El Comité de DDHH de la ONU acepta la denuncia de Puigdemont por violación de sus derechos

El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU ha registrado una demanda presentada por el expresidente catalán Carles Puigdemont en la que denuncia la violación de sus derechos políticos por parte de las autoridades españolas, según una portavoz de Naciones Unidas.

Este mismo Comité instó el pasado viernes al España a adoptar «todas las medidas necesarias para garantizar que el señor Jordi Sànchez i Picanyol puede ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Convenio».

Julia Gronnevet, de Naciones Unidas, confirmó «el registro de esta comunicación» de Puigdemont, sin aportar más detalles por tratarse de un caso «confidencial«, informa AFP. «La próxima etapa del proceso es que el Estado parte (España) tiene seis meses para responder», añadió.

Cinco meses después de huir de la justicia española, Puigdemont fue detenido el domingo en Alemania, donde un juez decidió el lunes su ingreso en prisión provisional hasta que la justicia alemana se pronuncie sobre la euroorden de detención y entrega europeo emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tras procesar a los principales responsables del proceso independentista.

Ben Emmerson, abogado británico del expresidente catalán y especialista de derechos humanos, explicó el 2 de marzo a la prensa que su cliente había llevado su caso ante ese Comité de la ONU con sede en Ginebra.

Se trata de una demanda «contra España por violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos» y del «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» (ICCPR, por sus siglas en inglés), precisó.

Emmerson mantuvo que España habría incumplido varios artículos del ICCPR en el caso de Puigdemont, como el artículo 25 que establece el derecho a ser elegido en elecciones «realizadas por sufragio universal que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores».

El abogado acusó al gobierno de Mariano Rajoy de haber declarado «la guerra política a los derechos políticos democráticos del pueblo catalán en general» y de Puigdemont en particular, por lo que en la demanda se pide a Madrid que demuestre que las acciones tomadas fueron legales, proporcionadas y necesarias en una democracia.

Este comité de la ONU, constituido por 18 expertos independientes, está a cargo de vigilar el respeto del ICCPR.

Puigdemont fue imputado por la justicia española de rebelión, junto a otros 12 líderes separatistas catalanes, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel, a raíz de la fallida declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.