Caos en las VTC tras siete años del 'decreto Ábalos': hiperregulación y menos oferta

Esta semana se cumplen siete años del ‘decreto Ábalos’, la norma con la que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, delegó en ayuntamientos y comunidades autónomas la legislación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). El Gobierno se inhibió en una guerra en la que asociaciones de taxistas paralizaron calles y ciudades durante varios días en protesta por la arremetida de plataformas de transporte alternativo como Uber, Cabify y Bolt. Aunque no solucionó nada ni medió en el conflicto, simplemente dejó a las administraciones locales la responsabilidad de ordenar el sector.

Fuentes del sector de las VTC, de las plataformas y del propio taxi consultadas por THE OBJECTIVE coinciden en señalar que la norma, que está en vigor desde septiembre de 2018, no ha logrado ninguno de sus objetivos. El decreto buscaba la solución definitiva para ordenar la convivencia, garantizar un equilibrio justo entre sectores y crear mecanismos de seguimiento. Pero nada ha cambiado en siete años

Para el sector fue el comienzo de un caos y un «infierno normativo» en algunas comunidades y ayuntamientos y un vacío legal en otros, lo que lejos de solucionar los problemas que se arrastran durante más de una década, ha estancado e incluso reducido la oferta de vehículos de transportes, ha aumentado los tiempos de espera para los usuarios y ha generado una importante inseguridad jurídica en todos los estamentos.

Desigualdad territorial

Y lo que es peor -indican en el sector- en que el Gobierno se niega a intervenir y rectificar. Estas mismas fuentes consultadas indican que el actual Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, no quiere mover ficha y a unificar criterios argumentando que cualquier responsabilidad (como dice el decreto) es de las autonomías. Una diversidad normativa cuyo último ejemplo se ha visto en Cataluña, donde se impedirá la venta de licencias VTC, se pretende reducirlas de 900 a 300 y se fija un mínimo de conocimiento de catalán para los conductores.

Cabify indica que, de entrada, el ‘decreto Ábalos‘ genera 17 regulaciones distintas (una por cada autonomía), pero además crea un potencial infierno regulatorio de 8.132 normativas, una por cada municipio de España con capacidad de hacer su propia norma. Por ejemplo, se da el caso de que dos ciudades limítrofes de la provincia de Madrid tienen ordenanzas distintas y las VTC solo pueden operar dentro de cada uno de estos ayuntamientos… Y no pueden hacer servicios cruzados entre ellos.

Por otro lado, en palabras de José Manuel Berzal, presidente de Unauto-VTC, se ha producido un desequilibrio normativo «que genera desigualdad territorial y condena a millones de españoles a ser ciudadanos de primera o de segunda según la comunidad en la que vivan». El taxi y la VTC conviven en Madrid y Andalucía; en cambio, en otras regiones como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares se han impuesto «restricciones desproporcionadas» que «han reducido drásticamente la oferta de movilidad y destruido miles de empleos». En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Asturias no hay regulación, lo que impide la entrada de las VTC y las plataformas.

‘Decreto Ábalos’

Fuentes de Uber apuntan a que la fragmentación normativa derivada del ‘decreto Ábalos’ ha tenido un impacto muy negativo para los ciudadanos y ha reducido opciones de movilidad en varias regiones, al tiempo que en otras sí existe un amplio abanico de alternativas de transporte. Mientras que para Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval VTC, esta norma, en lugar de mejorar la movilidad, «ha generado más trabas, más burocracia, menos empleo y menos opciones para los ciudadanos». 

Lo que sí es una realidad es que se ha producido una reducción importante de la oferta, ya que el aumento de licencias ha estado muy por debajo de la demanda y no solo del crecimiento natural de la población, sino ante la llegada de turistas a todas las ciudades de España. En estos momentos, España cuenta con cerca de 63.200 licencias de taxi y 22.700 de VTC, una cifra insuficiente porque, entre otras cosas, las licencias de taxis se mantienen inalterables desde los años 80.

Cuarenta años en los que la población de España ha crecido en más de once millones de personas (hasta 49,3 millones) y los turistas se han duplicado hasta los 85 millones de visitantes anuales. Esto genera escasez de servicio y retrasos en los viajes y en las llegadas no solo en los aeropuertos o estaciones de trenes, zonas turísticas y grandes urbes, sino que también en casi todas las ciudades de mediano tamaño en momentos de gran demanda, como conciertos y eventos deportivos.

Vehículos por habitante

Para el sector, todo parte de la ratio 1:30 (una VTC por cada 30 taxis) que se introdujo en los años 90 para fijar el mercado, defender el valor de las licencias de taxi y protegerse ante creciente descontento de los taxistas. Un criterio que se blindó en el ‘decreto Ábalos’ que trasladó la regulación a las comunidades autónomas. Y pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en junio de 2023 que estas limitaciones no tienen base legítima y que solo se justifican por razones extraordinarias como la gestión del tráfico o el medio ambiente, casi todas las normas locales lo han mantenido.

De esta manera, Madrid y Barcelona no llegan a los tres vehículos por cada mil habitantes; en Valencia son 2,5, en Mallorca es 1,7, incluso en los picos de demanda durante el verano. Por el contrario, Nueva York tiene 12,3 vehículos; Malta 10,3; Londres 10,1; Lisboa 5,7; París 5,5; o Algarve que tiene 4,5 coches (taxis o VTC) por cada mil habitantes.

Más esperas

Esto supone que sea mucho más difícil coger un taxi o una VTC. Y no es solo Madrid y Barcelona donde sus ciudadanos constantemente se quejan de la falta de oferta ante una demanda creciente, sino también en otros lugares como Granada, Sevilla y Valencia donde regularmente se producen largas colas en estaciones y aeropuertos en fines de semana o grandes eventos. Y en zonas marcadamente turísticas las cosas no van mejor. En Baleares se ha denunciado retrasos de una hora y en Tenerife de hasta dos horas para conseguir un taxi. La sensación es que el servicio empeora, algo que se extiende no sólo entre los habitantes de España sino entre turistas que hacen interminables colas para desplazarse por las ciudades españolas.

En medio de todo este panorama, muchos taxistas piden que les dejen convivir con las plataformas como Cabify y Uber. No son las grandes asociaciones que lideraron la guerra del taxi, pero sí pequeños propietarios que se han integrado en estas aplicaciones y que prestan servicio conjunto con las VTC en muchas ciudades de España como Madrid. Es una manera de tener más opciones y optar a más carreras en momentos de pico de demanda.