Direbús impugna la empresa de autobuses de Puente por incumplir la ley de contratación
Solo 11 empresas de las 2.701 dedicadas al transporte por carretera cumplen los requisitos para optar a la licitación
Óscar Puente.
Direbús, la patronal de las pequeñas empresas del sector del autobús, ha cumplido con su promesa y ha presentado un recurso contra la licitación lanzada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente para crear una firma de autobuses. El objetivo de esta corporación es dar servicio a los viajeros de Renfe afectados por los retrasos y problemas en las infraestructuras —meteorología, estado de la red, averías…— durante los próximos diez años (prorrogable por cinco más).
Las pymes del autobús argumentan que la licitación, con un valor de 1.000 millones de euros por 15 años, está hecha a medida de unas pocas empresas del sector —las más grandes—. Este es el motivo principal de la presentación del recurso, en el que se refleja que el concurso no cumple con la ley de Contratación Pública.
«El presente recurso se interpone contra el anuncio y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y documentos que establecen las condiciones que rigen la licitación, correspondientes al contrato de servicio de transporte alternativo por carretera mencionado en el encabezamiento, correspondiendo a ese Tribunal su conocimiento y resolución, de conformidad con lo establecido en la (…) ley de Contratos del Sector Público», refleja el documento, presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La licitación levantó ampollas en gran parte del sector desde el principio, ya que dio por hecho que se había redactado a medida de Alsa y Avanza. Estas dos empresas se reparten un 75% del mercado del autobús, que está pendiente de ser liberalizado desde hace años, si bien se encuentra con un muro en el ministerio.
Entre las exigencias de la licitación, se establece disponer de un mínimo de 500 autobuses o empresas subcontratadas bajo el control de quien opte a la licitación, a la cual se puede acudir también en formato de Unión Temporal de Empresas (UTE), es decir, de la mano de otras corporaciones, formando un consorcio.
Alfonso Taborda, presidente de Direbús, ha asegurado que «el objetivo de un operador estatal, dependiente del Ministerio de Transporte y pagado con impuestos, debe ser construir un modelo inclusivo que refleje la estructura real del sector, donde predominan las pymes, evitando concentrar la actividad en un número muy reducido de operadores que ya de por sí vienen siendo los grandes beneficiados de las subvenciones estatales. Ahora, con esta adjudicación, se autosubvencionarían con una empresa de capital público».
Solo se pueden presentar 11 empresas de un total de 2.700
En el documento del recurso, Direbús asegura haber consultado el registro de empresas de transporte disponible en el portal del Ministerio de Transportes a fin de determinar el número de corporaciones en España que cuentan con la habilitación para llevar a cabo actividades de traslado de viajeros.
En total, la patronal asegura que un total de 2.701 compañías de distinto tamaño cuentan con la correspondiente certificación para hacerlo, pero la licitación planteada por Renfe solo permite cumplir con los requisitos a 11 empresas, una de ellas en modalidad de UTE:
«Consultando el Registro de Empresas y Actividades de Transporte propio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, siendo en total 2.701 las empresas autorizadas para el ejercicio de la actividad del transporte de viajeros por carretera, sobre este escenario solo puede cumplirse por 11 empresas en el mercado español actual (10 a título individual, 1 en unión temporal de empresas)», dice el recurso.
Por último, Direbús manifiesta que se está produciendo de manera artificial un «cierre de mercado» solo por el mero hecho de que se reduzca tanto la posibilidad de concurrencia al concurso por parte de las empresas españolas del autobús.
«Cuando un órgano público convoca y adjudica un contrato de gestión de servicio público mediante concurso, debe respetar los principios de publicidad, libre concurrencia e igualdad de oportunidades, garantizando que el procedimiento no restrinja injustificadamente la participación de empresarios; lo contrario conllevaría la nulidad de los actos administrativos que vulneren estos principios».