¿Pueden (y quieren) los partidos vencer a la corrupción?

Hay mucho escepticismo sobre la capacidad de la democracia para controlar —y evitar— la corrupción de algunos políticos que dirigen instituciones. Por supuesto que se puede vigilar y sancionar mucho mejor y conseguir así evitar más eficazmente gran parte de la corrupción que se produce. Se trata de tener claro qué valores se aplican en el ejercicio del poder y cómo se concretan en medidas de transparencia y fiscalización.

Semanas judiciales como esta generan una mezcla de optimismo por la acción judicial contra la corrupción y frustración por los plazos tan largos y por conocer el detalle de cómo se han gestionado algunas instituciones.

La lucha contra la corrupción no es un reto político —de un Gobierno o de una oposición—, es un reto democrático. La democracia se basa en la confianza de los ciudadanos. Solo funciona si la gente confía en que la democracia es el mejor sistema de organización de la convivencia.

La mejor forma de consolidar la democracia es que esta sea eficaz. Que resuelva problemas de la gente, que funcionen los servicios públicos, que se garanticen derechos y libertades y que haya prosperidad y oportunidades. Si esto falla, la gente desconfía y la democracia, de una manera o de otra, cae. Y un elemento que afecta de forma definitiva a la confianza y a la eficacia de la democracia es la corrupción. La consecuencia inmediata de la existencia de corrupción es la desconfianza. Los ciudadanos sentimos que pagamos impuestos para que otros nos los roben.

Esto no pasa únicamente en las democracias liberales. La corrupción también genera desconfianza y desgaste en otro tipo de regímenes como dictaduras o democracias iliberales. Por esta razón, países como China, que no es una democracia liberal como la nuestra, ponen mucho interés en que se perciba que el sistema funciona —al menos en términos de prosperidad económica— y también en materia de lucha contra la corrupción. Si hay corrupción, se genera desconfianza y el sistema se debilita. Ya sea una democracia liberal o cualquier otro régimen.

«La corrupción genera desconfianza y frustración. Y es puro alimento para el populismo»

Pero volvamos a las democracias liberales europeas y a la española. La corrupción genera desconfianza y frustración. Y es puro alimento para el populismo, que incentiva, sobre esta desconfianza, que se mire a modelos alternativos de otros países o de otros tiempos pasados: dictaduras, autocracias, democracias iliberales, etc. El discurso populista plantea dejar en un segundo plano los derechos civiles y las libertades individuales a cambio de eficacia y no corrupción. No consentir el planteamiento de esta falsa dicotomía es un reto esencial para quienes pensamos que la democracia liberal es el mejor sistema para la convivencia y la prosperidad. Para las dos cosas. 

¿Cómo se vence a la corrupción?

Primero de todo, tiene que haber un convencimiento ético y moral. El postureo y los eslóganes sin un compromiso profundo detrás no sirven, y son contraproducentes en términos de confianza de la ciudadanía. Mucha palabrería, pero poca coherencia.

La lucha contra la corrupción debe formar parte de los valores que delimitan el ejercicio del poder de un demócrata. No es una frase ni un eslogan. Es una actitud incesante que debe estar interiorizada en cada decisión que se toma. La corrupción no es grave o leve, ni hay mucha o poca. La corrupción define como corrupto a quien la ejerce. Sin graduación, ni excusa, ni atenuantes. Todo corrupto empieza con algo que quizá considera «leve» o incluso justificado. Algo que piensa que puede venir bien al partido o hacer daño al partido contrario. Empiezan así y acaban robando a manos llenas.

No se puede consentir ni un mínimo síntoma de actuación corrupta. Ni un milímetro de corrupción.

«Por encima de la fortaleza, la imagen o la continuidad del gobierno está la denuncia y la lucha contra la corrupción. Siempre»

La lucha contra la corrupción no es un objetivo secundario que ponderar con otros objetivos políticos de un gobierno o un partido. La ausencia de corrupción es una condición necesaria básica para el ejercicio del poder.

En el día a día de la acción política se presentan dilemas éticos complejos con algún elemento de corrupción implicado. Un ejemplo claro es la situación en la que se tiene sospecha de una actitud corrupta, pero la acción de investigarla o denunciarla puede tener como consecuencia la mala imagen del gobierno propio o incluso su caída. No puede existir ni un ápice de duda. Por encima de la fortaleza, la imagen o la continuidad del gobierno está la denuncia y la lucha contra la corrupción. Siempre. La labor de un partido político demócrata no es perpetuarse en el poder. Sino que se apliquen los valores democráticos que defiende su ideario.

Por desgracia, me he encontrado en mi trayectoria política a nivel nacional con compañeros/as —algunos brillantes y serios— que juzgan como negativa una determinada actitud por el hecho de que pueda poner en evidencia actuaciones corruptas o poco democráticas de algún dirigente del gobierno o del partido. En vez de juzgar como negativo y grave que exista esa actuación corrupta o antidemocrática en nuestro gobierno o partido, se acaba juzgando a quien contribuye a que no se produzca esa situación de corrupción. Existe un instinto en muchos cuadros de los partidos políticos a perpetuarse en el poder, incluso aplicando o defendiendo medidas y acciones que representan exactamente lo contrario a aquello para lo que se accedió al poder.

Bajando de las musas al teatro, ¿en qué medida podemos concretar la lucha contra la corrupción? En la práctica existen dos líneas de trabajo que deben ser complementarias: fiscalización y transparencia.

«Es esencial para recuperar confianza ciudadana que la reacción de la justicia sea rápida y contundente»

La fiscalización consiste en otorgar poder real y efectivo a diferentes actores: sistema judicial —que debe ser rápido y contundente—, parlamentos, tribunales de cuentas y otros organismos independientes, etc.

Esta semana estamos viendo un ejemplo claro de fiscalización del poder. Dos exministros y máximos representantes del poder de Gobierno y partidos están siendo sometidos a un proceso judicial por diferentes tipos de corrupción. Una muestra clara de que la democracia y el Estado de derecho funcionan. Es esencial para recuperar confianza ciudadana que la reacción de la justicia sea rápida y contundente.

Otro ángulo importante en materia de fiscalización pasa por analizar cómo los partidos políticos promocionan hasta lo más alto a dirigentes que no se rigen por valores democráticos; o qué responsabilidades se asumen por quienes nombran a corruptos; o qué medios existen de fiscalización dentro de los propios partidos políticos. Los liderazgos sobreprotegidos y las estructuras exageradamente verticales de los partidos no incentivan el control interno, ni que los cuadros de los partidos se hagan preguntas sobre cómo se están haciendo las cosas y por qué. Al contrario, suponen un incentivo a tapar lo que está mal y a proteger al poder, incluso, frente a la democracia.

En segundo lugar, la transparencia consiste en poner a disposición de forma proactiva, ordenada y sistemática toda información de la gestión pública y en atender cualquier requerimiento de información de la oposición política, los órganos de intervención administrativa independiente, entidades de transparencia, medios de comunicación y sociedad civil.

Hay un ejemplo en materia de transparencia fácilmente identificable. Cuando la oposición solicita información sobre la acción de gobierno, los Gobiernos pueden verse tentados de no facilitarla, retrasarla o confundirla. Especialmente si los datos o la información demuestran una mala gestión del Gobierno. Esto se ve mucho en los ayuntamientos, pero también en los parlamentos autonómicos y a nivel nacional.

Nunca debe estar por encima el objetivo de proteger al alcalde o al presidente de turno frente al de actuar con total transparencia y de forma democrática. Siendo alcalde de Soto del Real, tomamos la decisión nada más acceder al Gobierno de digitalizar toda la información y la gestión municipal y de dar las claves de acceso a todos los grupos políticos, incluidos Vox y PP. Todos los concejales de la oposición acceden libremente y a la vez que cualquier miembro del gobierno a toda la contabilidad, facturas, decretos, convenios, registros, etc. Algunos me decían: «Si les das acceso a todo, van a ver si hacemos algo mal». Y yo les contestaba que claro, que eso es lo que quería, que lo vieran, lo denunciaran y avisaran para corregirlo y mejorarlo. Esto se puede hacer mañana mismo en todas las administraciones públicas del país.

Se trata de una actitud en el ejercicio del poder. Tener claros los valores democráticos, que deben estar siempre por encima de cualquier interés particular. No es más importante proteger al presidente o al alcalde que defender la democracia. Nunca lo es.