El delito internacional de ecocidio, cada vez más cerca de ser una realidad

La idea de crear un delito internacional de ecocidio que sirva para penalizar la destrucción a gran escala de los ecosistemas va ganando terreno, lo que alienta la esperanza de sus promotores, que aspiran a que gobiernos y empresas paguen por el daño que inflijan al planeta.

Lo más importante: de momento, no existe ninguna definición de «ecocidio» que genere consenso a nivel internacional, aunque se espera que se añada el ecocidio a la lista de delitos perseguidos por la Corte Penal Internacional (CPI), junto con el genocidio, el crimen contra la humanidad y el crimen de guerra. Los activistas –que tienen a los grandes grupos petroleros en el punto de mira– defienden que, si se crea el delito, se pueda procesar a empresas o Estados y no solo a los individuos, algo que contradice las reglas actuales de la CPI.

«Hay un apoyo cada vez más importante hacia quienes reclaman la institución de un crimen de ecocidio», ha explicado Rob White, profesor de Criminología en la Universidad australiana de Hobart. Porque «la gente empieza a darse cuenta de que si no nos tomamos en serio el cambio climático[contexto id=»381816″] y las amenazas contra la biodiversidad, no nos quedará nada, ni para nosotros ni para nuestros hijos ni para nuestros nietos», ha indicado a la AFP.

El concepto no es nuevo y data de los años 1970, de cuando el ejército estadounidense roció bosques y cultivos de Vietnam con millones de litros del herbicida Agente Naranja. Los efectos de aquella acción aún perduran.

Sin embargo, el estatuto de Roma, que dio lugar en 2002 al nacimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) solo incluye los «daños extendidos, duraderos y graves al medio ambiente natural» cuando estos se cometen en el marco de los crímenes de guerra.

Desde entonces, los activistas luchan para que el delito sea aplicable también en tiempos de paz. Y su combate cobró un nuevo impulso desde hace un año, con el apoyo de la líder ecologista Greta Thunberg, del presidente francés, Emmanuel Macron, o del papa Francisco.

A finales de 2019, el sumo pontífice manifestó su deseo de que las conductas «consideradas ecocidas» no «queden impunes», y puso como ejemplos «la contaminación atmosférica masiva, de los recursos terrestres y del agua».

«Utilizamos una definición práctica: daños causados a la naturaleza a gran escala, graves o sistemáticos, y cometidos teniendo conocimiento de los riesgos», ha explicado Jojo Mehta, presidenta de la Fundación Stop Ecocidio, que acaba de establecer un equipo de abogados y jueces internacionales para formular una definición.

Durante la asamblea general de la CPI de diciembre de 2019, las Maldivas y Vanuatu pusieron la cuestión sobre la mesa, invitando a que se barajara esa posibilidad.

«Se sigue trabajando en ello», ha declarado a la AFP Dreli Solomon, diplomático de Vanuatu en Bruselas, satisfecho por el «creciente movimiento social» que está despertando el asunto.

Pero, habida cuenta de la «respuesta terriblemente inadecuada del mundo» al calentamiento global y a la destrucción de la naturaleza, «los dirigentes no pueden seguir ignorando esa idea», ha insistido, subrayando cuánto padecieron sus compatriotas por el paso de ciclones.

Con todo, todavía quedan muchas cuestiones en el aire. ¿Debe aplicarse únicamente a los daños causados conscientemente? Hay diferentes opiniones al respecto.

¿A partir de qué alcance se debe empezar a hablar de ecocidio? «A gran escala», responden los activistas, aludiendo a la deforestación masiva de la Amazonia, el cambio climático, las mareas negras, la pesca industrial, la extracción petrolera y minera o la contaminación atmosférica.

¿A qué nivel se deberían depurar responsabilidades? «El ecocidio no está destinado a castigar a los pequeños: ocurre como con el genocidio, no se persigue a los simples soldados sino a quienes dieron las órdenes», ha insistido Jojo Mehta. Por eso, utilizar ese término para penalizar infracciones de las reglas medioambientales, como prevé hacer el Gobierno francés, «diluye su fuerza enormemente», ha lamentado.

Por otro lado, los activistas prefieren quitarle hierro al asunto de las debilidades de la CPI, criticada por sus tibios resultados y por tener un margen de acción limitado, debido a que algunos grandes países no forman parte de ella, como Estados Unidos.

«Que la institución no funcione bien no significa que no pueda encargarse de un asunto que hoy en día es vital«, ha recalcado la jurista y activista Valérie Cabanes. «Y no porque sea complicado hay que tirar la toalla a la hora de conquistar derechos. De ser así, no habríamos logrado la abolición de la esclavitud ni el voto para las mujeres», ha agregado.

Más allá de hipotéticas futuras condenas, para ella, la creación del delito de ecocidio a nivel mundial tendría «sobre todo una intención disuasiva«. Una «palanca» para forzar a los Estados a actuar presionándolos y «abochornándolos», ha señalado Rob White.

«No queremos poner a este malvado o a aquel otro en el banquillo de los acusados. Queremos cambiar las prácticas«, ha recordado por su parte Jojo Mehta.

«Si eres un genocida loco, no te preocupa lo que la gente piense de ti, pero si eres el presidente de una empresa que comete un ecocidio, tu reputación depende de ello, así como la cotización de tus acciones y el éxito de tu compañía», ha insistido.

Por ello, la presidenta de Stop Ecocidio ha subrayado que ese tipo de delitos deberían tratarse por la vía penal y no por la administrativa, como se hace actualmente en la mayor parte de casos.

«Con procesos en lo civil, las empresas prevén simplemente el presupuesto para pagar las multas o los daños, eso no cambia sus prácticas. Mientras que si su presidente está en peligro, esto crea otro tipo de disuasión», ha destacado Jojo Mehta.