Ocho meses después del escándalo de Jésica, Tragsa tiene ya una nueva jefa jurídica
El grupo elimina la dirección encargada del negocio internacional y centrará sus operaciones en España
El presidente de Tragsa, Jesús Casas. | EP
Movimiento interno en el Grupo Tragsa. La compañía pública especializada en servicios de obras, medio ambiente y actuaciones de emergencias aprobó hace unos días el nombramiento de Sara Izquierdo como nueva directora de Asesoría Jurídica tras ocho meses con el puesto vacante en el organigrama, según ha podido saber THE OBJECTIVE. El puesto llevaba sin cubrirse desde mediados del pasado julio, cuando el abogado de Estado, Alberto Fernández Blasco, dejó la empresa tras el escándalo de la contratación de Jésica R., amiga del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El nuevo puesto ha sido dotado con más de 160.000 euros, lo que asegura una elección con libertad de acceso, publicidad, transparencia, igualdad de trato, no discriminación y proporcionalidad. Una decisión con la que la empresa trata de amortiguar la pérdida reputacional sufrida por el grupo, no solo por el controvertido fichaje de Jésica R., sino también por el caso Forestalia y su relación con una de las filiales del grupo, Tragsatec.
Según su red social de LinkedIn, Izquierdo es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y abogada del Estado. Hasta este momento desempeñaba el cargo de secretaria general de la Universidad Nebrija. Con la llegada de la nueva directora de Asesoría Jurídica, el grupo Tragsa trata de lavar su imagen tras aprobar un nuevo organigrama, donde por primera vez habrá dos direcciones encargadas de temas legales. Además, refuerza este cambio con una modificación de su «código ético y de buen gobierno».
La compañía pública espera hacer público este nombramiento en las próximas semanas. Por otro lado, cabe resaltar que el Grupo Tragsa ha aprovechado esta crisis reputacional para suprimir la dirección de operaciones en el exterior, un departamento que monitorizaba todo su negocio internacional. A partir de ahora, la compañía se centrará plenamente en el nivel nacional. Precisamente en España aún tiene un debate abierto sobre si es necesario aceptar todos los encargos que le llegan, porque algunos de ellos han comprometido a la empresa.
Antes de la salida del director de la Asesoría Jurídica, hubo un cese en el seno de la empresa después de que Jésica R. reconociera en el Tribunal Supremo que estaba contratada en la filial de la compañía, pero que no iba a trabajar. A finales de febrero de 2025, la gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsa, Caridad Martín, dimitió de su puesto. Sobre esto, fuentes oficiales de Tragsa aseguraron en su momento a este medio que «en el marco de la investigación, se ha producido la renuncia de esta trabajadora», y que la investigación continuaba y se depurarían «las responsabilidades que en su caso correspondieran».
Unos meses después, a finales de mayo, la gerente cesada fue llamada a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Allí aseguró que se cambiaron los requisitos originales para fichar a la expareja de Ábalos, que nunca recibió instrucciones de sus superiores respecto a la joven y que se siente «una cabeza de turco». La filial de Tragsa, Tragsatec, ofertó en diciembre de 2020 diez puestos de trabajo temporales como administrativo. Al proceso concurrieron 929 personas en cuatro ventanas. Jésica R. entró en la segunda, días después de finalizar su contrato en Ineco, donde permaneció dos años.
Hace unas semanas, este periódico desveló que el puesto de toda la responsabilidad jurídica de Tragsa seguía vacante tras ocho meses de la destitución de Fernández Blasco. La empresa pública aseguró en ese momento a este medio que «había en marcha un proceso de selección abierto en el que varias candidaturas se estaban analizando y que esperaban poder elevar una propuesta de nombramiento al Consejo de Administración en próximas fechas».
El puesto de director de asesoría jurídica y cumplimiento legal de esta empresa pública se ha convertido en una silla eléctrica. Al mencionado Fernández Blasco, que estuvo poco menos de un año, le precedieron los siguientes: María José Santiago, que estuvo cuatro años y cuatro meses (entre julio de 2020 y octubre de 2024), Pablo Fernández (también abogado del Estado) —y que duró apenas un año (llegó a principios de 2019 y se fue a finales)— y, por último, el que más tiempo estuvo (entre febrero de 2013 y enero de 2019), el abogado de Estado Guillermo Martínez de Simón.