El tercer sector

¿Cuánto podría durar, en una democracia veterana como la británica o la francesa, un gobierno que llega al poder con una moción de censura defendida por un político que jura eliminar la corrupción, para acabar en la cárcel acusado de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, uso de información privilegiada, falsedad en documento oficial y prevaricación? Calculo que en Reino Unido un par de días desde las primeras sospechas mediáticas, con dimisión del primer ministro incluida. En Francia —donde la justicia es más lenta, aunque no tanto como la española— puede que unos seis meses.

Pues aquí estamos, acercándonos a los ocho años de este Gobierno, con Pedro Sánchez asegurando que se va a presentar a la reelección en 2027. Según el último Eurobarómetro, la población española es la que menos confía en sus políticos. Un 57% de los ciudadanos de nuestro país asegura que el Gobierno central no es transparente en su conducta ni en el uso del dinero público, frente a un 44% de media en el resto de la Unión Europea.

Sin embargo, la población civil española no parece capaz de organizarse como, por ejemplo, la estadounidense contra el segundo mandato de Donald Trump. Decenas de entidades y observatorios civiles, como ACLU y American Oversight, canalizan las acciones legales. De manera más visible, el movimiento No Kings coordina en todo el país una serie de manifestaciones multitudinarias contra la autocracia. Las dos primeras rondas fueron en junio y octubre de 2025, con ramificaciones internacionales esta primavera en países europeos como Alemania, Francia, Italia y Holanda. Una de estas protestas tuvo lugar en España el 28 de marzo de este año, en la Plaza Mayor de Madrid, donde un grupo de personas llevaba pancartas con los lemas «Fuera los tiranos» y «Si votas a un payaso, prepárate para un circo».

Pero el movimiento de la sociedad civil contra Donald Trump no lo protagoniza solo la izquierda estadounidense, sino también sectores muy amplios de la derecha, con organizaciones como The Lincoln Project y Republicans Against Trump logrando reunir a millones de estadounidenses conservadores. Solo en la red social X (Twitter), las cuentas de estos dos movimientos suman casi cuatro millones de seguidores. Estas entidades se financian con dinero particular, la primera batiendo récords al recaudar cerca de 90 millones de dólares en donaciones individuales. Obviamente, también reciben grandes cantidades de dinero privado de empresarios como Gordon Getty, David Geffen, Reid Hoffman y John Pritzker.

En España, el espacio que debería ocupar la sociedad civil es un páramo. Lo que en otros países es el «tercer sector» —a medio camino entre el sector público estatal y el sector privado empresarial— funciona en nuestro país como un apéndice del sistema político: un sindicato vinculado a un partido, una asociación de vecinos que en realidad es la sede local de un partido o una organización sin ánimo de lucro dirigida por el primo de un asesor enchufado que recibe el 80% de la financiación del gobierno local al que supuestamente debe vigilar.

«Los españoles de todas las clases sociales desconfían del individuo, depositando toda su confianza en la familia»

El ciudadano español es suspicaz por naturaleza, pero tiene una fe ciega en el Estado como garante de cualquier servicio del tipo que sea, cosa que hoy es una paradoja aberrante, dada la ausencia casi total de mecanismos institucionales de control de la corrupción política. No es que los españoles sean tontos. Es que están adiestrados para la conformidad. Durante el siglo pasado, las instrucciones sociológicas se impartían en todas las familias españolas: «Nunca destaques ni te metas en líos». Esta resignación —cristiana, dirán algunos— es la pieza maestra del legado franquista. La guionista Ángeles González Sinde lo describió en un artículo titulado con la frase repetida en su familia generación tras generación: No te signifiques. Franco no necesitó ni ambicionó que las masas españolas fueran leales al credo franquista. Le bastó con forjar una población incapaz de actuar colectivamente fuera del ámbito estatal.

El resultado —anacrónico y muy peligroso en la era digital— es una sociedad de una cobardía estremecedora, disfrazada con el traje populachero de la sociabilidad. Los españoles de todas las clases sociales desconfían del individuo, depositando toda su confianza en la familia. Es decir, en la amplia, enrevesada y asfixiante red del parentesco. La persona que va por libre y que actúa sola, aunque luche por unos principios cívicos elevados, es considerada sospechosa. En otros países occidentales, el ciudadano independiente que sabe argumentar su disidencia es un ser valeroso al que hay que apoyar. Aquí es un raro, un listillo o, peor aún, un friki.

En el ámbito político, la ausencia de una sociedad civil genera un vacío democrático en el que pueden darse los dislates políticos que hemos visto en los últimos años. Al no existir una masa pública que exija responsabilidades, los políticos españoles se saben protegidos por un manto de indiferencia social. Durante casi ocho años, España ha tolerado a un Gobierno protagonista de escándalos casi diarios. Hemos tenido líderes que se burlan abiertamente de la separación de poderes. Hemos tenido ministros que tratan el tesoro público como una hucha de barro. Pero a la población española lo que realmente le preocupa es si el jamón del restaurante fusión de su barrio se corta a mano o a máquina y si la caña de su bar preferido tiene la espuma bien tirada.