora ningún ministro de Transportes (Fomento) había tenido un precedente de una denuncia procedente de Bruselas.
Según se recoge en la denuncia de la Comisión Europea, en mayo de 2018 (durante el gobierno del PP) la Comisión envió una carta de emplazamiento, a la que España respondió en enero de 2019 informando a la Comisión de que algunas de las objeciones planteadas se habían resuelto mediante la adopción de nueva legislación, mientras que otras requerían de un trabajo adicional.
La Comisión consideró que España no había garantizado la correcta trasposición de varios artículos de la Directiva y, en consecuencia, envió un dictamen motivado en octubre de 2019. En diciembre de 2022, España notificó a la Comisión que había traspuesto nuevas medidas, pero el análisis de la Comisión concluyó que no se habían abordado todos los puntos señalados.
«No está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de los administradores de infraestructuras y de la empresa ferroviaria correspondiente (Renfe). Teniendo en cuenta la composición del consejo de administración, que es nombrado por el Ministerio de Transportes, el derecho del Ministerio a poner fin al mandato de sus miembros y las normas relativas a la toma de decisiones, cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del consejo de administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes», afirma la denuncia de la Comisión Europea.
